El régimen autoritario refuerza la censura cultural en Perú, con la ultraderecha católica y el negacionismo de crímenes de Estado como ejes del Gobierno

La coalición autoritaria que gobierna Perú ha censurado esta semana la obra teatral de un artista gay, la presentación de un libro, y la proyección de filmes sobre el período de violencia 1980-2000, días después del despido arbitrario del historiador que desde 2018 dirigía el Lugar de la Memoria, un centro cultural que reúne las visiones de las víctimas de los 20 años de conflicto armado interno, de las cuales el 75% de los asesinados y desaparecidos pertenecían a pueblos indígenas. Estos hechos son parte de una serie de vetos culturales y versiones negacionistas que han aumentado desde febrero de 2023, tras las masacres contra civiles que protestaban en rechazo al régimen de Dina Boluarte. Desde entonces, el poder político reposa en su vínculo con las fuerzas del orden que, en la represión letal de las protestas de 2002 y 2023, causaron 50 muertos y casi 1.000 heridos en ocho regiones del país.  

Según un recuento elaborado para este reportaje, desde febrero de 2023 hubo al menos 28 actos de censura y hostigamiento relacionados con la cultura, pero son incontables las declaraciones negacionistas de grupos violentos de ultraderecha, congresistas, y miembros del Ejecutivo en las redes sociales, los medios de comunicación, la calle, audiencias judiciales, y eventos del Congreso y el Ejecutivo.

Intolerancia al arte que incomoda

El martes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga -fundador del grupo político de extrema derecha Renovación Popular- repudió el afiche de María Maricón, una obra de artes escénicas programada en el festival Saliendo de la caja, que hace 24 años realiza anualmente la Pontificia Universidad Católica del Perú. La gráfica muestra al actor y director vestido con un velo y una pollera negros, una corona mariana en la cabeza, y desde abajo un hombre le levanta la falda.

“No podemos aguantar majaderías, es una ofensa a nuestros valores: expreso mi repudio a la Universidad Católica, no puede estar avalando blasfemias en contra de la madre de Dios y un pueblo católico. Invoco a la alcaldesa de San Isidro a que ponga orden”, ordenó López Aliaga a una funcionaria de su propio partido durante una actividad pública.

López Aliaga: No podemos aguantar majaderías, es una ofensa a nuestros valores: expreso mi repudio a la Universidad Católica

Un par de horas después, el Ministerio de Cultura informó de que quitaría a María maricón la calificación de espectáculo cultural que había dado días atrás, y la Municipalidad distrital de San Isidro pidió al centro cultural universitario que retire de lugares visibles el afiche y elimine la obra de la programación.

La Universidad Católica se disculpó de inmediato en un comunicado, suspendió el festival teatral -y no solo la obra cuestionada- y anunció “procesos necesarios” para que no se repita la situación. Simultáneamente, un grupo católico ultraconservador llamado Rosario de hombres hizo un plantón afuera del centro cultural para un “desagravio a la madre de dios” y rezaron en español y en latín: el volante que los convocó mostraba unos soldados con armadura, espada y la cruz templaria (de las Cruzadas).

Luego, el miércoles, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció que la trabajadora que había firmado la resolución de calificación cultural ya no estaba más en el puesto.

“No podemos permitir actos vejatorios contra ninguna confesión religiosa”, dijo Valencia en una conferencia de prensa convocada por otros temas con otros ministros. El funcionario destacó a la iglesia católica “como parte de la historia y la cultura peruana” porque en 1532 el sacerdote español Vicente Valverde “estuvo presente en la toma de Cajamarca”, una alusión colonialista sobre el momento en que el conquistador español Francisco Pizarro venció al inca Atahualpa en una emboscada, hecho que inició la destrucción del imperio incaico.

Fabricio Valencia: No podemos permitir actos vejatorios contra ninguna confesión religiosa

“Todo esto es un manto hipócrita, una cortina de humo para esconder esta ofensiva contra lo que significa memoria, derechos humanos, derechos de las mujeres sobre su cuerpo, y ataque a la comunidad LGTB: no vamos a sucumbir a esta ofensiva”, anunció Miguel Rubio, director del grupo de teatro Yuyachkani, creado hace 53 años. Dicho colectivo es uno de los más importantes del país y su repertorio incluye obras sobre la complejidad del período de la violencia en Perú.

