A finales del mes de septiembre, una empresa estatal egipcia dedicada a espectáculos de luz y sonido en complejos arqueológicos anunció la convocatoria de una licitación para inversores con el fin de desarrollar sus instalaciones en las icónicas Pirámides de Giza. Solo un día después, la autoridad ferroviaria del país árabe estableció una compañía para gestionar el transporte de mercancías que estará participada por un holding público pero cuya dirección será ofertada igualmente al sector privado.

El gobierno egipcio ha defendido que la entrada de inversores y gestores privados en las anteriores empresas va a contribuir a su desarrollo. Pero ambas operaciones representan uno de los primeros frutos de una nueva ley para regular el histórico sector público egipcio que entró en vigor el pasado 5 de septiembre. La norma, que coge como referencia al precarizado sector privado del país, abre la puerta a liquidar el 40% de las empresas estatales, merma las condiciones laborales de los trabajadores, convierte en marginal su representación en la dirección de las compañías y amplía la de actores privados.

La nueva legislación ha sido aprobada en consonancia con los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, desde que rescató a Egipto con un opaco préstamo de 12.000 millones de dólares en 2016, ha empujado a El Cairo a reformar profundamente su amplio sector público en beneficio del privado. Este año, a raíz de la crisis económica catalizada por el coronavirus, el FMI ha vuelto a rescatar al régimen egipcio con dos polémicos créditos de 5.200 millones y 2.700 millones de dólares, respectivamente.

La ley ratificada a principios de septiembre por el presidente egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, es una de las ofensivas más agresivas contra el sector público del país, pero va en línea y profundiza otras normas aprobadas con el mismo fin desde los años setenta. En este sentido, la nueva ley enmienda otra de 1991 para regular las empresas estatales que ya las moldeó con unas matrices similares a las del sector privado, tal y como detalla una pieza del medio egipcio independiente Mada Masr. También entonces, la norma fue aprobada tras firmarse un acuerdo con el FMI, y sentó las bases para una ola de privatizaciones sin precedentes liderada luego por los halcones neoliberales del régimen de Hosni Mubarak.

Estos cambios han ido desmantelando gradualmente a lo largo de las últimas décadas el modelo de industrialización dirigido por el Estado que impulsó desde los cincuenta el régimen de tendencias socialistas de Gamal Abdel Nasser. Esta apuesta transformó profundamente la economía del país árabe, restringiendo y controlando el sector privado mientras el público asumía la carga de generar empleo y crecimiento y recibía las mayores inversiones. La situación, sin embargo, empezó cambiar con las políticas liberalizadoras llevadas a cabo por el sucesor de Nasser, Anwar El Sadat, a partir de los años setenta.

En este contexto, la nueva ley rubricada por Al Sisi contempla que las compañías estatales cuyas pérdidas superen la mitad de su capital podrían ser liquidadas, un nivel que según protestaron miembros del Parlamento egipcio durante el debate acerca de la norma, pone en peligro hasta el 40% de empresas públicas y a los trabajadores de las mismas.

De acuerdo con el redactado de la norma, las compañías que se encuentren en la anterior situación financiera tendrán tres años para resolverla, algo que solo podrá conseguirse incrementando su capital. De lo contrario, su dirección –cada vez más alejada de los trabajadores– deberá decidir entre fusionarla con otra empresa o bien liquidarla.

Desde que se aprobó la ley, los movimientos de fondo en el sector público no se han detenido ni un instante, tal y como informa regularmente la prensa local. En este sentido, el controvertido ministro de empresas del sector público, Hisham Tawfik, se ha reunido con representantes de la Federación General de Asociaciones de Inversores para estudiar fórmulas de cooperar, y puso encima de la mesa como ejemplo la fusión de tres empresas de transporte público en una de sola dirigida, en parte, por el sector privado, según el diario Masrawy. El mismo ministro ha anticipado también que planea reestructurar una destacada empresa pública dedicada al comercio exterior, una histórica compañía farmacéutica y una icónica empresa siderúrgica. El holding de Turismo y Hoteles, y una compañía del sector textil y del algodón, podrían también correr una suerte similar.

"Existen una serie de compañías que van a ser liquidadas, y otras empresas que van a ser reestructuradas, algunas de ellas vendiendo parte de sus bienes para decir que lo van a utilizar en su desarrollo, y el resto de compañías van a ser propiedad de inversores", anticipa Rahma Rafat, asesora legal y coordinadora de programas del Centro de Servicios para Sindicatos y Trabajadores, una organización de apoyo a los trabajadores egipcios.

"Lo que esperamos es que, al menos, las compañías no vayan a ser liquidadas, incluso si la alternativa pasa por adoptar una titularidad compartida [público-privada], porque la liquidación significa despedir a trabajadores, con lo que ello conlleva", agrega Rafat.

Además de allanar el camino para la liquidación o privatización parcial de empresas del sector público, la nueva ley que las regula modifica la dirección de las compañías y reduce la representación de sus trabajadores. Hasta el momento de aprobarse, los trabajadores de las empresas públicas debían constituir el 50% de su junta, mientras que a partir de ahora este porcentaje se verá reducido al 25% en el mejor de los casos. En su lugar, en cambio, se aumentará la presencia de figuras externas disfrazadas de "expertos".

En este caso, sin embargo, Rafat considera que las enmiendas no van a suponer un cambio "significativo" puesto que la representación a la práctica ya era baja antes, y señala que las críticas en esta dirección de la "progubernamental" Federación General de Sindicatos buscan preservar solo sus beneficios. "La Federación no levanta nunca la voz excepto cuando se trata de sus intereses directos; y la representación en las empresas suponía una gran fuente de ingresos para sus miembros", achaca, Rafat, que, por el contrario, nota que la representación elegida directamente por los trabajadores es la más importante. La Federación no se encontraba inmediatamente disponible para comentar.

Asimismo, entre los cambios introducidos también se pasa a excluir a las organizaciones sindicales a la hora de redactar los reglamentos que incumben a los trabajadores, y reduce su función a una de consultiva. La norma también incrementa la transparencia de las empresas públicas, al obligarlas a publicar sus resultados dos veces al año.

La aprobación de la ley ha coincidido con una sentencia de la Corte Administrativa Suprema de Egipto que niega el derecho a la huelga de los trabajadores del sector público. De hecho, la resolución del tribunal se emitió el mismo día que la ley del sector público apareció en la gaceta oficial, y falla que, si bien las huelgas están permitidas en el sector privado, este no es el caso para sus compañeros del público, informó Mada Masr.

La decisión no podría haber llegado en un momento más indicado. En los últimos meses, y en particular desde junio, se han sucedido múltiples protestas de trabajadores de empresas públicas que denuncian que las compañías no han respetado algunos de sus derechos, como el cobro de mensualidades. Entre ellas, ha destacado una sentada de alrededor de mil trabajadores de una empresa de fertilizantes, pero se han producido otras de menores en la compañía de transporte público, la hotelera y fábricas de papel y textil.

"Como hay compañías en situaciones de transición, entre el sector público y el privado, y empresas que se espera que se liquiden sin que este proceso haya finalizado, la ambigua situación da pie a confusiones por parte de los trabajadores acerca de sus condiciones y de la pérdida de algunos de sus derechos", explica Rafat. Además, Refat señala que "los salarios de las empresas del sector público son casi constantes o aumentan muy poco, [de modo que] con el aumento de precios [en Egipto] en los últimos años, las condiciones de los trabajadores en estas compañías se han deteriorado".

"Los trabajadores sienten que sus empresas pueden ser vendidas o liquidadas, y esto les causa ansiedad acerca de su futuro", se lamenta Rafat.