Este artículo se publicó hace 2 años.
Bolsonaro, Lula y Argentina: el espejo de Brasil
Los ciclos políticos y económicos de Argentina y Brasil han tenido una notable correlación desde mediados del siglo pasado.
Alfredo Zalat (Página 12)
Madrid-Actualizado a
Los ciclos políticos y económicos de Argentina y Brasil han tenido una notable correlación desde mediados del siglo pasado. Esta estrecha relación no debería sorprender por los históricos vínculos que han unido a las dos potencias de América Latina. En clave de coyuntura, resultan relevantes porque actúan como señales que permitirían prever la próxima evolución política y económica de uno u otro país.
En forma muy sintética, la conexión entre ambos es posible identificarla en las siguientes similitudes: Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, en las décadas del 40 y 50; golpes de Estado y dictaduras militares en los 60, 70 y hasta mediados de los 80; proceso de industrialización y sustitución de importaciones en el período 1940-1980. En este caso, Argentina se diferenció de Brasil a partir de la dictadura del 76 al iniciar una desindustrialización acelerada, instancia que recién en este siglo alcanzó a la potencia regional y con más intensidad en los últimos seis años de neoliberalismo (Temer y Bolsonaro).
La inestabilidad económica, inflación y crisis de la deuda externa en los 80 y la recuperación de la democracia con el impulso de la integración regional y de lazos de cooperación entre ambos países, dejando atrás la rivalidad e hipótesis de conflicto bélico, con Raúl Alfonsín (1983) y José Sarney (1985).
La hiperinflación en 1989–1990 y los planes de estabilización con tipo de cambio fijo: Convertibilidad (1991) y Plan Real (1994). Aquí también Argentina se separó de Brasil porque mantuvo la paridad sin cambios varios años más, lo que terminó en un estallido político, social y económico dramático en 2001.
También comenzó la divergencia en el recorrido de la tasa de inflación hasta la actualidad con Gobiernos progresistas: Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) y Lula da Silvia y Dilma Rousseff (2003-2016) y Gobiernos de derecha: Mauricio Macri (2015-2019) y Michel Temer y Jair Bolsonaro (2016-2022).
Qué señal entrega el triunfo de Lula
En este juego de espejos, el interrogante en clave argentina se refiere a si la actual experiencia política del Frente de Todos equivale al recorrido de Dilma Rousseff, que terminó en el ciclo neoliberal de Temer y Bolsonaro. O, en cambio, si el gobierno de Alberto Fernández es el proceso político que se adelantó en abortar el período neoliberal de Macri, como ahora promete hacer Lula con el de Bolsonaro.
No es una secuencia de poca importancia, puesto que si aquí el movimiento político siguiente fuera el primero, el escenario argentino a partir del 2024 empezaría a transitar la bolsonarización del espacio político y económico. Existen señales en ese sentido en discursos y en propuestas de referentes de la ultraderecha, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei.
Características del fascismo moderno
Estas tres figuras de la ultraderecha han adelantado líneas de acción que, en la eventualidad de tener el poder y poder implementarlas, significarán la alteración de consensos democráticos y la eliminación de históricos derechos laborales, sociales y previsionales.
El fascismo moderno utiliza herramientas democráticas, como las elecciones para ser gobierno, pero no reconoce los resultados electorales cuando pierde, lo que genera un estado de conmoción social y deterioro de normas de convivencia política.
Y cuando está en el gobierno despliega una agenda autoritaria, represiva y de ajuste sobre trabajadores y jubilados, para favorecer al capital en general, y a los grupos económicos concentrados en particular. Además de perseguir judicialmente a opositores y empresarios hasta encarcelarlos.
El ciclo político de ultraderecha brasileña, que nació de un golpe blando contra Dilma Rousseff y posterior proscripción política de Lula da Silva, resulta un oportuno espejo para saber qué le esperaría a la economía y a los trabajadores argentinos con un cambio de signo político hacia la bolsonarización en las próximas elecciones presidenciales.
