ROMA.- Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe, publicado este jueves, que las autoridades italianas están violando los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en los centros de identificación, bajo la presión de la Unión Europea (UE).

La organización sostiene que "la presión de la UE sobre Italia" para endurecer sus controles en la gestión del drama migratorio "ha desembocado en expulsiones ilegales y malos tratos que en algunos casos pueden ser considerados tortura".

"Bajo la presión de los gobiernos e instituciones de la UE, Italia ha introducido prácticas coercitivas para obtener huellas dactilares"

AI denuncia que estas violaciones se llevan a cabo en los centros de identificación, defendidos por la UE como esenciales para controlar y registrar a todas las personas que llegan a Europa a través de países como Italia, y procesar sus solicitudes de asilo o determinar su repatriación a sus países de origen.

Sin embargo, el informe, realizado a partir de "más 170 entrevistas a inmigrantes y refugiados", pone de manifiesto "cómo la concepción de los centros de identificación (...) no solo socava su derecho a solicitar asilo, sino que también propicia que se cometan abusos terribles".

"Si bien el comportamiento de la mayoría de los policías sigue siendo profesional y la gran mayoría de las huellas dactilares tiene lugar sin incidentes", matiza AI, "las conclusiones de este informe plantean serias preocupaciones y destacan la necesidad de una revisión independiente de las prácticas actuales".

La organización recuerda que en estos centros, recomendados por la Comisión Europea en 2015, Italia tiene que tomar las huellas a todos los que llegan a sus costas y muchas de estas personas son reticentes a dejarse identificar.

"Aquellos que quieren solicitar asilo en otros países europeos -quizás porque tienen parientes allí- tienen un gran interés en evitar que las autoridades italianas tomen sus huellas dactilares para no correr el riesgo de ser devueltos a Italia bajo el llamado sistema de Dublín de la UE", explica AI.

En estos casos, asegura, las autoridades italianas ejecutan diversas acciones para conseguir la información y por ello, "golpes, descargas eléctricas y humillación sexual están entre las numerosas denuncias de abuso documentadas en los centros de identificación de Italia".

"Bajo la presión de los gobiernos e instituciones de la UE, Italia ha introducido prácticas coercitivas para obtener huellas dactilares", subraya.

"AI ha recibido informes coherentes que demuestran que se han practicado detenciones arbitrarias, intimidación y excesiva fuerza física para coaccionar a los hombres, mujeres e incluso niños recién llegados", agrega.

El estudio recoge los testimonios de algunas personas que han referido a AI los "malos tratos" recibidos en estas instalaciones y cita, por ejemplo, a "una mujer de 25 años de Eritrea" que describió "cómo fue abofeteada repetidamente en la cara por un policía hasta que se dejó tomar las huellas dactilares".

En otros casos, refiere AI, "los refugiados y los inmigrantes también aseguraron haber recibido descargas eléctricas con porras", como "un niño de 16 años de Darfur" que relató que "recibió descargas eléctricas en las piernas".

"Otro niño de 16 años y un hombre de 27 años afirmaron que la policía los humilló sexualmente y les infligió dolor a sus genitales", expone AI.

Estos centros, dice AI, debían servir para "reducir la presión sobre los estados que reciben inmigrantes y refugiados, como Italia", a través de la "recolocación de los solicitantes de asilo a otros estados miembros de la UE".

Sin embargo, prosigue, esto no ha sido así: "1.200 personas han sido reubicadas desde Italia hasta ahora, de las 40.000 que se habían prometido, mientras que más de 150.000 personas han llegado a Italia por mar este año".

AI reconoce que Italia "está liderando los esfuerzos para rescatar a las personas en el Mediterráneo", pero al mismo tiempo lamenta que, coaccionada por la UE, está aumentando el número de expulsiones de inmigrantes a sus países de origen.

"En su determinación por reducir el flujo de refugiados e inmigrantes hacia otros estados miembros, los líderes de la UE han llevado a las autoridades italianas hasta los límites -y más allá- de lo legal", ha dicho Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional en Italia.

"Las naciones europeas pueden ser capaces de expulsar a la gente de su territorio, pero no pueden eludir sus obligaciones bajo el derecho internacional. Las autoridades italianas deben poner fin a las violaciones y garantizar que las personas no sean devueltas a países donde corren el riesgo de ser perseguidas o torturadas", concluyó.