La Casa Blanca nunca fue el final de la espiral de la ira por la que Donald Trump descendió durante la campaña electoral. Al contrario, una vez sentado en el Despacho Oval las vueltas de la espiral trumpiana se han acelerado, convirtiéndose en una perforadora rabiosa que busca todas las fallas del sistema democrático para hacerlo saltar por los aires. La promesa de venganza siempre estuvo ahí, el relato del "enemigo interno" también. La diferencia es que antes Trump hablaba de ello ante sus seguidores como candidato electoral, y ahora lo ha hecho ante los generales del ejército estadounidense en calidad de comandante en jefe. 

"He firmado una orden ejecutiva para proporcionar capacitación a una fuerza de reacción rápida que pueda ayudar a sofocar disturbios civiles, y esto va a ser algo muy importante para las personas en esta sala, porque se trata del enemigo desde dentro, y tenemos que manejarlo antes de que se salga de control", decía Trump el martes a los 800 altos mandos militares que había sentados ante él. Ninguno de ellos había aplaudido cuando el presidente entró al escenario, algo que le incomodó en contraste con el público entregado a sus palabras. 

"Le dije a Pete [Hegseth, el secretario de Defensa] que deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas", afirmó el comandante en jefe de las fuerzas armadas ante los generales. Como ya viene siendo habitual en el presidente, sus discursos cada vez están menos relacionados con el contexto y lo que probablemente quería ser una arenga belicista fue una enésima reedición de los mítines de campaña. 

Las palabras de Trump aún tienen una connotación más oscura después de que haya declarado, vía orden ejecutiva, al movimiento antifascista como "terrorismo doméstico". A raíz del asesinato del influencer de extrema derecha Charlie Kirk, el presidente estadounidense ha azuzado el odio a la izquierda y ha dejado atrás los eufemismos para maquillar la persecución ideológica que inició desde el primer día que regresó a la Casa Blanca. 

"Están amenazando con degradar a almirantes y generales que no sean suficientemente leales a su agenda", explica a Público David Super, profesor de Derecho Constitucional de Georgetown. "Están pidiendo que entren en ciudades estadounidenses, lo cual es claramente ilegal. Y eso podría terminar siendo una prueba de si un determinado general o almirante es más leal a la Constitución y a las leyes o más leal al presidente. Si sucede, sería una crisis sin precedentes en este país".

El profesor de Derecho Constitucional advierte de que Trump ha logrado instaurar la crisis constitucional como una nueva realidad política del país, tensando al límite el sistema democrático estadounidense. "Estamos en una grave crisis constitucional. Y una de las más serias en la historia de nuestro país. Trump ha hecho una serie de cosas que ninguno de sus predecesores había hecho. Y ha expresado interés en reprimir el discurso crítico que, de llevarse a cabo, lo convertiría efectivamente en un dictador", alerta Super.

Con el asesinato de Kirk la Administración de Trump hizo un llamamiento a delatar a todas aquellas personas, sean anónimas o públicas que critiquen el discurso homófobo y xenófobo del activista. Incluso la fiscal general Pam Bondi llegó a plantear la posibilidad de que la Primera Enmienda de la Constitución, aquella que protege el derecho a la libertad de expresión, podía llegar a tener un límite.

Trump no solo ha conseguido poner en jaque el orden constitucional, el cual Super recuerda que el presidente ya ha violado después de no haber cumplido con la orden del Supremo de dar tiempo suficiente a las personas que fueran a ser deportadas bajo la ley de enemigos extranjeros a buscarse un abogado para defenderse. "Así que ha demostrado su disposición a violar las órdenes del Supremo. Y desde entonces el Supremo no ha emitido muchas órdenes en contra de la Administración, lo cual espero que no refleje que el tribunal sienta que no puede fallar en contra del presidente", expone.

Pero es que además de desafiar al sistema judicial, también ha logrado politizar e instrumentalizar el departamento de Justicia. La semana pasada, la fiscal general logró imputar al exdirector del FBI James Comey, a quien el presidente se la tenía jurada por las investigaciones de 2016 sobre sus posibles vínculos con Rusia. Lo hacía después de la bronca pública de Trump, vía Truth Social, en el que le exigía "justicia" y sentar a Comey en el banquillo. Bondi había estado bregando para encontrar pruebas para poder imputarle cargos por perjuicio y obstrucción a la justicia. 

"El caso contra el exdirector Comey es ampliamente considerado débil e imposible de ganar, no solo por observadores externos, sino también por fiscales de carrera en el Departamento de Justicia", expone Super. Y, una vez más, el experto en Derecho Constitucional advierte de que "si el Departamento de Justicia simplemente se convierte en un mecanismo para llevar a cabo las venganzas personales del presidente, entonces habremos avanzado mucho hacia una dictadura".