"Autoridad judicial". Nunca dos palabras marcaron de manera tan determinante el destino de un hombre. Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ha perdido hoy su recurso de apelación en la Corte Suprema de Reino Unido, precisamente, por la interpretación de estas palabras.

Buena parte de la sentencia judicial se basa en la Ley de Extradición de 2003, que determina que sólo una "autoridad judicial" puede emitir una Euro Orden de Arresto -como la que permite la extradición de Assange a Suecia-; y en la Decisión marco europea del 13 de junio de 2002 relativa a las Euro Órdenes, cuyo artículo 6 viene a dejar en manos de los Estados miembro determinar quién es y quién no autoridad judicial.

La defensa de Assange alegaba que esta autoridad ha de ser imparcial e independiente de las dos partes -acusación y defensa-, desautorizando así a la fiscalía sueca. Sin embargo, el texto de la Corte subraya que 11 estados consideran a los fiscales públicos autoridades judiciales competentes para emitir este tipo de Euro Órdenes.

Así las cosas, la sentencia recurre al significado natural de la expresión según el Diccionario de Oxford que, tal y como precisa, no incluiría a la acusación de Assange en este significado. Sin embargo, el texto del veredicto precisa que el borrador francés de la Decisión marco fue elaborado antes que el inglés, por lo que el significado real de la expresión debe interpretarse del francés autorité judiciare, que amplía el significado más allá de un juez.

Reforzando este argumento, la sentencia sostiene que "la eliminación de una definición precisa de la autoridad judicial [en la Decisión marco] tuvo la intención de dejar un 'sentido vago' de la frase con objeto de acomodarla a una gama más amplia de autoridades".

Si polémico ha resultado este juego de palabras e idiomas, más aún lo ha sido para la defensa de Assange la utilización -y, de nuevo, su interpretación- de la Convención de Viena en materia de tratados en la sentencia, que tal y como denuncia el principal abogado del australiano, Gareth Peirce, jamás se mencionó durante la audiencia de dos días del pasado mes de febrero.

Esto ha servido de argumento para que Dinah Rose, abogada de Assange, solicitara 14 días al juez para considerar si solicitan la reapertura del caso apoyándose en la incorporación de este material nuevo. Sorprendentemente -entre los tres años de historia de la Corte nunca se había dado el caso- el juez ha aceptado.

La extradición de Assange, en todo caso, nunca se produciría antes del próximo 13 de junio.