La reforma laboral es un caso testigo
La organización gremial en Argentina tiene una capilaridad más densa en términos políticos y sindical que la de Brasil, lo mismo que la normativa laboral. Por eso mismo, una de las obsesiones del establishment es conseguir una reforma laboral de flexibilización amplia que reduzca o directamente elimine derechos de los trabajadores.
Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), reclamó una y otra vez a los trabajadores en el discurso previo al de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de regionales de los metalúrgicos, en Pilar, que recuerden la política regresiva del macrismo, que piensen en el momento de votar el año próximo y que es necesario estar informados.
En este último sentido, un capítulo relevante que deben conocer los trabajadores es la reforma laboral aplicada en Brasil, que la ultraderecha en Argentina quiere replicar e incluso profundizar.
En julio de 2017 el gobierno de Michel Temer logró que el Congreso aprobase una reforma laboral que sustituyó varias de las normas vigentes desde 1943 y que transformó profundamente las reglas de contratación y empleo.
Los puntos centrales de esta reforma fueron los acuerdos por sector, empresa e individuales que pasaron a tener preeminencia sobre la legislación vigente. Los contratos privados pasaron a ser más importantes que las convenciones colectivas.
No se modificaron la cantidad de días de vacaciones, horas laborables por semana ni el aguinaldo, pero se pueden fraccionar de diferentes maneras. Las vacaciones se pueden dividir hasta en tres períodos y puede haber jornadas laborales de hasta 12 horas (aunque luego con 36 horas de descanso) sin superar las 44 horas semanales.
Se autorizó la jornada intermitente, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada y no mensual. Puede haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extras. La contribución sindical, hasta ahora obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasó a ser voluntaria y se amplió las posibilidades de tercerizar tareas, incluso la principal de la empresa.
La empresa puede negociar las condiciones de trabajo con una comisión no sindical de representantes de los trabajadores. Se permitió que las embarazadas trabajen en ambientes no del todo salubres si presentan un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto. Se flexibilizaron las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones pasó a no estar atado por el salario del trabajador y el preaviso bajó de 30 a 15 días.
Ganancias empresariales
Como era de prever con este tipo de reforma laboral, el saldo no fue la generación de más puestos de trabajo, sino el incremento de las utilidades de las empresas a partir de una mayor explotación del trabajador.
El gobierno de Jair Bolsonaro pretendió profundizar aún más la desprotección de los trabajadores, logrando la aprobación en Diputados de su proyecto pero fue posteriormente rechazado en el Senado.
Este plan también es una referencia de lo que les esperaría a los trabajadores argentinos si triunfa en las próximas elecciones la ultraderecha. Bolsonaro quería crear una nueva modalidad de trabajo sin derecho a las vacaciones, aguinaldo y seguro de desempleo.
Sería de una duración de 18 meses para jóvenes de entre 18 y 29 años, con jornadas de hasta seis horas, con el cobro de una asignación no remunerativa equivalente al salario mínimo por hora. Además, el trabajador tendría derecho a 30 días de descanso al cabo de 12 meses, sin el pago de esas vacaciones, y no tendrían derechos laborales ni previsionales.
También impulsaba un programa para el primer empleo para jóvenes y mayores de 55 en desempleo durante más de un año con una remuneración de hasta dos salarios mínimos, sin aportes, con 44 horas semanales y reducción del seguro de desempleo.
A nivel general, la propuesta de Bolsonaro reducía el pago de horas extras y prohibía al Poder Judicial anular acuerdos extrajudiciales entre empresas y empleados.
La batalla por los salarios y por mantener derechos laborales
El avance de la ultraderecha, que adelanta que quiere borrar derechos laborales y flexibilizar las condiciones de contratación con la falsa promesa de que así aumentará la demanda de empleo, encuentra a los trabajadores con una prolongada pérdida del salario real y en la participación del ingreso. Situación que puede colaborar en crear un estado de confusión entre los trabajadores acerca de cuál es el camino para recuperar el salario en términos reales.
