Hubo un hecho. El 4 de agosto un ciudadano venezolano-estadounidense, Guido Alejandro Antonini Wilson, llegó a Buenos Aires con una maleta con 795.000 dólares en un avión procedente de Caracas y contratado por la empresa pública Energía Argentina S.A.

¿La sospecha? El dinero estaba destinado a algún asunto sucio del Gobierno de Néstor Kirchner. Se le puso un nombre: Valijagate. ¿Qué dice la causa que sigue la Justicia de Miami? Que el dinero era para financiar la campaña de un candidato presidencial. ¿La versión del fiscal federal adjunto de la causa, Thomas Mulvihill? Que ese candidato era la actual presidenta Cristina Fernández.72 horas después de asumir el cargo, Fernández tuvo que salir a desactivar la bomba activada por Mulvihill.

Poco antes su jefe de gabinete apuntó que se trata de una operación de inteligencia dirigida contra Venezuela, aunque reconoció que "es evidente que el tema nos salpica y nos afecta". El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo calificó de "estupidez" y de "canallada". Cristina Fernández fue mucho más lejos y denunció la existencia de una operación política de Estados Unidos. Sin nombrar el país, dijo que es una "operación basura" de Washington contra su Gobierno con la intención de debilitar las relaciones entre Argentina y Venezuela. "Más que países amigos quieren países empleados", criticó.

Relacionó la bomba con su petición a Colombia para que negocie la libertad de los rehenes y adelantó que no claudicará: "Voy a seguir afirmando la necesidad de que el Gobierno colombiano y las FARC celebren (un) acuerdo humanitario para terminar con el calvario de otros hombres y mujeres en esa selva y que es necesario abordar sin prejuicios y sin demora que luego resulte que deba ser lamentada".

Una guerra política 

El ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que "es una guerra política, psicológica y mediática contra los gobiernos progresistas del hemisferio".La denuncia emergió el miércoles durante una audiencia judicial tras la detención en Miami de tres venezolanos y un uruguayo, ex socios de Wilson, acusados de actuar como agentes encubiertos de Venezuela en Estados Unidos para ocultar el origen y el destino de la valija con dólares, según la investigación del FBI.

Wilson ingresó con el dinero en una aeronave fletada por funcionarios argentinos y con ocho pasajeros entre los que había representantes de la petrolera venezolana PDVSA. El presidente venezolano, Hugo Chávez, se encontraba ese día en Argentina, pero no cuando se hizo público el descubrimiento, cuatro días después.

En ese momento, el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner se defendió diciendo que el caso se había descubierto gracias a que "los controles oficiales funcionan", en contraposición a la era de Carlos Menem, conocida por la corrupción generalizada.

Al día siguiente, fue destituido Claudio Uberti, mano derecha del ministro de Planificación y el negociador más importante del Gobierno en Caracas por "el grave error" cometido de subir a Wilson al avión.

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos algunas semanas más tarde la extradición del venezolano, a quien acusa de contrabando.Aún es pronto para saber qué opinan los argentinos de este caso. "Esto empieza a parecerse demasiado a la década infame", opina un radioescucha, haciendo referencia a los 10 años de Menem. Otros argentinos defienden la tesis gubernamental y se pliegan a la denuncia de "operación política".