Turquía despidió a cientos de funcionarios y reforzó los poderes del presidente Tayyip Erdogan sobre el servicio de inteligencia nacional (MIT) en dos decretos publicados el viernes, la última medida dentro del estado de emergencia impuesto por el intento de golpe de Estado del año pasado.

Turquía ha despedido o suspendido a más de 150.000 funcionarios en purgas desde el fallido golpe, mientras que ha enviado a la cárcel, a la espera de juicio, a unas 50.000 personas, entre ellas soldados, policías y funcionarios públicos.

Las medidas se han destinado contra personas de quienes las autoridades dicen que sospechan que tienen vínculos con la red del clérigo musulmán Fethullah Gulen, al que Ankara culpa del golpe.

Según los últimos decretos, publicados en la gubernamental Official Gazette, más de 900 funcionarios de ministerios, instituciones públicas y el Ejército fueron apartados de sus puestos. Entre ellos había más de un centenar de personal académico.

Según los decretos, se exigirá el permiso del presidente para que la agencia nacional de inteligencia MIT investigue o actúe como testigo. El presidente presidirá también el comité de coordinación nacional de inteligencia.

La Fiscalía de Ankara tendrá la autoridad para investigar a miembros del Parlamento por supuestos delitos cometidos antes o durante unas elecciones, según una de las medidas.

Uno de los decretos ordenó también el cierre de la agencia de noticias prokurda Dihaber y de dos periódicos, todos con sede en la localidad de Diyarbakir, en el sureste del país. Desde el golpe, unos 130 medios han sido cerrados y unos 150 periodistas están encarcelados.

Esas medidas han alarmado a los aliados occidentales de Turquía y a los grupos de derechos humanos, que dicen que Erdogan ha usado el golpe como pretexto para atacar a la disidencia.

Unas 250 personas murieron en el golpe del año pasado, y el Gobierno ha dicho que son necesarias las medidas de seguridad dada la gravedad de las amenazas que afronta Turquía. Gulen ha condenado el intento de golpe y negado su implicación.

Según los decretos, Turquía contratará a 32.000 efectivos para la policía, junto con 4.000 jueces y fiscales.