El cisma en la derecha italiana se consumó ayer, después de que el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, rompiera definitivamente su alianza con Gianfranco Fini, cofundador de su partido, Pueblo de la Libertad (PdL), y presidente del Parlamento. Tras una reunión del comité del PdL, Berlusconi retiró su confianza y su apoyo a Fini y le invitó a abandonar su cargo.

Berlusconi ha puesto a Fini fuera del grupo, al considerar que su postura es incompatible con los principios de la formación. El primer ministro italiano dijo que ya no confía en él y que no está dispuesto a aguantar "un partido dentro del partido". 

Los seguidores de Fini, conocidos como "finianos", han anunciado su disposición para formar un grupo parlamentario propio. Dicen contar con 35 diputados y 15 senadores. Esta escisión podría provocar una crisis de Gobierno y privará a Berlusconi de la comodidad de su mayoría absoluta.

El divorcio entre los dos líderes podría llevar a una grave crisis de Gobierno

Fini trató de reconciliarse sin éxito con Berlusconi, tal y como expresó recientemente en una entrevista concedida al diario Il Foglio, en la que mostró su deseo de llegar a un acuerdo con Il Cavaliere para poner fin a su cada vez más cáustica rivalidad. "Recomencemos con todo, sin resentimiento", propuso Fini.

La prensa italiana, sin embargo, informó el miércoles de que Berlusconi, tras una reunión con la cúpula de su partido, había decidido que la oferta de Fini había llegado demasiado tarde.

La tensión interna en el PdL ha ido in crescendo en los últimos meses, con Fini haciendo presión en todas las decisiones gubernamentales que no compartía, entre ellas la llamada "ley mordaza", medida destinada a limitar el uso y difusión de las escuchas telefónicas en investigaciones oficiales. Ante la indignación de los medios de comunicación y la disensión en sus propias filas, el Ejecutivo presentó el pasado 20 de julio una enmienda a esta ley que permitía la publicación de las escuchas consideradas "relevantes", algo que suavizaba en parte el contenido restrictivo del polémico texto.

'Il Cavaliere' debe negociar para evitar la celebración de comicios anticipados

Fini había reprobado asimismo el uso reiterado de mociones de confianza y de decretos leyes por parte del Gobierno para aprobar normas y acortar así los trámites parlamentarios. También había expresado sus dudas sobre las intenciones reales del Gobierno italiano en la lucha contra la mafia.

Además, los medios italianos aseguran que Fini presionó para que se produjeran las últimas dimisiones en el entorno de Berlusconi (dos ministros y un subsecretario de Economía) por varios escándalos.

Fini también pedía la dimisión del actual coordinador nacional del PdL, Denis Verdini, investigado por su supuesta implicación en la trama que pretendía influir en los magistrados italianos con el fin de conseguir favores para el Ejecutivo.

Berlusconi, por su parte, reprochó a Fini falta de lealtad y le acusó de hacer una oposición interna destructiva durante una reunión de la dirección nacional del partido celebrada el pasado 22 de abril. Berlusconi, en un acalorado enfrentamiento, le invitó a dimitir de su cargo como presidente de la Cámara de los Diputados si quería seguir haciendo política. Fini, sentado en primera fila, se levantó y a gritos le preguntó: "¿Qué haces, me echas?".

El divorcio en el seno del PdL, y por ende en el Gobierno, podría conducir a la convocatoria de elecciones anticipadas en el país transalpino, aunque esta posibilidad quedaría descartada si Berlusconi se asegura el apoyo en el Parlamento de algunos partidos de centro.

También cabe la posibilidad de que el presidente Giorgio Napolitano nombre un Gobierno interino hasta las próximas elecciones, previstas en 2013.

Por otra parte, el Parlamento italiano aprobó ayer de modo definitivo el plan de ajuste presupuestario de unos 25.100 millones de euros del Gobierno de Berlusconi, que cuenta con la lucha contra la evasión fiscal y la reducción del gasto de la administración pública como principales bazas.

Este plan, aprobado el pasado 15 de julio por el Senado, superó ayer una cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, y pasó el examen de la Cámara Baja con 321 votos a favor, 270 en contra y cuatro abstenciones.