Un examen de italiano como requisito previo para poder optar al permiso de residencia. Es la medida patrocinada por el ministro de Interior, Roberto Maroni, y la ministra de Educación Mariaestella Gelmini, que empezó a aplicar el Gobierno de Silvio Berlusconi el pasado jueves y que supone una nueva piedra en el camino de los extranjeros sin papeles que viven en el país.

La norma afecta a todos los extracomunitarios mayores de 14 años, que tendrán que demostrar el dominio del idioma acertando al menos el 80% de las preguntas que se les presenten. Para aquellos que opten a la renovación del permiso deberán presentar un certificado oficial de que conocen la lengua. En caso de que no lo tengan, están obligados a rellenar un formulario en Internet y los ayuntamientos tramitarán las solicitudes para organizar las pruebas.

El opositor Partido Democrático exige que el Estado pague cursos gratuitos

En la teoría, todo está presentado como un bonito ejercicio de integración lingüística, pero en la práctica plantea bastantes problemas. Por una parte, se discute que la mayor parte de estos inmigrantes en situación irregular tengan acceso regular a Internet. Por otra, el certificado oficial que se les pide a los que quieran renovarlo, cuesta la módica cifra de 200 euros.

En paralelo al decreto ley de Maroni y Gelmini han comenzado a aparecer iniciativas alternativas. Algunas universidades ya han comenzado a impartir cursos gratuitos para los extranjeros que tengan que hacer el examen. Además, el Partido Democrático (PD) presentó una campaña para convertir en ley el acceso de los inmigrantes a cursos de lengua gratuitos financiados por el Estado.

Algunos centros universitarios ofrecen clases sin coste a extranjeros

Para el responsable del Foro de Inmigración del PD, Khalid Chaouki, "se trata de una filosofía distinta a la del Gobierno actual, para el que el inmigrante es el que no quiere aprender la lengua y por eso el Estado se la impone".