SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA).- La Constitución boliviana es joven: nació después de tres años de gestación, una etapa de la historia reciente del país conocida como proceso constituyente, y fue aprobada también en referéndum en 2009. Fue entonces cuando nació el Estado Plurinacional. Entonces Evo Morales ya era presidente de Bolivia y Álvaro García Linera el vicepresidente, ambos por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Unos meses después de la aprobación de la Carta Magna hubo elecciones y el MAS volvió a ganarlas; lo mismo sucedió en 2014. Ésa fue su única reelección posible, si no se modifica en un referéndum ciudadano este domingo el artículo 168 de la Constitución, que es el que lo establece.

Que la actual gestión no fuese la última de Morales es un tema del que sectores afines al MAS y el propio mandatario han hablado alguna vez, pero no fue hasta septiembre de 2015 cuando la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) propuso formalmente la modificación del artículo 168 de la Carta Magna. Este organismo está compuesto por organizaciones sociales e instituciones afines al partido gobernante. Sin embargo, Morales y Linera indican que esta no es una petición propia, sino que es el pueblo el que solicita que sigan al mando del país. “Si se me pregunta hasta cuándo [gobernaré], eso depende de los movimientos sociales, no de Evo Morales”, declaró unos días después de que el Conalcam presentara su propuesta.

El "sí" ha encabezado las encuestas hasta que en la última, publicada el 11 de febrero, apareció un empate en la intención de voto: el 40% de los encuestados se declararon a favor de la reforma mientras que otro 40% rechazaría la modificación. La clave está en el 11% de los declarados indecisos. Por regiones, el “no” vencería en cinco de los nueve departamentos del país, entre ellos Potosí, un feudo tradicional del MAS que Morales ha ido perdiendo, especialmente después de que en julio del año pasado buena parte de la sociedad potosina se movilizara para exigir el cumplimiento de varias promesas presidenciales, como la construcción de un aeropuerto y de una fábrica de cemento. Sobre estos pedidos, Evo llegó a decir: "Sus demandas me causan risa, nuestros programas [los gubernamentales] son mucho más avanzados”.

Esos programas se basan en dos documentos: el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda

Patriótica 2025, año tope para hacer de Bolivia un Estado con soberanía alimentaria, científica y ambiental, sin pobreza extrema y con mar de nuevo, entre otros objetivos. Para poder cumplir con esta agenda es necesario que el resultado del referéndum sea el "sí", ha declarado el presidente.

La estabilidad política, aunque con altibajos, es una de las grandes victorias de Morales: es el presidente que más tiempo ha estado en el cargo desde la independencia de Bolivia de la Colonia. La historia política boliviana se caracteriza por los cambios constantes de mandatario y los golpes militares, y el mandatario indígena lleva una década en el Palacio Quemado.

La disminución de la pobreza es un gran logro de este período: se redujo en un 32% entre 2000 y 2012, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2014. Ha sido el país con la mayor reducción de pobreza de Sudamérica.

La disminución de la pobreza es un gran logro de este período: se redujo en un 32% entre 2000 y 2012

El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita también es un éxito de este Gobierno: en 2005 era de 1.000 dólares; ahora es de 3.119 dólares. Además, el salario mínimo ha ido incrementándose paulatinamente desde que Evo asumió el cargo, cuando estaba estipulado en 500 bolivianos. Actualmente el suelo base son 1.616 bolivianos (211 euros).

La creación de la Agencia Boliviana Espacial y el lanzamiento de un satélite de telecomunicaciones, el Túpac Katari en 2013, es otro punto en la lista de logros de Morales. Ha costado 300 millones de dólares, cuyo 15% lo ha financiado el Estado y el 85% restante, un crédito del Banco de Desarrollo de China.

La recuperación de los recursos naturales mediante la nacionalización de los hidrocarburos es otra de las banderas de la gestión del MAS. “Los resultados de esa valiente decisión del 1 de mayo de 2006 están a la vista”, dijo García Linera el pasado 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. “Bolivia ha renacido. Lo alcanzado en 180 años de crecimiento y acumulación económica, nosotros lo hemos alcanzado y superado en cuatro veces en tan sólo diez años”, dijo.

Y, por supuesto, la inclusión de los pueblos indígenas en cargos gubernamentales y en instituciones públicas. Además, los funcionarios y profesores de escuelas públicas y privadas deben hablar la lengua originaria que se hable en la zona en la que trabajen, aunque el propio Morales no habla aymara, el idioma local de la tierra en la que se crió.

La Justicia sigue siendo uno de los pilares del Estado que falla en Bolivia. Y no sólo es una percepción ciudadana o un argumento de la oposición; el propio vicepresidente lo ha reconocido públicamente: “Uno de los lugares de mayor corrupción y que apesta es la Justicia. Nos da vergüenza, no estamos contentos con ello y nos comprometemos en 2016 a sacar de cuajo este cáncer y no permitir que se irradie al resto del Estado”.

Corrupción es la palabra clave para hablar de otro de los puntos débiles de la gestión de Evo. Ha sido una de las consignas más coreadas durante el período de campaña, especialmente después de que el periodista Carlos Valverde acusara al presidente de tráfico de influencias y de haber colocado, supuestamente, a su expareja, la abogada Gabriela Zapata, como gerente de la empresa chica CAMC. El Estado tiene varios proyectos de alto costo económico en marcha con esta trasnacional. El hecho está por demostrar pero ha calado hondo en la opinión pública, quizás porque hace un año se destapó un gran caso de corrupción del que, aún hoy, no se ha juzgado a cargos cercanos al Gobierno, como una exministra de Justicia o integrantes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, uno de los grupos que fundó el MAS. Es el caso del Fondo Indígena, que destinaba fondos para el desarrollo de zonas rurales: 71 millones de dólares para 153 proyectos que no llegaron a ejecutarse o que quedaron inconclusos.

Se ha secado el segundo lago más grande del país, el Poopó; es una pérdida que va más allá de a nivel ambiental

La defensa de la Pachamama o madre naturaleza es otro de los principios de Morales. Sin embargo, se ha secado el segundo lago más grande del país, el Poopó. Es una pérdida que va más allá de a nivel ambiental: el pueblo originario uru, que tradicionalmente ha vivido de la pesca, ha tenido que abandonar sus comunidades para ir a otros lugares a trabajar de lo que encuentren. En 2013 hicieron una marcha a la ciudad de La Paz para denunciar la situación en la que se encontraba el lago, muy contaminado por la actividad minera en la zona, pero no hubo acción alguna desde el Estado.

Otro caso de pueblos indígenas y medioambiente es el del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en el noreste el país. El Gobierno tiene la intención de construir una carretera que atravesará este parque, sin consultar a los pueblos que viven en él, como indican las leyes. En 2011 los indígenas hicieron una marcha que fue reprimida por las fuerzas de seguridad. La forma de actuar de la Policía fue cuestionado por la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo y por organismos internacionales como Amnistía Internacional. La justicia todavía no ha resuelto este caso.

El miércoles fue el último día para hacer campaña, que quedó manchada de sangre: por la mañana, una manifestación de madres y padres de alumnos en El Alto terminó con el incendio y asalto de la Alcaldía alteña, gobernada por Unidad Nacional, un partido opositor al MAS, en el que murieron por asfixia seis funcionarios municipales. El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elio, afirmó que lo sucedido en esta ciudad fue un autoatentado. La sociedad alteña y numerosos usuarios de Facebook y Twitter han pedido la dimisión de este político.

El viernes a medianoche comenzó la ley seca y el domingo, día del referéndum, el país se paralizará: el transporte público y privado estará prohibido salvo con algunas excepciones, por lo que nadie podrá moverse más que a pie dentro de las ciudades y no será posible ir de una población a otra. Incluso dejarán de despegar y de aterrizar aviones durante toda la jornada. Estas son las normas cada vez que la ciudadanía es llamada a las urnas en Bolivia, donde el derecho a votar siempre ha sido, también, una obligación. Al ciudadano que no cumple se le multa y, durante tres meses, no puede realizar trámites bancarios, acceder a cargos públicos o solicitar el pasaporte.