Más de medio centenar de eurodiputados han firmado una carta este martes dirigida a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para pedir que se continúe con la investigación de la muerte de la defensora de la tierra Berta Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de una represa. "Hacemos un llamado al Estado hondureño para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia como a la sociedad", dice la misiva, dirigida también al fiscal Oscar Chinchilla y al presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, así como a la Comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, y a la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, Jackeline Ancheta.

Los políticos europeos mencionan directamente el juicio abierto contra Roberto David Castillo, gerente general de la empresa DESA, a quien se le acusa de ser el autor intelectual del crimen. Así, reclaman que el proceso penal, abierto desde hace más de cuarenta días, "se lleve a cabo en pleno respeto a los principios legales de imparcialidad y justicia abierta". 

Lamentan los parlamentarios, pertenecientes a diversos grupos políticos, que cinco años después del asesinato no se hayan observado "avances" en la investigación y que no se haya procesado a ninguno de los autores intelectuales. Recuerdan, además, que tampoco "se ha cancelado el proyecto hidroeléctrico", el cual ha estado "empañado" por el "fraude de Gualcarque", un caso de corrupción sobre la adjudicación de las obras contra las que protestaba Cáceres.

Este fraude de Gualcarque, según los eurodiputados, es la confirmación de "lo denunciado por Berta Cáceres: la existencia de una red de corrupción dentro de los procesos de otorgamiento de licencias y la negociación de contratos de generación eléctrica".

Los parlamentarios muestran también en el documento su "preocupación" e instan al Estado de Honduras a "reconocer a las comunidades indígenas Lencas de Río Blanco y al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) su derecho a participar como acusadores particulares como víctimas en el proceso penal". 

"El caso de Berta es un faro de esperanza para que Honduras derribe el muro de la impunidad. Este es un momento único para romper la impunidad que con demasiada frecuencia rodea a los casos que involucran a personas defensoras de los derechos humanos", concluye la misiva.