“¿Por qué estos señores que rezan en latín no hacen una vigilia en el Ministerio de Educación para denunciar la sistemática violacion de niñas y niños en colegios de la Amazonía, hechos justificados por el actual ministro?”, cuestionó Rubio. Al curtido director le sorprendió la reacción de la universidad “que deja sin piso a sus estudiantes”.

El afiche no es la obra

El actor y creador de la obra es Gabriel Cárdenas Luna, de 23 años: regresado de la carrera de artes escénicas, quien explicó al medio La Mula que la puesta en escena representa su experiencia como católico que ha sido discriminado por ser homosexual. “Nunca traté de faltar el respeto a las vírgenes, las santas son un recurso escénico para que yo pueda contar mi historia. Pero la gente ha tergiversado toda la historia de la obra por un afiche”, lamentó.

“¿Por qué hago una obra sobre la religión católica? Porque fui formado 14 años bajo sus normas machistas y opresoras. ¡Qué 14 años, 23 años! Porque mi papá tenía los mismos pensamientos, pero gracias a Dios recapacitó. Es más, los mismos católicos me decían que no podía ser católico porque tenía comentarios distintos y no podía haber un gay en la parroquia”, comentó en Instagram.

Gabriel Cárdenas Luna: Fui formado 14 años bajo sus normas machistas y opresoras

También relató que un día, en confesión, un sacerdote le preguntó detalles sobre la masturbación, que no respondió. “No soy un equis que habla de la religión, he sido bien creyente hasta ingresar a la universidad, hasta quería ser sacerdote”, agregó Cárdenas, quien también es productor escénico y bailarín de folclore peruano.

El joven director aclaró que su obra no critica a la religión y rechazó el discurso de odio en su contra. “Uso a las vírgenes y santas de las cuales he sido o soy devoto, y les tengo gran cariño y admiración para que me sostengan escénicamente como homosexual en una Lima machista donde me han discriminado varias veces”, detalla.

Instrumentación del Ministerio de Cultura

Boluarte ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía y el Ejército desde que asumió como presidenta el 7 de diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien dio un fallido autogolpe de Estado. Además, los fiscales generales han presentado al Congreso, en 2023 y 2024, denuncias constitucionales contra la gobernante no solo por las ejecuciones extrajudiciales y lesiones graves perpetradas por las fuerzas del orden, sino también por corrupción. Su aprobación en las encuestas no pasa de 5% y, para el 62% de los peruanos fue el personaje más negativo en 2024, de acuerdo a un sondeo de Ipsos Perú.

Boluarte asumió como presidenta por un pacto con el fujimorista Fuerza Popular y los aliados de derecha y ultraderecha que respaldaron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral de 2021. Esas fuerzas políticas -y la izquierda populista del prófugo Vladimir Cerrón- dominan el Congreso e instancias como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, y la Junta Nacional de Justicia.

La coalición autoritaria defiende a las fuerzas del orden que han cometido recientemente crímenes de lesa humanidad, pero también a los militares y policías que perpetraron delitos en el período 1980-2000, cuando Perú luchaba contra dos grupos terroristas. Boluarte y los políticos de Fuerza Popular y Renovación Popular son los principales defensores de los agentes, así hayan matado con sus armas de reglamento a transeúntes o menores de edad que no participaban en hechos de violencia.

Desde febrero de 2023, el régimen ha atacado el espacio cívico-cultural para neutralizar la denuncia de violación de derechos humanos en carnavales, caricaturas, exposiciones de arte, premiaciones de humoristas, y para ello se ha servido, entre otras instancias, del Ministerio de Cultura, la policía y la Defensoría del Pueblo.

Entre junio y octubre de 2024, fue viceministra de cultura una abogada fujimorista que en la campaña electoral 2020-2021 fue secretaria técnica del plan de gobierno de Keiko Fujimori; ahora es viceministra de desarrollo agrario.

