El Congreso chileno rechazó las dos propuestas de retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Los ciudadanos están obligados por ley a cotizar en una de estas instituciones privadas cuyo único objetivo es, como su propio nombre indica, administrar los fondos mediante la modalidad de cuentas personales, otorgando pensiones de jubilación, invalidez y otros subsidios.

La primera propuesta contemplaba retirar un nuevo 10% de estos fondos —que se sumaba a los tres anteriores que comenzaron a implementar desde 2020 debido a la crisis de empleo provocada por la covid-19— y la segunda era una propuesta del gobierno de Gabriel Boric que buscaba evitar una fuga masiva de dinero, acotándolo sólo a quienes tenían deudas con bancos o instituciones financieras.

Los resultados, que se dieron a conocer cerca de la medianoche del lunes cuando terminaron las votaciones de los diputados, sin duda generan una estabilidad en el sistema financiero chileno, nadie los esperaba realmente. La propuesta del oficialismo (como se denomina al bloque en el poder), que buscaba evitar como fuera un nuevo retiro, apenas obtuvo 68 votos sin poder llegar al quórum de 78. Algo que evidencia la falta de orden en la centroizquierda, especialmente en partidos como la Democracia Cristiana, cuya distancia frente al gobierno cuyo núcleo está en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) y el Partido Socialista, esta vez se hizo evidente.

La primera votación tuvo 70 votos a favor, 70 en contra y 3 abstenciones. Todo esto mientras el ministro de Hacienda, Mario Marcel; Giorgio Jackson de la Secretaría General de la Presidencia y la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, intentaban convencer al bloque oficialista que se decantaran por la segunda opción de retiro.

¿Ganadores o perdedores?

De momento no hay consenso si fue un triunfo o una derrota para el oficialismo progresista chileno que asumió el poder hace un mes, aunque hay algo claro: esto permitirá retomar el paquete de medidas económicas presentadas hace un par de semanas por el ministerio de Hacienda —ex presidente del Banco Central y un economista de apoyo transversal, pero férreo opositor a la idea de los retiros desde el inicio— y que busca ir allanando el camino hacia una reforma tributaria y cambios de largo plazo en el modelo económico chileno marcado por el neoliberalismo.

"Me parece que lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón, en términos de no empujar al país a un escenario en que los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo de los créditos, y que eventualmente perjudicaran a los más necesitados. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestra agenda", señaló Marcel, afín al Partido Socialista.

La misma evaluación, aunque algo más pesimista sostuvo Jackson, ministro de la Secretaría cuyo papel es ser el enlace entre el Congreso y el Ejecutivo. "Podrán preguntarle a los parlamentarios que votaron a favor del 100% del retiro, pero luego rechazaron el otro proyecto (el retiro acotado propuesto por Boric) y probablemente porque querían propinarle una derrota al gobierno. Pero esto al final más que una derrota al gobierno, que no tenía esto dentro de sus planes, es una frustración de expectativas de la ciudadanía".

Existe una posibilidad de insistir en la propuesta de retiro acotado, pero parece algo difícil, aunque no imposible. Marcel: "Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia, y se requeriría un grado de acuerdo en el Senado muy alto. Es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto a insistir en el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se abordaron en este proyecto."

Inflación inédita

El gran problema es que aunque el Gobierno chileno quiere implementar una reforma en las pensiones la ciudadanía quiere el dinero ahora. Tanto en redes sociales como en la calle, existe cierta desazón ya que el país transandino está viviendo una inédita inflación que marca un 9,4% acumulada en doce meses y donde el Índice del Precio al Consumidor (IPC) en marzo aumentó un 1,9% la cifra más alta desde 1993, lo que se traduce en el alza del pan, aceite y otros productos, algo que una generación entera jamás vivió.

Y esto es sólo el principio según las voces expertas: la crisis debería agudizarse este año y el próximo, por una serie de razones incluyendo el conflicto de Rusia con Ucrania, la pandemia y los efectos de los anteriores retiros que, aunque sirvieron para pagar cuentas, también incentivó el consumo y el endeudamiento.

Esta contradicción es palpable en la sociedad chilena todo el tiempo. Al mismo tiempo que crece el descontento y se sigue protestando los viernes en los alrededores de Plaza Baquedano (rebautizada popularmente como Plaza de la Dignidad tras las manifestaciones y disturbios que se dieron durante octubre de 2019 y que se conocen como el Estallido social), las tiendas de los centros comerciales, restaurantes de todo tipo y escapadas en fin de semana largo operan como si no existiera un mañana.

El Gobierno de Boric tendrá la doble misión de promover sus planes de reactivación económica y al mismo tiempo contener socialmente a los chilenos, sobre todo en los meses que se vienen donde los rigores del invierno obligarán a enfrentar una crisis donde desde la gasolina hasta los alimentos están casi  un 10% más caros que el año pasado.