El procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou, en un caso de presunta corrupción golpea de lleno al Gobierno de Cristina Fernández, agobiado ya por el litigio con los fondos buitres y desgastado de cara a las presidenciales del próximo año. Es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente en funciones afronta una medida judicial de tal magnitud.

Por ahora, el Gobierno de Cristina Fernández, quien para lograr su reelección en 2011 designó a Boudou como su compañero de fórmula por ser "leal", viene sosteniendo la inocencia del vicepresidente. Sin embargo, el auto de procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos penados con hasta 6 años de prisión, es una bomba que amenaza con estallarle en las manos a la propia mandataria.

La oposición afirma que Fernández debe pedirle la dimisión urgentemente La oposición afirma que es ella, si Boudou no renuncia por iniciativa propia, quien debe pedirle urgentemente su dimisión, o al menos exigirle que se tome licencia mientras responde ante la Justicia, sin ampararse en sus fueros. De momento todo es silencio desde la Casa Rosada, mientras que desde la vereda opositora estudian cómo lograr convencer a algunos oficialistas para que los acompañen en un pedido de juicio político a Boudou, quien además es titular del Senado. Por ahora, esta vía está cerrada para la oposición, ya que el oficialismo es mayoritario en ambas cámaras del Parlamento.

"Para el Gobierno es un golpe político importante", aseguró el analista político Rosendo Fraga. Para el consultor, dentro del propio oficialismo hay aspirantes a la presidencia, como el ministro de Interior, Florencio Randazzo, o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quienes, si bien no se han pronunciado públicamente, apostarían por el alejamiento de Boudou por el impacto electoral negativo para las presidenciales del próximo año.

"Mi impresión, sin embargo, es que la presidenta no lo va a dejar, ni en licencia ni renuncia, porque esto tiene que ver con el poder y no con la imagen", consideró Fraga. A juicio de este analista, Fernández ve en un eventual alejamiento de Boudou una "señal de debilidad política" propia. "La presidenta siempre tiende a redoblar la apuesta, sin que esto garantice éxito", sostuvo.

Si Boudou sigue aferrado a su sillón, es probable que la imagen del Gobierno continúe en caída Fernández no la tiene fácil: si Boudou sigue aferrado a su sillón, es probable que la imagen del Gobierno continúe en caída. Desgastada tras siete años en el poder, la mandataria ya había descartado impulsar una reforma constitucional para habilitar la posibilidad de un tercer mandato presidencial, pero al menos contaba con aguantar el vendaval de la agitada vida política argentina para asegurarse la continuidad del kirchnerismo después de 2015.

Las cosas lucen ahora un tanto más complicadas que un simple vendaval. El fallo contra Argentina en la Justicia estadounidense en el juicio entablado por los "fondos buitres" ha puesto al país al borde de un cese de pagos. Acosada ya por el enfriamiento de la economía y la alta inflación, Argentina afronta por estas horas una dura negociación en Nueva York de final incierto. Y sobre llovido, mojado. El procesamiento de Boudou terminó por convertir el ventarrón en una verdadera tormenta perfecta que amenaza el futuro electoral del oficialismo.

La defensa de Boudou anticipó este sábado que el próximo viernes apelará el procesamiento, en medio del silencio del vicepresidente, que se encuentra en un visita oficial en Cuba, y del Gobierno que, hasta ahora, no se ha pronunciado.

El abogado, Diego Pirota, opinó que el auto de procesamiento, de 333 páginas, contiene "varias inconsistencias" y que todo lo sucedido es "una farsa". Sostuvo también que el magistrado "no necesitaba escuchar a nadie" y que ya tenía decidida esta resolución "antes de tomar las indagatorias". Boudou declaró ante el juez el pasado 9 de junio y había solicitado este viernes, horas antes de conocerse su procesamiento, ampliar su indagatoria. Lijo procesó además a un socio de Boudou y a un supuesto testaferro del vicepresidente, así como a otras tres personas implicadas en el caso.

"Tengo satisfacción porque creo que con todas las dificultades y con todos nuestros defectos, el Ministerio Público y la Justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía", dijo este sábado el fiscal del caso, Jorge Di Lello. El fiscal explicó que ahora debe concluir la instrucción de la causa "y con el resultado final después quedaría elevar a juicio oral".

Boudou, que ocupó la cartera de Economía entre 2009 y 2011, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. Mientras nadie en el Gobierno de la presidente Cristina Fernández ha dicho de momento una palabra sobre la decisión judicial, la oposición reclama que Boudou renuncie, pida licencia o que cualquiera de estas dos opciones se las exija la mandataria.

Además, varios dirigentes opositores insisten en impulsar el juicio político a Boudou, quien también es presidente del Senado. Para el diputado y exvicepresidente Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, "los fundamentos de la resolución del juez Ariel Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político del vicepresidente".

Sin embargo, otros opositores reconocieron la dificultad para impulsar un juicio político ya que el oficialismo tiene mayoría parlamentaria. Por eso, la diputada Margarita Stolbitzer, del Frente Amplio Progresista, pidió a los parlamentarios oficialistas hacer un "acto patriótico" y habilitar un juicio político.

La decisión judicial ha sorprendido a Boudou en Cuba, primera escala de una gira internacional que inició el jueves y que debería concluir la próxima semana en Panamá. Aún es una incógnita si el funcionario adelantará su regreso al país.

El vicepresidente está acusado de presuntamente haber aceptado el 70% de las acciones de Ciccone a cambio de ayudarla a levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas impositivas. Según el juez, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.

Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos. Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.

El vicepresidente es también investigado por presuntas irregularidades en la documentación de un automóvil, caso que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, que ha citado a Boudou a declarar para el próximo 16 de julio, fecha en la que él estará a cargo del Ejecutivo ya que la presidenta argentina tiene previsto viajar a Brasil.