Washington suspende a los agentes federales implicados en los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good
Los agentes han sido apartados como parte del protocolo regular del Departamento de Seguridad Nacional tras un tiroteo.

Mineápolis--Actualizado a
El Gobierno estadounidense ha suspendido de sus funciones a varios agentes federales implicados en las muertes de Renee Good y Alex Pretti, cuando participaban en sendas protestas contra la actuación de los cuerpos del Departamento de Seguridad Nacional en Mineápolis (Minesota).
De un lado, han sido cesados temporalmente dos agentes federales de la agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés, el otro cuerpo desplegado en Minesota junto al Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, o ICE) que participaron en el tiroteo mortal del sábado contra Alex Pretti, informó este miércoles el periódico The New York Times.
Los agentes que dispararon contra Pretti, un enfermero de 37 años, han sido apartados como parte del protocolo regular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus silgas en inglés) tras un tiroteo, añadió el reportero de la cadena Fox Bill Melugin en X.
No está claro si los otros implicados también han sido puestos en licencia administrativa. En diferentes vídeos tomados por testigos se puede observar a hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.
Este martes trascendió que al menos dos agentes del CBP dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero en Mineápolis, de acuerdo a un informe del DHS entregado al Congreso. El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.
El documento explica que "después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti". En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero antes de que los agentes le dispararan. La víctima nunca la empuñó o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes.
Su muerte ha elevado las protestas en todo Estados Unidos contra la actuación de los cuerpos del DHS en Minesota, que han obligado al Gobierno del presidente Donald Trump a retirar del operativo a Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que fue enviado a su antiguo puesto en El Centro, California.
Licencia administrativa
Por su parte, Jonathan Ross, el agente de ICE que mató a Renee Good, en Mineápolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, según información oficial citada por el Huffpost este miércoles.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó cuándo se había producido dicha suspensión.
Renee Good, que había bloqueado con su vehículo el paso de los agentes, maniobraba para retirarlo de la zona de la redada cuando los funcionarios se le acercaron para intentar detenerla, momento en el que Ross, que se encontraba al frente, le disparó y acabó con su vida.
La Administración Trump ha afirmado desde un primer momento que el agente actuó en defensa propia porque Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente, aunque los videos del incidente desmienten esa versión.
Altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump han defendido las acciones de los agentes migratorios. En el caso de Ross, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente gozaba de "inmunidad absoluta".
Este miércoles, un grupo de legisladores demócratas del Comité Judicial del Senado instaron al Departamento de Justicia (DOJ) para que abra una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good.
En su carta a la fiscal general adjunta, Harmeet Dhillon, los senadores enfatizaron que la decisión del DOJ de no investigar el asesinato de la mujer, madre de tres niños, "es emblemática" y hace parte de una tendencia más amplia del DOJ a ignorar la aplicación de las leyes de derechos civiles en favor de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump.

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