Varios altos funcionarios de ese ministerio han sido colocados recientemente por Alianza para el Progreso, otro de los grupos políticos de la coalición autoritaria.

La disputa de la memoria

La politóloga Carmen Ilizarbe destaca que el Lugar de la Memoria (LUM) ha sido objeto de disputa política incluso desde antes de su creación, cuando el entonces presidente Alan García se oponía a la entidad, debido a que algunas de las peores masacres cometidas por los militares ocurrieron durante su primer Gobierno (1985-1990).

“Hay una larga historia de jaloneo político por parte de los grupos involucrados en el conflicto: partidos políticos, militares y los sectores que no quieren reconocer los crímenes de Estado. La disputa es para alterar lo que el LUM cuenta e implantar censura que busca imponer relatos negacionistas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por varios gobiernos”, refiere la investigadora y docente, miembro del Grupo Interdisciplinario de Memoria y Democracia de la Universidad Católica.

Según Ilizarbe, el despido arbitrario de Manuel Burga como director de la entidad es producto de la batalla más reciente. Ese día, un grupo violento de ultraderecha formado en 2019 se atribuyó el logro.

“Este es un Gobierno de transición autoritaria y de mano dura que desconoce derechos constitucionales, no admite la discrepancia y no tiene apoyo popular, vive de imponerse a la fuerza. Sin embargo, la memoria de lo ocurrido no depende solo de la versión de las instituciones estatales, la sociedad siempre las rebalsa”, describe Ilizarbe.

Ilizarbe: Este es un Gobierno de transición autoritaria y de mano dura que desconoce derechos constitucionales

El Lugar de la Memoria programó para el miércoles 16 de enero la presentación de un libro de la antropóloga Natali Durand sobre un pueblo indigena amazónico que fue avasallado por el grupo terrorista Sendero Luminoso en los años de la violencia:, su investigación doctoral matiza la versión oficial de lo ocurrido. Horas antes le notificaron que “por fallas del equipo de sonido” cancelaban la actividad.

El jueves 17 de enero iniciaba un ciclo de proyecciones de importantes filmes de ficción sobre el período 1980-2000, el primero, La teta asustada de la directora Claudia Llosa. Pocas horas antes de la proyección, a la junta directiva de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica le dieron un pretexto similar: que por razones técnicas suspendían el ciclo de cine al aire libre.

El Ministerio de Cultura y el nuevo director encargado del LUM fueron consultados para este reportaje pero no respondieron.

El negacionismo y la fuerza

“El tipo de reacción de algunos actores culturales frente a la prepotencia del Gobierno, da una pista sobre cómo se pueden vivir los autoritarismos en el siglo XXI. Escritores, periodistas, creadores y activistas se sobresaltan cada cierto tiempo, caso por caso. Una censura por acá, otra por allá; una institución desnaturalizada, otra copada; una obra destruida, una artista enjuiciada. Casos inconexos que generan indignaciones inconexas. Cuando algo así sucede, se pide el respeto a las normas y derechos, justamente algo que un régimen autoritario no toma en cuenta al ejercer el poder”, reflexiona el historiador José Carlos Aguero, investigador de memoria y violencia política.

Para Aguero, sostener esta permanente “sorpresa” evita una crítica más integral, “y hace más difícil la solidaridad, porque finalmente, cada quién o cada sector espera resolver lo suyo y tirar para adelante. La verdad quizá sea un poco más difícil de afrontar. Finalmente, ¿qué tipo de programa cultural se espera de un Gobierno cuyo lenguaje es la fuerza, y que basa su pervivencia en la trampa y la vigilancia de todas las libertades, no solo las artísticas?

Consultada Durand luego de la censura, planteó su esperanza en la inconformidad. “Es el momento para alzar la voz contra la censura y contra las narrativas que nos quieren imponer. Espero que se señale lo que hacen las autoridades que cada vez se sienten más impunes para censurar los temas que les resultan incómodos” refirió.