El más reciente informe sobre el mercado laboral de Cifra-CTA, elaborado por Mariana L. González y Cecilia Garriga, describe con precisión este panorama. Explica que a pesar del aumento del empleo y los niveles relativamente bajos de desocupación, los ingresos laborales no sólo no logran recuperarse sino que han sufrido una nueva pérdida de poder adquisitivo, ante la aceleración de la inflación durante este año.
El ingreso laboral promedio del segundo trimestre de 2022 es 7,7%, inferior en su poder de compra respecto del mismo trimestre del 2021. Al arrastrar una pérdida significativa del gobierno de Cambiemos, cuando se compara el ingreso real del segundo trimestre de 2022 con el del mismo trimestre de 2017, la caída es de 24,3%.
Ni las paritarias salvaron a los salarios
El retroceso de los salarios se verificó incluso para los asalariados registrados, quienes se ven cubiertos por las negociaciones paritarias. El salario registrado promedio tuvo varios meses en los que perdió contra la inflación desde fines del año pasado. Así, entre noviembre de 2021 y julio de 2022 acumuló una caída real de 3,4%, quedando un 1,4% por debajo del nivel de diciembre de 2019.
El reporte de Cifra-CTA destaca que la pérdida real resulta sustantivamente mayor cuando el poder de compra del salario se mide en alimentos: en julio de 2022 resultó un 6,4% menor que la de diciembre de 2019 y un 23,8% inferior a la de diciembre de 2015, tendencia que no se modificó sino que se agudizó en los meses siguientes con tasas de inflación en niveles del 6 al 7%.
Indica además, que, de esta forma, se consolidó el empeoramiento en la distribución del ingreso en detrimento de las y los trabajadores. En el primer semestre del año, la masa salarial representó el 44,4% del valor agregado bruto, mientras que se ubicaba en el 46,1% en el segundo semestre de 2019.
"Esta transferencia de ingresos desde los trabajadores al capital ocurre debido a que las remuneraciones reales no crecieron, mientras que sí lo hizo la productividad", apunta el informe, comportamiento que fue destacado por Cristina Fernández de Kirchner en el discurso pronunciado en el Congreso de la UOM.
Entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2022, el producto por ocupado se expandió en un 5,0%, mientras que el salario promedio varió sólo en un 0,5%.
Mismos salarios, pero más ganancias empresariales
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también analiza el recorrido de la productividad y el salario. Indica que desde el último trimestre de 2019 hasta la actualidad, la productividad laboral por puesto subió un 14%, mientras que los ingresos reales de los asalariados sólo mejoraron un 2%. Es decir, el 83% de la mejora en la productividad laboral de estos últimos tres años se lo quedaron las empresas.
"Esto significa una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los empresarios que se suma a la pérdida por un mayor incremento de precios que de salarios", explica. En forma, específica que la productividad en la industria manufacturera y la no-retribución hacia los asalariados de esa mejora son aún más marcadas.
Al segundo trimestre de este año, la productividad por puesto es un 7% superior a la de 2016 y constituye el valor más alto de la serie. Sin embargo, el ingreso medio real de los trabajadores de ese sector acumula una pérdida cercana a los 25 puntos desde 2016.
Para concluir que "para tomar un orden de magnitud, el monto que equipararía el ingreso total de los trabajadores industriales con lo que les corresponde por productividad no pagada desde 2016 sería de aproximadamente de 1,6 billones de pesos en remuneraciones para todos los trabajadores de ese rubro".
En estas condiciones de debilidad relativa de los trabajadores, en la próxima disputa electoral estará en juego si este retroceso en los ingresos se profundiza de la mano de una reforma laboral regresiva o comienza una sostenida recuperación de la participación relativa de los trabajadores en la distribución del ingreso. Como les advirtió Cristina Fernández de Kirchner a los metalúrgicos: si gana la derecha "los patos de la boda serán las trabajadoras y trabajadores".
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