Laura Fernández, una 'Bukele' para Costa Rica
La autodenominada "candidata de la continuidad" ha prometido trasladar al país tico el enfoque de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.
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Laura Fernández (Puntarenas, 1986), del derechista Partido Pueblo Soberano, será la próxima presidenta de Costa Rica tras arrasar en las elecciones celebradas este domingo 1 de febrero en el país centroamericano. Autoproclamada "liberal en lo económico y conservadora en lo social", Fernández es admiradora declarada del presidente salvadoreño Nayib Bukele y promete seguir la estela del populista Rodrigo Chaves, presidente saliente a quien la Constitución impide la reelección inmediata pero que previsiblemente formará parte del gobierno de su discípula y exministra.
Fernández, de 39 años, obtuvo un 48,3% de los votos en una primera vuelta marcada por la mayor participación electoral de las últimas dos décadas (69,08%). A gran distancia, y con una diferencia de 16 puntos, quedó en segundo lugar el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, candidato del histórico Partido Liberación Nacional (PLN).
La autodenominada "candidata de la continuidad" ha prometido trasladar al país tico el enfoque de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. "Puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades", afirmó durante la campaña prometiendo dar continuidad el discurso punitivista de Rodrigo Chaves.
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Fernández ha prometido concluir el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel impulsada originalmente por su predecesor e inspirada en el CECOT salvadoreño. El proyecto, presentado como la joya de la corona de la militarización impulsada por el gobierno, prevé albergar a unos 5.100 reclusos, lo que supondría un salto significativo en la capacidad penitenciaria de un país cuyo sistema actual fue diseñado para menos de 14.000 internos.
Entre las medidas más controvertidas figura la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas "dominadas por el narcotráfico" y suspender garantías individuales para facilitar detenciones y operativos policiales. "No dudaré en tomar las decisiones que tengamos que tomar. Hemos propuesto el levantamiento de garantías constitucionales", afirmó la dirigente ante sus seguidores. Estas iniciativas, presentadas como respuesta al aumento de la violencia, han sido cuestionadas por organizaciones y sectores políticos que ven en ellas una deriva autoritaria en la que históricamente se ha denominado como "la democracia más estable de América Latina".
El triunfo presidencial de Fernández estuvo acompañado por una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa –un parlamento unicameral de solo 57 escaños– donde el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo 31 diputados –derecha populista–, frente a los 17 de la moderada oposición socialdemócrata del PNL, siete del progresista Frente Amplio y dos representantes de fuerzas minoritarias. La distribución convierte al oficialismo en la bancada más grande desde 1982 y le permite aprobar leyes ordinarias sin depender de la oposición.
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Esta mayoría legislativa allana el camino para impulsar buena parte de su agenda, aunque no alcanza los 38 votos necesarios para reformas constitucionales o cambios profundos en el Poder Judicial –al que el oficialismo responsabiliza del aumento de la violencia–, lo que obligará a Fernández a negociar apoyos adicionales si pretende sacar adelante sus propuestas más ambiciosas.
Crisis de la "única democracia plena" de América Latina
La victoria de Laura Fernández ratifica la crisis de la institucionalidad costarricense y el auge de las políticas punitivistas y de mano dura que han ganado terreno en la región, con el modelo de Nayib Bukele como principal referencia. Primero con Rodrigo Chaves y ahora con su sucesora política, el país ha visto consolidarse un liderazgo de derecha populista construido sobre un discurso antiélites, crítico con los partidos tradicionales y el poder judicial, a los que responsabilizan del aumento de la violencia y del desgaste del sistema político.
Históricamente, Costa Rica se había consolidado como un referente de estabilidad democrática en América Latina: tras la guerra civil de 1948 y la promulgación de la Constitución de 1949, abolió permanentemente el ejército, reforzó un sistema judicial autónomo y mantuvo un modelo de alternancia pacífica entre partidos que le permitió proyectarse internacionalmente como una "democracia sin ejército" y un ejemplo de institucionalidad estable. Sin embargo, ese modelo mostró signos de agotamiento y corrupción desde principios de siglo que la ultraderecha ha sabido capitalizar con discursos polarizantes y antiélite que responsabilizan a los partidos tradicionales y la judicatura como responsables de la situación del país.
A los liderazgos ultraconservadores de Costa Rica y El Salvador se suma la cuestionada victoria electoral de Nasry Asfura en Honduras, candidato de extrema derecha respaldado explícitamente por Donald Trump, cuya proclamación como presidente se produjo pese a las irregularidades denunciadas durante el recuento de actas. El mapa político centroamericano se completa con el autoritarismo en Nicaragua, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo modificaron recientemente la Constitución para consolidar su control del Ejecutivo; y la frágil democracia guatemalteca, donde el progresista Bernardo Arévalo cumple dos años de gobierno con logros limitados frente a la resistencia de las élites tradicionales y una fiscalía señalada por corrupción.
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