La Fiscalía de la CPI afirma que Duterte estuvo en el "corazón" de un ataque generalizado y sistemático contra la población en Filipinas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estimado este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte estuvo en el centro de un "plan común" para "neutralizar" delincuentes vinculados con las drogas mediante asesinatos.

Entiende que el exmandatario ejerció un control efectivo sobre los autores de los crímenes que se le imputan y es "penalmente responsable" de tres cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con su política antidrogas. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang ha asegurado que existen "motivos fundados" para creer que Duterte formó parte de un plan que supone un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil en Filipinas.

"El señor Duterte tenía la máxima influencia y autoridad sobre los perpetradores físicos de los crímenes", ha agregado el fiscal, en referencia a la Policía Local, la Nacional y las Fuerzas Armadas.

El expresidente no ha estado presente en la sala, pues la CPI ha autorizado que no comparezca presencialmente tras alegar problemas de salud. Entre las acusaciones se examinan los asesinatos extrajudiciales de unas 6.000 personas, según cifras oficiales filipinas, aunque organizaciones de derechos humanos elevan el balance hasta 30.000 víctimas.

El "escuadrón de la muerte de Davao"

La Fiscalía sostiene que Duterte, de 80 años, creó y supervisó el llamado "escuadrón de la muerte de Davao". Según la acusación, es allí donde cometió los crímenes entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 cuando era alcalde de la ciudad. Después, lo hizo en todo el país tras alcanzar la presidencia el 30 de junio de 2016 con su campaña conocida como "Double Barrel" (Doble Cañón), en el marco de su llamada "guerra contra las drogas".

La Fiscalía argumenta que Duterte realizó "contribuciones esenciales" a los crímenes como autorizar y promover públicamente los asesinatos, proporcionar recursos logísticos y protección a los ejecutores, ofrecer incentivos económicos y garantizarles impunidad. Muchos recibían un salario regular y pagos "por cabeza", es decir, dinero por cada persona asesinada.

La defensa del expresidente lo niega

El respaldo jurídico de Duterte ha negado que existiera una política estatal de asesinatos en Filipinas. Ha pedido a los jueces no confirmar los cargos por crímenes atroces contra la humanidad.

Su defensa, encabezada por el abogado israelí Nicholas Kaufman, ha afirmado que el tribunal debe decidir "sobre la base de pruebas" y no de "retórica política" y ha acusado a la Fiscalía de presentar los discursos de Duterte de forma selectiva para sostener su teoría de incitación al asesinato.