Italia es un país que, en el aspecto político, es ciertamente caótico. Basta pensar que ninguno de sus Gobiernos se ha planteado nunca la idea, descontada en muchos países como en España, de que la reunión de Consejo de Ministros se realice todas las semanas el mismo día. Dicha cita, para cualquier inquilino de Palazzo Chigi, tiene lugar bajo demanda, a pedir de boca. A menudo, incluso de noche. Dejando este detalle aparte, en los últimos días, ahora que los datos epidemiológicos acerca del coronavirus están mejorando; la prensa transalpina está reflexionando acerca de la eficiencia más que de la eficacia de cómo se están usando las leyes para luchar contra la covid-19. Tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo. Dicho de otra manera, Italia se está excediendo en la ingente cantidad de normas y su redacción, en un momento tan delicado, no siempre brilla por su claridad.

Italia, en plena crisis por el coronavirus, ha desenfundado toda su burocracia, a menudo, para confundir más todavía a los ciudadanos. El poder público transalpino, desde que arrancó la epidemia en el país, ha producido más de 160 decretos en tan sólo 100 días, entre ellos más de 10 decretos leyes y 13 decretos del presidente del Gobierno italiano. Medios del país como el conocido diario La Repubblica aseguran que "los decretos leyes son ya demasiados" y constituyen "una enfermedad" para el ordenamiento jurídico italiano "bastante antes de la covid-19".

Por un lado, es una cuestión de forma. Buena parte de los decretos firmados por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha sido adelantados por la propia prensa transalpina, matizados por el propio presidente en discursos a la nación y corregidos pocos días antes de su puesta en vigor en el BOE italiano. Pero luego también hay un problema de fondo, ya que los decretos leyes están pensados para que sean firmados por el jefe del Gobierno, para que luego las Cámaras los aprueben antes de 60 días: "¿Cómo se puede lograr esto con un Parlamento en cuarentena?", se pregunta el diario La Repubblica.

El mundo del papeleo político transalpino no sólo destaca en lo cuantitativo, sino también con lo cualitativo. La farragosa burocracia italiana, en plena crisis sanitaria del coronavirus, alcanzó su máximo esplendor en el momento en el que, hace una semana, hubo que contestar a la siguiente pregunta: "¿Qué se entiende por allegados?". La duda no fue menor, porque hace unos diez días el propio primer ministro italiano, Giuseppe Conte, fue quien adelantó, con un discurso televisado a la nación, la aprobación del decreto ley del desconfinamiento. En dicha ocasión habló de la posibilidad de poder visitar a los "allegados" respetando las medidas de protección individual y de distanciamento interpersonal.

Para el Ejecutivo transalpino del premier Conte los "allegados", así pues, son los familiares hasta el sexto grado de parentesco y los afines hasta el cuarto grado, como por ejemplo los primos de un cónyuge. Pero claro, surge otra duda: "¿Es posible que un pariente de sexto grado es más familia que un/a novio/a?", era la pregunta que se escuchaba en los medios de comunicación del país con forma de bota. Así pues, otro documento normativo italiano llegó a explicar que un allegado es también un "conviviente", de modo que dos personas no casadas pero residentes en un mismo domicilio son y deben ser consideradas, igualmente, parientes. El conviviente, hoy por hoy, es un término fundamental en el desconfinamiento italiano ya que sólo con un/a conviviente, por el momento, se puede ir a pasear o a hacer deporte sin respetar la distancia interpersonal de seguridad.

¿Se puede reglar la amistad? ¿Puede ser ésta inferior o superior al concepto de familia? ¿Puede un pariente lejano ser más allegado que un amigo importante? Lo cierto es que, el eje legal en torno al que gira la ley en relación a la desescalada es el epidemiológico; y menos gente se ve, mejor. De modo que, a efectos prácticos, es difícil demostrar ante una autoridad policial quién es un "amigo verdadero".

Pero también es cierto que cuando la Opinión Pública italiana conoció las nuevas reglas para desconfinar a la población, hubo cierta polémica acerca de por qué el Gobierno transalpino no quiso incluir a los amigos como categoría de personas visitables. El motivo, a priori, es razonable; pero un poco menos lo fue la explicación oficial. En la lista oficial de "allegados", el Ejecutivo itálico no barajó a los amigos, porque "no se pueden incluir dentro de las relaciones estables". El debate filosófico en Italia, durante unos días, ha estado servido.

Atendiendo a la definición que la Real Academia Española (RAE) aporta al concepto de burocracia se leen diferentes acepciones: "Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios", "Conjunto de los servidores públicos" y "Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos", son las primeras tres definiciones. Probablemente, en plena crisis sanitaria por la covid-19 y fase de desconfinamiento: ¿A qué se debe la existencia de 160 decretos leyes para combatir el coronavirus? ¿Sofistica o complica la acción pública frente a una pandemia? ¿No se podía prever la confusión terminológica relativa a la palabra "allegado"? Consultando el diccionario, la palabra burocracia no tiene que ser siempre negativa, el problema es cuando se materializa la cuarta acepción: "Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas".