Dos de las grandes organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han lanzado conjuntamente una grave denuncia contra las fuerzas de seguridad turcas enviadas en las regiones asolada por el terremoto del pasado 6 de febrero para mantener la seguridad.

Según ambas organizaciones, los funcionarios "han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo" valiéndose del estado de excepción decretado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Tras una investigación, la recogida de numerosos testimonios y la visualización de vídeos (advierten de que parte del material no se ha podido corroborar plenamente), AI y HRW concluyen que al menos una persona ha muerto bajo custodia policial como consecuencia de los malos tratos.

Han registrado 13 casos de "violencia perpetrada por la policía, la gendarmería o militares desplegados en la zona", contra 34 víctimas masculinas sospechosas de realizar saqueos.  Entre los entrevistados hay 12 víctimas de tortura o otros malos tratos y dos personas amenazadas por las autoridades a punta de pistola. También reportan escenas de linchamientos a veces animados o permitidos por los funcionarios. Algunos testimonios describen la zona como "el salvaje oeste", en referencia al papel de los cuerpos policiales, sobre todo con los ciudadanos sirios que levaban tiempo allí desplazados por la guerra en su país.

Palizas y detenciones ilegales

Hablan de "informes fidedignos"  que muestran que las autoridades "someten a palizas violentas y prolongadas y a detención arbitraria y no oficial a personas presuntamente responsables de delitos". Para Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, esto "constituye una alarmante acusación formal de las prácticas presentes de aplicación de la ley en la región de Turquía afectada por los terremotos".

El Gobierno de Erdogán declaró el 7 de febrero el estado de excepción en las regiones afectadas y anunció el despliegue de 28.000 agentes, entre ellos, 18.000 miembros de la Gendarmería turca (la policía de las áreas rurales) procedentes de todo el país.

Entonces ya habían empezado a circular por Internet algunas imágenes de supuestos saqueos en viviendas y comercios y de la violencia empleada contra los saqueadores por las autoridades y algunos de los residentes. En febrero, las fuerzas de seguridad turcas había confirmado el arresto de más de 40 personas por robos, sobre todo en la provincia de Hatay.

Testimonios de violencia e intimidación

De hecho, salvo tres, todos los casos de tortura y malos tratos investigados por las organizaciones sucedieron en la ciudad de Antioquía, provincia de Hatay. En cuatro casos, las víctimas eran refugiados sirios y los ataques presentaban signos de motivación xenófoba adicional.

Los testimonios recogidos en 34 entrevistas para la investigación son claros. "Estamos en estado de excepción. Te mataremos y te enterraremos bajo los escombros", asegura un hombre turco que le dijo un policía. Un hombre sirio sostiene que un superintendente de la policía, al que se quejó después de que un agente le propinara un puñetazo en la cara, le había dicho: "Estamos en estado de excepción. Aunque ese agente te mate, no tendrá que rendir cuentas. Nadie podrá decirle nada".

La mayoría de las víctimas relatan que fueron detenidas por grupos de policías, gendarmes o soldados mientras participaban en los trabajos de búsqueda y salvamento en edificios o cuando caminaban por Antioquía.

En la mayoría de los casos, las víctimas no quedaron bajo custodia oficial, sino que de inmediato las golpearon o las obligaron a tenderse en el suelo o arrodillarse mientras les propinaban patadas y bofetadas y las insultaban durante periodos prolongados, a veces con las manos esposadas. "A algunas las obligaron a confesar delitos", especifica el comunicado, que subraya que solo en dos de los casos estudiados hubo una investigación policial tras la detección, "lo que plantea serias dudas acerca de si existió en algún momento sospecha real de que hubieran actuado ilegalmente", apuntan.

Otro testigo entrevistado por AI y HRW  explicó que "unos soldados golpearon a tres jóvenes de entre 20 y 25 años que parecían trabajadores y pobres, a los que consideraron "saqueadores", y que animaban a los particulares presentes a sumarse a la paliza". Otra persona entrevistada dijo que había visto a un militar, al parecer de alta graduación, apelar desde su automóvil a una multitud en Samandağ, cerca de Antioquía: "Cuando atrapen saqueadores, golpéenlos como deseen, denles lo que se merecen, pero no los maten, llámennos", refería.

Gran parte de las víctimas entrevistadas, sobre todo las sirias, han preferido no presentar denuncias por la escasa confianza en que haya un proceso y temor a consecuencias. Las organizaciones exigen "sin demora" la apertura de investigaciones penales contra los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos. Sin embargo, tras comunicarle el resultado de su investigación a la Justicia turca, la respuesta que han recibido es que Turquía tiene una política de tolerancia cero con la tortura y que las conclusiones de AI y HRW eran "afirmaciones imprecisas desprovistas de base objetiva".

Más de 55.000 muertos

El de febrero fue el sismo más destructivo de la historia reciente en la zona. Ha causado alrededor de 55.000 muertos, la mayoría en Turquía (46.000 en las regiones turcas de sur y unos 7.000 en la zona norte de Siria), y la reconstrucción de las infraestructuras dañadas costará 100.000 millones de dólares, según estimaciones de la ONU, del Banco Mundial, la Unión Europea y el Gobierno turco.

La inseguridad tras los terremotos es una de las grandes preocupaciones del Gobierno, que ha hablado en varias ocasiones de episodios

Ha destruido al menos 214.000 edificios en las diez provincias turcas afectadas y 2,7 millones de personas han tenido que desplazarse a otras regiones del país. Muchos de ellos refugiados sirios, expulsados en masa durante la larga guerra en el país vecino y cada vez más despreciados política y socialmente en Turquía.

A esto se añade el enorme agujero en las economías familiares de cientos de miles de personas, que han perdido sus casas y también sus empleos. La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 828.000 personas han perdido su trabajo o no tienen forma de acceder a él en en los dos países afectados. En Turquía, serían 658.000 las personas que ya no tienen forma de seguir trabajando en las diez provincias, donde vivían cuatro millones de trabajadores. Las pérdidas medias por trabajador se calculan en 230 dólares al mes (212,3 euros al cambio actual), lo que en conjunto supondría una pérdida de 150 millones de dólares para toda Turquía (138,4 millones de euros).