Otra semana negra en la administración estadounidense. Donald Trump ha ampliado su purga ideológica a los organismos que se presuponían más independientes: el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y la Reserva Federal. El presidente estadounidense ha despedido a la directora del CDC, Susan Monarez, por no alinearse con su agenda ideológica y también está tratando de hacer lo mismo con una de las gobernadoras del banco central estadounidense, Lisa Cook. Ambos movimientos han hecho saltar las alarmas porque las consecuencias de ambas maniobras, en las que Trump vuelve a desafiar los límites de su poder, también pueden repercutir en la economía estadounidense y la salud pública.

Cook se ha negado a abandonar su cargo y este mismo viernes ya estaba sentada en el juzgado de Washington para la primera vista sobre la demanda que ha interpuesto contra Trump. La gobernadora pide a los jueces que bloqueen la decisión del presidente estadounidense mientras se decide sobre la legalidad de la maniobra. A pesar de que los estatutos fundacionales de la Fed otorgan autoridad al presidente para despedir sus miembros en caso de negligencia o crimen, Trump solo se ha basado en acusaciones, las acusaciones de fraude hipotecario contra Cook que no han sido probadas judicialmente.

En el caso de Monarez, Trump ya ha nombrado a un sustituto en funciones: Jim O’Neill, el subsecretario de Salud, que sin duda facilitará mucho más el trabajo al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en su agenda antivacunas. Los abogados de Monarez ya explicaron en un comunicado que van a recurrir el despido, ya que, según su clienta, debería venir directamente del presidente. Trump no ha hecho ningún comentario público sobre la cuestión.

El CDC siempre se ha visto como un centro de investigación para obtener información que ayude en la toma de decisiones. Los análisis del banco estadounidense sobre la inflación y la ocupación son claves para inversores y compañías. Incluso sirve de referencia para otros bancos centrales, como se vio durante el 2024 con las bajadas de los tipos de interés por parte del banco central europeo. 

Pero ambos despidos ahora ponen en cuestión la credibilidad de la independencia de ambos organismos. El intento de echar a Cook llega en medio del asedio de Trump a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. En reiteradas ocasiones ha amenazado al presidente de la Fed, Jerome Powell, con despedirle por no aplicar recortes al precio del dinero que sigue congelado desde principios de año. Además, el despido de Cook dejaría una nueva vacante para que el republicano la llenara con uno de los suyos e inclinara la balanza mucho más a su favor.

En total hay siete miembros de la junta de gobernadores que votan las decisiones de la Fed (incluido el presidente y el vicepresidente, que también son gobernadores). Trump nombró a dos actuales miembros, Christopher Waller y Michelle Bowman, además de Powell. Con la renuncia abrupta de Adriana Kugler a principios de agosto, a Trump ya se le ha abierto una puerta para meter su primer lealista dentro del organismo: Stephen Miran. Si logra quitar de en medio a Cook, podría tener a dos lealistas dentro más otros dos cargos que, debido a la presión, podrían ceder. Incluso Powell, que a pesar de haber mantenido la cabeza fría todo este tiempo, en la conferencia de Jackson Hole la semana pasada se abrió tímidamente a bajar los tipos.

En el escenario de la Fed hay otro elemento a tener en cuenta: que si Trump logra imponerse a Cook en los tribunales, sentará un gran precedente para despedir con mayor facilidad a los miembros de la junta de gobernadores del banco central. En anteriores sentencias, el Supremo ha señalado que el caso de la Fed es especial en comparación con  otros organismos administrativos. Se trata de una institución de poder único cuya independencia exige que el presidente tenga una causa justificada para destituir a sus dirigentes. Probablemente, sea cual sea el resultado del tribunal de Washington, el caso de Cook acabará en la mesa del alto tribunal regido por una amplia mayoría conservadora.

El caso de Monarez es un poco menos explícito, en tanto que su destitución es consecuencia de una discusión directa con Kennedy por las políticas sobre la vacunación. La defensa de la exdirectora de la CDC ya ha expuesto cómo el conflicto se originó cuando Monarez se negó a "estampar su firma en unas directivas, anticientíficas y temerarias, a los expertos en sanidad". Como Kennedy no tenía autoridad para destituirla, ya que Monarez fue certificada por el Senado como directora de la agencia, empezó a presionarla para que ella sola dimitiera. La campaña de acoso acabó derivando en el despido vía interna por parte del presidente. 

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Otros cuatro altos cargos de la CDC han dimitido en masa, frustrados por el posicionamiento de Kennedy con las vacunas: Debra Houry, directora médica; Demitir Daskalakis, responsable del área de recomendaciones de vacunas; Daniel Jernigan, encargado de la seguridad vacunal, y Jennifer Layden, jefe de datos de salud pública. Todos ellos denunciaron en distintos mensajes internos la "politización" de la agencia y advirtieron de los riesgos para la seguridad sanitaria del país.

El escándalo de ambos despidos ha hecho que pasara desapercibida otra alarma: al menos 200 personas han abandonado la Comisión Nuclear Reguladora de Estados Unidos (NRC) como consecuencia de sus intentos para politizar el organismo independiente. La NRC se encarga de controlar las licencias radioactivas y el uso civil de dicho material. 

La desbandada dentro de la agencia ha hecho que excargos de la NRC hayan advertido de los riesgos de seguridad que esto implica. El pasado mes de junio, Trump despidió al comisionado Christopher Hanson y Annie Caputo dimitió de forma abrupta el pasado mes de junio. "Es una situación sin precedentes, con algunos altos directivos que se han visto obligados a marcharse y muchos otros optando por la jubilación anticipada o, peor aún, la dimisión", decía en una entrevista al Financial Times Scott Morris, ex subdirector ejecutivo de operaciones de la NRC, que se jubiló en mayo. Morris explicaba al medio la peligrosidad de reemplazar todos estos trabajadores con sustitutos con motivaciones políticas. Sobre todo porque muchos de los problemas actuales no serían descubiertos hasta dentro de muchos años. Y puede que tarde.