En un momento en que la atención mundial está puesta en los incendios que están arrasando la selva amazónica en Brasil, el Gobierno de Jair Bolsonaro está debilitando a la agencia encargada de proteger el bosque tropical, según entrevistas con diez empleados y extrabajadores, registros públicos y una revisión de informes gubernamentales. Mientras tanto, Bolsonaro exige condiciones para recibir los fondos internacionales del G7, casi 20 millones de euros para combatir los fuegos en el Amazonas que el gobierno rechazó en un primer momento 

Bolsonaro no ha ocultado su desdén por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, conocido como IBAMA, al que ha criticado públicamente como un obstáculo para el desarrollo del país. Desde que asumió el cargo el 1 de enero, el presupuesto de IBAMA se ha reducido en un 25% como parte del ajuste del cinturón en todo el Gobierno, según datos internos del gobierno recopilados por el partido opositor PSOL. Entre los recortes: la financiación para la prevención y el control de incendios forestales se redujo en un 23%.

El nuevo liderazgo de IBAMA también ha dificultado que la agencia tome medidas enérgicas contra la tala ilegal, la agricultura y la minería, que han destruido casi 12.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas este año, según han contado todos los empleados y exempleados. 

Por ejemplo, se ha restringido la capacidad de los agentes de campo para destruir equipos pesados en la escena de delitos ambientales, una antigua táctica para frenar a los acaparadores de tierras, han contado cinco personas. Además, un cuerpo de élite de policías forestales de IBAMA no ha visto ninguna acción en el Amazonas este año, por primera vez desde que se creó la unidad fuertemente armada y altamente capacitada hace cinco años, según cuatro de las personas familiarizadas con el asunto. 

Los agentes especiales han estado limitados en gran medida al trabajo de escritorio, han precisado las fuentes, o se les asignaron tareas de campo lejos de los puntos calientes en la selva tropical. 

Más impunidad para delincuentes medioambientales 

Por otra parte, el castigo de los delincuentes ambientales ha bajado notablemente durante el Gobierno de Bolsonaro. Hasta el 23 de agosto, el número de multas de IBAMA cayó un 29% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que el valor total de las sanciones bajó un 43%, según estadísticas gubernamentales. 

Los empleados de IBAMA enviaron una carta el 26 de agosto a Eduardo Bim, presidente de la agencia, expresando su "inmensa preocupación por cómo se está llevando a cabo la política ambiental en Brasil". 

La carta, firmada digitalmente por más de 400 empleados, enumera seis cambios que los trabajadores consideran que necesitan IBAMA y otros organismos ambientales, incluidas nuevas contrataciones, dinero suficiente para el trabajo de cumplimiento y autonomía. 

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, que supervisa a IBAMA, no ha querido hacer comentarios sobre recortes presupuestarios y otros cambios en la agencia. Un portavoz dijo el 14 de agosto que los gobiernos anteriores tenían la culpa de las dificultades de IBAMA que, según él, incluían equipos de mala calidad y oficinas de campo mal cuidadas. 

Dicho portavoz sostuvo que IBAMA sigue siendo un actor importante en los planes del Gobierno para combatir los incendios en la Amazonia. El Ministerio ha dicho anteriormente que toma en serio su papel en la protección de la selva tropical y que la deforestación ilegal sigue tratándose como una actividad criminal. 

Polémicas por la política ambiental

Las políticas ambientales de Bolsonaro han sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días, ya que las imágenes del fuego en la Amazonia han generado indignación internacional y preocupación por las consecuencias para el calentamiento global. 

Los ecologistas denuncian que grandes ganaderos y agricultores brasileños están incendiando intencionalmente el borde de la jungla para expandir sus operaciones ilegalmente, envalentonados por el mensaje prodesarrollo y antiregulación de Bolsonaro. 

"Más allá de incitar, él (Bolsonaro) ha desmantelado sistemáticamente todos los órganos estatales que hacen cumplir la protección ambiental", afirma Alfredo Sirkis, director ejecutivo del Centro Climático de Brasil y cofundador del Partido Verde del país. 

El ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, en un evento inmobiliario el lunes, dijo que los impulsores de la deforestación, como la minería ilegal, han existido durante décadas y no comenzaron con el Gobierno actual. "La pobreza es el gran problema del medio ambiente", afirmó Salles, quien no respondió a una solicitud de comentarios. 

IBAMA emplea a aproximadamente 780 agentes de vigilancia, uno por cada 11.000 kilómetros cuadrados del territorio de Brasil que debe ser vigilado, según las cifras. Casi la cuarta parte de ellos pueden ser pasados a retiro en cualquier momento, según el informe. Mientras tanto, Brasil está perdiendo el equivalente a un campo y medio de fútbol de selva tropical cada minuto en la Amazonía.

Bolsonaro cuestiona las ayudas internacionales

El Gobierno de Brasil rechazó en un primer momento el apoyo económico de 20 millones de dólares (18 millones de euros aproximadamente) que los países del G7 acordaron destinar para combatir los incendios forestales. Bolsonaro tachó la decisión como "imperialista" por parte del presidente francés, Emmanuel Macron.

No obstante, esta misma semana el presidente brasileño anunció que aceptará la ayuda sólo si el mandatario francés se retractaba por haberlo tratado de mentiroso. "En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo contra mí. Primero me llamó mentiroso y, después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonia era un asunto abierto", afirmó el líder ultraderechista. "Para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con las mejores intenciones posibles, él tendrá que retirar esas palabras y entonces podremos conversar", agregó.