La vida del pueblo saharaui, en guerra contra Marruecos desde hace un año, no sólo es complicada en los campamentos de población refugiada del Sáhara argelino, también en España. La historia de la joven Tesh Sidi y su hermano mellizo Mamuni así lo demuestra, víctimas de la arbitrariedad administrativa española que les ha sumido en un limbo legal que niega su propia identidad.

El pasado 3 de septiembre, Tesh al fin conseguía la concesión de la nacionalidad española, después de haber iniciado el proceso en 2017 por el trámite de tiempo de residencia. A diferencia de lo que sucede con los solicitantes iberoamericanos –cuyo tiempo de residencia exigido es de dos años- y pese a haber sido territorio español, las personas saharauis han de demostrar diez años viviendo en el país.

La sorpresa de Tesh llegaría un mes después, cuando el 5 de octubre acudía al registro civil de Alcoy a realizar el acto administrativo de jura al rey y se le denegaba su inscripción. "La funcionaria me dijo que a efectos legales ya soy española, pero que no me inscribía en el registro civil porque mi partida de nacimiento y el certificado de penales han sido expedidos por la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) y ésta no está reconocida por el gobierno español".

Como efecto inmediato, Tesh no puede solicitar ni DNI ni pasaporte español, pese a ser ya española. Su hermano Mamuni correría la misma suerte, habiéndosele notificado la concesión de nacionalidad el 21 de septiembre y dándose de bruces con la negativa en el acto de jura el pasado 2 de noviembre.

Arbitrariedad de los funcionarios

"Siento impotencia, frustración", indica Tesh, que aún habría de encontrarse con otra desagradable noticia: "a la semana me llamaron desde el registro civil de Alcoy indicándome que para poder solicitar DNI tendría que someterme a una prueba forense para determinar mi edad, como se hace con los menores migrantes no acompañados, y tendrían que personarse dos testigos que lo confirmaran".

La joven saharaui, que hace nueve años que no ve a su madre, residente del campamento de población refugiada de Ausserd, precisamente por las dificultades de viajar al estar indocumentada, no sale de su asombro y denuncia la falta de un protocolo estándar en la Administración española.

"Tengo amigos que han conseguido la nacionalidad en Bilbao o Alicante sin tantas trabas", afirma, añadiendo que "es flagrante la falta de formación del funcionariado en materia de migración y, más concretamente, con la ciudadanía saharaui". Tesh hace referencia a la sentencia de 8 de septiembre de 2016, número de recurso 1747/2014, de la Audiencia Nacional, en la que se determinaba que los certificados de nacimiento y de antecedentes penales emitidos por la RASD "sí pueden tener alcance probatorio a la hora de acreditar la identidad y la buena conducta cívica del solicitante de nacionalidad española tal y como exige el Código Civil al presumirse su exactitud".

Tesh ya ha recurrido la decisión indicando, además, que no es función del registro civil cuestionar la legalidad de una documentación que previamente ya ha sido validada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, el Consulado de España en Argel y el Ministerio de Asuntos Exteriores español, contando con la aprobación favorable de concesión de nacionalidad por parte del Ministerio de Justicia español.

La joven saharaui denuncia también que "todas las comunicaciones que han hecho desde el registro civil de Alcoy han sido por vía telefónica, para que no quede nada registrado por escrito". Tesh sostiene que "utilizan un lenguaje intimidatorio, amenazando con remitir todo el papeleo al registro central de Madrid o con que yo tenga que elevar el recurso a Audiencia Nacional, lo que retrasaría todo el proceso durante años". Público ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para arrojar luz sobre este asunto, sin que éste haya atendido la solicitud.

Ni votar ni opositar

Esta no es la primera vez que estos mellizos saharauis solicitan la nacionalidad española. Su padre y su madre son saharauis conservan su DNI español, expedido cuando el Sáhara Occidental era la provincia 53 de España. Sin embargo, ello no les ha servido para conseguir la nacionalidad por la enorme cantidad de trabas administrativas con que se toparon.

En 2007, cuando contaba con doce años, Tesh inició ese camino. "Siendo menor, pensamos que sería más fácil, pero no fue así", indica la joven saharaui, que llegó a España por primera vez con ocho años, a Alicante, dentro del Programa de Vacaciones en Paz con el que niñas y niños saharauis pasan veranos con familias españolas.

Entonces no existían los trámites telemáticos y la joven recuerda las largas colas, los años de papeleos y las puertas cerradas. Históricamente, el gobierno español ha puesto toda suerte de obstáculos para conceder el estatus de refugiado o apátrida a las personas saharauis, siendo la concesión de nacionalidad una empresa repleta de zancadillas, como hace años viene denunciando la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE), entre otros organismos.

Instalada desde 2007 con sus 'padres españoles', con quienes estudió la ESO y terminó licenciándose en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante, sacándose después un máster en Madrid, esta saharaui presume de integración –"hasta aprendí valenciano"- y actualmente trabaja en una empresa española.

Sin embargo, su vida no es fácil. "Cuando terminé la carrera, me ofrecieron un trabajo en Noruega, pero no pude aceptarlo por no tener la documentación necesaria". El pasaporte argelino con que cuentan los saharauis, expedido por razones humanitarias, tan sólo es un título de viaje y no otorga nacionalidad, sin que pueda residir en ningún país de la Unión Europea. "Incluso con algunas aerolíneas, no es posible utilizarlo, que ese es otro tema a estudiar", se lamenta.

Con su NIE (Número de Identificación de Extranjero), únicamente puede viajar por el espacio Schengen, aunque no está exento de disgustos, "como cuando fui deportada desde Colonia (Alemania) a Canarias", recuerda la joven. Por ello en alguna ocasión, Tesh ha solicitado un título de viaje español, cuya validez es de un año, previo paso por notaría y el pago de 200 euros.

La misma obtención del NIE ya supuso otra odisea burocrática y, ante su pérdida, explica la joven, "habría que iniciar todo el proceso de nuevo, por lo que yo siempre lo dejo en casa; prefiero que me detengan por ir indocumentada que pasar otra vez por esa pesadilla". A sus 27 años, Tesh lleva más de una década viviendo en España, y como sucede con el resto de sus compatriotas saharauis que también se han formado aquí y pagan sus impuestos, ni puede votar ni tampoco opositar, frente a cualquier ciudadano de la Unión Europea que sí puede optar a ser funcionario público.

"Esta situación te genera ansiedad, es una crisis de identidad", admite Tesh, que a pesar de ello afirma rotunda que "mi hermano y yo vamos a luchar lo que haga falta, pagar en abogados lo que sea necesario, porque nosotros nos lo podemos permitir, pero otros migrantes con los que se comete esta injusticia no".