La Corte Penal Internacional critica el "ataque flagrante" de EEUU contra su presidenta 

El Corte Penal Internacional (CPI) ha definido este miércoles las sanciones impuestas contra su presidenta, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía como un "ataque flagrante" de Estados Unidos, además de haber asegurado que ponen "en riesgo" el propio ordenamiento jurídico internacional.

El CPI ha afirmado en un comunicado que el anuncio de nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos "constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones".

La corte recuerda que con estas medidas han sido sancionados por Washington nueve de los 18 jueces, además de los dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal. "Estas medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato conferido al CPI por los Estados socavan el Estado de derecho. Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio ordenamiento jurídico internacional el que queda en riesgo", ha alertado el tribunal con sede en La Haya.

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El CPI recalca que las medidas coercitivas afectan a la capacidad de las víctimas "para buscar justicia", incidiendo en que recurren al tribunal cuando "todas las demás vías se han agotado".

En todo caso, el tribunal internacional subraya que "no se dejará intimidar" y ha expresado su apoyo al personal sancionado y a las víctimas de "atrocidades inimaginables" que buscan justicia.

"El tribunal continuará cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, de conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales", ha señalado La Haya. Al tiempo, reconoce las "constantes muestras de solidaridad" de los Estados parte, la sociedad civil y todas aquellas personas e instituciones que apoyan el Estado de derecho y la justicia.

Además de Akane, la Administración de Donald Trump sancionó a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal en la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la medida acusando a los afectados de haber "participado directamente en las iniciativas del CPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios" de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma. Asimismo, ha advertido en un comunicado que esta situación "sienta un peligroso precedente para todas las naciones".

Este paso se enmarca en la cruzada de Estados Unidos contra el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de ser un tribunal "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad.