Derecho a la viviendaCicatrices de la crisis griega: represión social y persecución política

Las duras medidas que implantó el Grecia para afrontar la crisis de la deuda, y que empobreció a la población, siguen perjudicando los derechos y libertades de los griegos. Las normativas que se implantaron para poder recibir los fondos de la Unión Europea, a través de tres rescates, han puesto en peligro el derecho a la vivienda y el de la libertad política. 

"Es algo muy complicado porque antes de la crisis era muy común pedir préstamos para todo, para comprarse coches o segundas residencias", explica a Público Vicky Baniokou, una griega afincada en Madrid desde hace seis años. Las facilidades de este sistema y la confianza de los griegos en él, hicieron que no les resultara difícil hipotecarse. A los bancos tampoco les temblaba la mano a la hora de aprobar estas operaciones con tal de obtener beneficios.

La crisis de la deuda llega a Grecia a finales de 2009. Las deudas, los salarios, el paro y el cinturón de la UE, que apretaba cada vez fuerte, ahogaba a una población que no pasaba sus mejores años. Aunque el pasado mes de agosto los griegos afrontaron el final de ocho años de rescates, no todo acaba ahí debido a la gran deuda que han adquirido hasta 2026.

"La crisis griega ya no está en los titulares de los noticiarios, pero el pueblo griego sigue sufriendo la implacable austeridad impuesta durante más de ocho años", denuncia un manifiesto contra la represión de los movimientos sociales en el país impulsado por Stathis Kouvelakis y Costas Lapavitsas.

Cambio en la ley hipotecaria

Los desahucios de las primeras viviendas se prohibieron en 2008 para casas por un valor de hasta 200.000 euros, una medida que se tenía que renovar anualmente. Sin embargo, en 2015 el Gobierno aprobó una reforma en la ley hipotecaria, llamada la ley Stathakis, para recibir fondos del tercer rescate. Se trataba de una exigencia de la troika, formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCI), para reducir la morosidad bancaria. Sin embargo, los efectos de esta ley, que establece condiciones como informar a los bancos de la situación personal de los griegos, tiene previsto finalizar este año sin que se tenga otra normativa sólida hasta ahora. 

Una medida que desprotegía y afectaba directamente a las residencias habituales de los griegos. Así, el primer ministro, Alexis Tsipras, dejaba a miles de ciudadanos a merced de los bancos y a los desahucios.

"La crisis griega ya no está en los titulares, pero el pueblo griego sigue sufriendo"

La situación empeoró en noviembre 2017 con la puesta en marcha de un sistema electrónico de ejecuciones hipotecarias, que en principio solo afectaría a las segundas viviendas cuyo valor superara los 300.000 euros. Hasta entonces las subastas solo se podían realizar de forma presencial pero la presión de los acreedores del país hizo que esta nueva medida golpeara a los griegos, de nuevo.

Golpe al activismo contra las ejecuciones hipotecarias 

Las protestas en el país aumentaron y el activismo se hizo notar en las calles griegas para denunciar estas medidas. La reacción del Gobierno no tardó en mostrarse. Tan solo tres meses desde que se iniciaran las subastas electrónicas, se adoptó una ley que castiga "con penas de hasta seis meses de prisión para aquellos que se oponen a las ejecuciones hipotecarias y a los desahucios", como denuncian en el manifiesto, en donde se considera que es "un momento crítico para la democracia y las libertades civiles en Grecia".

Por esta normativa, figuras como Panagiotis Lafazanis, exministro de Energía en el primer gobierno de SYRIZA y ahora secretario del partido político Unidad Popular, Elias Smilios y Elias y Leonidas Papadopoulos, líderes de la campaña 'yo no pagaré, se enfrentan a cargos judiciales. En concreto, Lafazanis se enfrenta a nueve años de prisión por los cargos que se le imputan.

El deterioro de la población es evidente. Baniokou expresa a este medio que su familia se toma con resignación estas medidas de austeridad. "Es un mal más de los muchos que han pasado estos años en Grecia", le trasmiten desde el país. Algo en lo que coincide Kouvelakis, que explica a Público que "con el continuo deterioro de sus condiciones de vida, la escala de las protestas es más limitada, y por lo tanto, se puede ver una disminución de la visibilidad de la represión".

Uno de los objetivos de este manifiesto, que apoyan cientos de activistas, intelectuales y políticos de izquierdas, es visibilizar la situación a nivel internacional ya que “aquellos que se oponen a las políticas del programa de la troika se enfrentan a una escalada de represión”.

Aunque no es la única crítica al Gobierno griego, ya que como se explica en el texto 'Solidaridad Internacional contra la represión de los movimientos sociales en Grecia', el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática, que se debería encargar de emprender acciones legales contra "el partido fascista Amanecer Dorado u otros activistas de extrema derecha", se encarga de iniciar estos procesos contra docenas de activistas que luchan por defender de los derechos sociales.