El fiscal general de Brasil pide condenar por golpismo a Bolsonaro
El juicio quedará visto para sentencia la semana próxima. Acusado de encabezar una trama golpista, el expresidente y los otros siete acusados enfrentan penas de hasta 40 años.

Este martes ha arrancado en la Corte Suprema de Brasil la primera sesión de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores. Acusado de encabezar una trama golpista, las cosas no parecen pintar bien para Bolsonaro, de 70 años, en las cinco sesiones programadas antes de dictar sentencia: el magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio, afirmó que los acusados buscaron imponer "una verdadera dictadura" en el país.
"Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura", dijo el juez en su exposición.
El fiscal general, Paulo Gonet, afirmó que "la democracia en Brasil asume su defensa activa frente a un intento de golpe" y hechos "extremadamente graves", explicados en una denuncia que presenta "un panorama espantoso y tenebroso".
Los acusados se enfrentan, según algunas fuentes jurídicas, a penas de hasta 40 años de prisión.
El fiscal general pidió este martes que el expresidente y otros siete acusados sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena.
La Fiscalía General "espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida", dijo Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte, donde se celebra el proceso penal cuya fase final comenzó este martes.
Al respecto, aseguró que todo fue "debidamente constatado" y "ratificado" por muchos de los 52 testigos escuchados por el tribunal durante la fase de instrucción.
Gonet presentó un pormenorizado relato sobre la actividad de lo que calificó como "organización criminal", que tenía el objetivo de "desconocer la voluntad popular" e impedir que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
"Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal", afirmó Gonet, quien agregó que "el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica", que se negaron a respaldar la ruptura democrática.
Según el fiscal, "el grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder".
Asimismo, afirmó que "desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas" y en favor de un "proyecto autoritario de poder" y "con fines de golpe", en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno.
En su relato, citó manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían "incitar a una rebelión popular" frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.
El fiscal responsabilizó a Bolsonaro por las protestas tras las elecciones y por los campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía un golpe para impedir la investidura de Lula.
Sostuvo que, además, la investigación desveló un intercambio de mensajes "constante" entre algunos acusados, todos del entorno más íntimo de Bolsonaro, y los "líderes" de esas protestas, en los que los revoltosos eran animados a "mantenerse firmes y no ceder".
Según Gonet, eso condujo a los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo en Brasilia, exigiendo una "intervención militar" para derrocar al Gobierno elegido en las urnas.
Tras la presentación del fiscal, tendrán la palabra los abogados de los ocho acusados, que dispondrán de una hora cada uno para exponer sus alegatos.
Según las previsiones del tribunal, esa fase concluirá este miércoles y el juicio quedará entonces listo para una sentencia que deberá ser dictada durante tres sesiones que se celebrarán la semana próxima, los días 9, 10 y 12 de septiembre.
Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde principios de agosto, ha alegado problemas de salud y no ha solicitado la autorización que requeriría para asistir a la primera audiencia.
El único acusado presente en esta primera sesión es el general de la reserva Paulo Sergio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Bolsonaro.

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