Una coalición autoritaria gobierna Perú sin legitimidad y con impunidad ante la violación de los derechos humanos

Políticos conservadores ligados a casos de corrupción –con asiento en el Congreso y en alcaldías–, los sectores más autoritarios de las fuerzas del orden, las cabezas del sistema de justicia y la gran empresa son algunos de los miembros de la coalición en el poder que encabeza Dina Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre como presidenta de Perú tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y su posterior detención. Aunque desde esa fecha hasta abril los ciudadanos han participado en más de 1.500 manifestaciones para exigir un adelanto electoral y la dimisión de la mandataria, el Ejecutivo y el Congreso mantienen la posición de quedarse hasta el fin del mandato, es decir, hasta 2026.

La abogada Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo (2021-2022), a quien sucedió por la vía constitucional. Ambos defendían los intereses populares y, sobre todo, el gran cambio que necesita Perú para ser un país más igualitario. Pero con su llegada a la Presidencia, negoció con la oposición que buscó echar del Palacio de Gobierno al maestro rural con el que concurrió y ganó las elecciones de 2021. También intentaron quitarle a ella del medio.

Boluarte designó y sigue designando como ministros a fichas de la derecha y ultraderecha que dominan en el Legislativo. Entre ellos está el presidente del Parlamento, José Williams, un general del Ejército en retiro –que participó en acciones contra el terrorismo durante los 20 años de conflicto armado interno en Perú–. Otros dos parlamentarios de ultraderecha, sumamente autoritarios, son almirantes jubilados de la Marina. Ellos, al igual que otros miembros de la coalición que encabeza Boluarte, han asegurado que las protestas ocurridas en los últimos meses fueron azuzadas por terroristas, narcotraficantes o extranjeros, como el expresidente boliviano Evo Morales. En febrero, sin embargo, la canciller peruana reconoció a The New York Times que no tenían pruebas de que hubiera criminales relacionados con las protestas.

Entre diciembre y marzo, las fuerzas del orden reprimieron de manera tan brutal a la ciudadanía en las protestas que causaron 49 víctimas civiles, 15 de ellas transeúntes, indica la investigación de Human Rights Watch (HRW), titulada Deterioro letal: Abusos de las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú, hecha pública este miércoles.

Protección e impunidad

El informe de HRW explica que de esos 49 asesinados por la Policía y el Ejército, tres observaban las protestas y otros tres prestaban ayuda a heridos. Boluarte –jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales– y sus ministros no son los únicos que buscan impunidad ante estas graves violaciones a los derechos humanos. Los militares en retiro que gestionan sus intereses en el Congreso quieren también asegurar que ningún integrante de la fuerza pública sea condenado por, según su criterio, haber hecho respetar "el orden", o proteger aeropuertos y despejar carreteras bloqueadas.

Los manifestantes fueron señalados como enemigos en el mismo Palacio de Gobierno

A pesar de que, entre enero y febrero, Boluarte y Williams aseguraron que estaban dispuestos a recortar el mandato y convocar a elecciones en 2023, el Congreso votó en contra hasta en cuatro oportunidades y no lo aprobó. La jefa del Estado pudo haber dimitido para dar paso a unos comicios a corto plazo, pero tampoco quiso. Pudo haber pedido la renuncia al ministro de Defensa, Alberto Otárola, después de que el Ejército asesinara a diez civiles durante las protestas en la región de Ayacucho el 15 de diciembre, pero lo ascendió a primer ministro.

La pesquisa de HRW, al igual que documentaron antes Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la prensa internacional y nacional, evidencia que los civiles no representaban un riesgo durante las movilizaciones. "El uso de armas letales por parte de las fuerzas policiales y militares para responder a las protestas hizo que fuera muy probable y previsible la pérdida de vidas o las lesiones graves. Esto fue manifiestamente desproporcionado en relación con la amenaza a la que se enfrentaban", añade el documento.

Este organismo documenta con testimonios la estigmatización que sufrieron los heridos por las fuerzas del orden, ya sea en las calles, en los lugares de detención o en los hospitales, al haber sido tildados de "terroristas". Los manifestantes fueron señalados como enemigos en el mismo Palacio de Gobierno tras los sucesos de diciembre, cuando se produjeron las dos primeras masacres en las ciudades andinas de Andahuaylas y Huamanga. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, tomó la palabra tras una introducción breve de Boluarte, quien prefirió en una circunstancia tan grave que la línea política la impusiera un militar en vez del primer ministro o el ministro de Interior. "Malos, muy malos peruanos, han tratado de generar el caos en nuestro amado Perú. Están completamente equivocados", dijo el general del Ejército.

Tras las primeras masacres de civiles, en diciembre, el entonces primer ministro, Pedro Angulo, dejó el cargo y fue nombrado jefe de gabinete del presidente del Poder Judicial a inicios de enero.

Pactos y mafias

La expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez describe la coalición que tiene las riendas del país como "no explícita ni planificada". Hay "una serie de pactos entre grupos de interés y algunas mafias que controlan ciertas partes del poder. El principal interés del Ejecutivo es sostenerse en la presidencia porque eso genera una coraza (ante la justicia)", comenta a ‘Público’.

Vásquez fue primera ministra del Gobierno de Castillo durante casi cuatro meses y le recomendó cambiar al jefe de la Policía Nacional cuando el entonces ministro de Interior descubrió una mafia que cobraba sobornos para el ascenso. El presidente no la escuchó y ella se fue. La abogada es una de las cientos de personas que esta semana ha firmado un pronunciamiento para pedir la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones, convencidas de que quienes gobiernan lo hacen a favor de "intereses subalternos" y están "empeñados en una progresiva destrucción del equilibrio de poderes y en el copamiento de instituciones", indica el texto que sigue creciendo en adhesiones.

La confluencia entre conservadores ha conseguido prohibir la educación sexual integral en las escuelas

La defensora de derechos humanos sostiene que la coalición defiende, por ejemplo, los negocios de las universidades "de garaje" que fueron cerradas por la entidad que evaluaba la calidad de la educación superior. "Son los que empujaron la destrucción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior", anota acerca de una de las recientes contrarreformas que ha logrado el Congreso. El objetivo es que sigan funcionando esos centros de estudios privados que están cuestionados y en manos de políticos o allegados, a quienes reportan jugosos ingresos económicos.

La confluencia de conservadores de derecha y de izquierda en el actual Parlamento ha conseguido también prohibir la educación sexual integral en las escuelas. "Quieren controlar la educación por un interés fundamentalista, especialmente los de Renovación Nacional", refiere Vásquez, en alusión al grupo político del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien está bajo investigación fiscal por lavado de activos. En marzo, la fiscal general aceptó una medalla que le entregó el político, por su labor "contra la corrupción", en el Día de la Mujer.

Vásquez destaca que en el Legislativo muchos defienden la minería ilegal, la actividad forestal sin control y la pesca, actividades que favorecen la extracción masiva de recursos naturales. "También están los que representan intereses empresariales (formales) fuertes que disputan territorio para minería e hidrocarburos", agrega.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de marzo, el 91% de los peruanos desaprueba el Congreso. "Ya no valoran el sostenimiento del país como una democracia, el país ya no les importa. Como no representan a ningún sector de la ciudadanía pueden admitir o tolerar cualquier cosa. Han matado tanta gente y no han hecho ningún cuestionamiento", denuncia la abogada.

El origen: las derrotas de Keiko Fujimori

El plan de la oposición para cooptar los poderes del Estado echó a andar en 2016, cuando perdió las elecciones la candidata presidencial Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos y obstrucción a la justicia. La primogénita del autócrata preso, Alberto Fujimori, tampoco ganó en 2021, pero la experiencia de su bancada parlamentaria –desde la década de los 90– para maniobrar a favor de sus intereses y debilitar al Ejecutivo, surtió efecto –al igual que con los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, defenestrados por el Legislativo–.

Durante el Foro Madrid realizado en Lima en marzo, entre congresistas peruanos ultraconservadores y representantes de Vox, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, contó que cuando ostentaba ese cargo no pudo concretar la elección del defensor del Pueblo con los candidatos de su preferencia, aunque sí pudieron elegir un Tribunal Constitucional a su medida.

El Constitucional emitió recientemente un fallo que blinda al Congreso para que ningún juzgado bloquee acciones inconstitucionales de ese poder del Estado, y sugirió que quienes contravengan esa medida sean sometidos al órgano sancionador: la Junta Nacional de Justicia.

El sindicato de la Defensoría del Pueblo interpuso un recurso de amparo en 2022 a un juzgado constitucional para impedir que el Congreso eligiera, como en 2016, a un funcionario afín a la mayoría parlamentaria. Lograron una medida cautelar, pero con el fallo reciente del Tribunal Constitucional, nuevamente la coalición en el poder quiere elegir sesgadamente a un candidato que rechace, por ejemplo, el sistema interamericano de justicia (Pacto de San José).

La Defensoría del Pueblo ha sido el único contrapeso en cuatro meses de graves violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes, que en su mayoría han sido indígenas y pertenecientes a comunidades rurales, incluidos menores de edad.

HRW considera que "sectores del Congreso parecen moverse rápidamente para debilitar las instituciones democráticas que podrían servir de control a su poder. En 2022, el Congreso sustituyó a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que fue ampliamente criticado por su falta de transparencia y por no garantizar que los candidatos fueran seleccionados con base en el mérito".

Asimismo, alerta de que el fallo reciente del Constitucional "abre la puerta para que el Congreso investigue y destituya a las autoridades electorales del Perú". Los organismos electorales han sido también cuestionados por el fujimorismo y sus aliados conservadores desde la segunda vuelta de 2021, debido a que no se sumaron a las voces –falsas– del fraude.

Pese a la nula vocación democrática del régimen que tiene por rostro a Boluarte, está respaldado por la patronal empresarial (Confiep) y los medios de comunicación del establishment capitalino.