Una jueza paraliza la orden de Trump que prohíbe la matriculación de alumnos extranjeros en Harvard

Un tribunal federal de Massachusetts ha revocado este viernes la prohibición de la Casa Blanca contra la matriculación de alumnos extranjeros en la Universidad de Harvard tras admitir la moción presentada solo horas antes por la propia institución educativa.

"Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable", apuntó la jueza Allison D. Burroughs.

Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9.30 hora local (13.30 GMT) una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.

La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.

La demanda de Harvard

La Universidad de Harvard había presentado este mismo viernes una demanda contra la decisión anunciada en un nuevo episodio del enfrentamiento de Trump con la institución educativa, a la que acusa de ser un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas "proterroristas" a favor de la causa palestina de la guerra en Gaza.

La demanda ha sido presentada específicamente contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons; la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, según ha anunciado Harvard en un comunicado, en respuesta a una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, en la que indicaba que el programa de la Universidad para Estudiantes y Visitantes Extranjeros había sido revocado.

Como resultado de la decisión de la Administración Trump, la institución educativa no podrá tener estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026 y tendrán que ser trasladados a otra universidad "o perderán su estatus legal". Para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard "debe proporcionar toda la información requerida en menos de 72 horas".

En la denuncia, la institución educativa ha afirmado que la certificación de Harvard para acoger a estudiantes extranjeros es "esencial" para que estos permanezcan legalmente en el país mientras completan sus cursos, y la revocación de este permiso ha "desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y clínicas y cursos". Además, ha asegurado que cumplió con los requisitos enviados por la Administración el pasado abril para conservar su financiación y facilitó al Gobierno información sobre los alumnos con visados de estudiante, tal y como este solicitaba.

Harvard solicita declarar la inconstitucionalidad de la decisión

Tras asegurar que siempre ha respondido a las peticiones "como lo exige la ley", la Universidad de Harvard ha solicitado a un tribunal del distrito de Massachusetts que declare la inconstitucionalidad de la orden de la Administración Trump al representar una violación de la Primera Enmienda y de la cláusula del debido proceso legal, y avisa de que continuará sus acciones legales con la presentación de una moción para suspender temporalmente la orden de la Casa Blanca.

Acompañando al texto de la demanda, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, ha denunciado una acción "ilegal e injustificada" de la Administración Trump, que pone en peligro "el futuro de miles de estudiantes" y sirve de "aviso para incontables" alumnos y profesores "de universidades de todo el país".

"Para los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer, sabed que sois miembros vitales de nuestra comunidad. Vosotros sois nuestros compañeros de clase y amigos, nuestros colegas y mentores", ha concluido el presidente de Harvard en la página web de la universidad.

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Harvard ya demandó el pasado abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal –que supone alrededor de 2.600 millones de dólares–, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump, por aplicar políticas de discriminación positiva o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como "diversidad de ideas".

Las acusaciones de antisemitismo vertidas por el líder republicano hacen referencia, sobre todo, a las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otras facultades estadounidenses.