El Gobierno polaco, que ha hecho del discurso contra la inmigración su baluarte electoral y político, está bajo todas las miradas por una gran trama de tráfico de personas. El viceministro de Asuntos Exteriores, Piotr Wawryk, habría maniobrado para sobornar a cientos de miles de personas de África y Asia otorgándoles visados con el objetivo de que llegasen a Estados Unidos a través de Europa haciéndolas pasar por actores de Bollywood. El líder de la oposición, Donald Tusk, se ha referido a ello como "el mayor escándalo de corrupción en Polonia del siglo XXI". La Comisión Europea está siguiendo muy de cerca "y con mucha preocupación" las noticias que llegan desde Varsovia.

El 31 de agosto, Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, anunció el cese de Wawryk alegando falta "de cooperación satisfactoria". Poco después, el portal Onet ponía nombre y narrativa a lo que estaba sucediendo desde hacía meses. El medio polaco revelaba la trama de los "cineastas de Wawryk", según la cual el político había tejido una red de contrabando desde Nueva Delhi hasta Abuja para otorgar el visado a personas previo pago, según el medio local, de entre 25.000 y 40.000 dólares. El suceso deja ya una cascada de dimisiones y despidos en la maquinaria diplomática y consular del país. La oposición habla de 350.000 visados, algo que está ya en manos de la Fiscalía.

"El enfoque cauteloso de los cónsules para emitir visas a extranjeros de Asia y África fue reemplazado por las órdenes de Wawrzyk. Fue él quien decidió quién debía obtener visas y no dudó en usar su poder", escribe Onet. Tras detectar las irregularidades, fueron los servicios de inteligencia estadounidense quienes dieron el aviso a las autoridades polacas, que actuaron con rapidez y nerviosismo para minimizar el impacto ante las elecciones legislativas del próximo 15 de octubre en las que el Partido Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara, se juega el poder.

'Shock' en Europa

El escándalo está levantando mucho polvo en Bruselas y en las capitales. En base al principio de libre circulación de personas, la visa otorga vía libre para transitar por el bloque comunitario, además de Suiza e Islandia. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha enviado una carta pidiendo explicaciones al Ejecutivo polaco, que tiene de fecha hasta el 3 de octubre para responder. "Estamos siguiendo muy de cerca las informaciones que llegan sobre estos presuntos casos de corrupción y sobornos. Las acusaciones son muy preocupantes", afirmó esta semana su portavoz Anitta Hipper. Bruselas investiga si se habría violado la normativa de Schengen.

Más lejos ha ido la familia socialdemócrata europea: "Estamos en shock por las informaciones que llegan desde el Gobierno del PiS utilizando la inmigración para llenarse los bolsillos a través de sobornos. La Comisión Europea debe investigar el escándalo de las visas. No podemos confiar una investigación polaca dado las deficiencias del país sobre el Estado de Derecho".

Pero el gran choque diplomático ha llegado desde Alemania. El Ejecutivo germano comandado por Olaf Scholz ha deslizado la idea de imponer controles a lo largo de los 1.000 kilómetros de frontera que comparte con Polonia tras detectar un aumento de solicitantes de asilo a través de este punto y vinculándolo al escándalo de las visas. "No quiero que Polonia simplemente deje pasar a la gente y luego tenga una discusión sobre nuestra política de asilo, afirmó en un mitin el pasado fin de semana, en declaraciones que recoge el portal Politico. No obstante, la coalición de Gobierno germana lleva semanas bajo presión por el ascenso de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) y las divisiones internas para reducir el número de refugiados y migrantes y acelerar el retorno de todos aquellos que no cumplan con los requisitos de asilo.

Sus declaraciones no tardaron en dejar una respuesta furiosa en el país vecino, que las calificó de "dañinas" para la relación bilateral. "Son un intento e interferir en los asuntos internos de Polonia en medio de la campaña electoral en marcha", criticó Zbigniew Rau, ministro de Asuntos Exteriores polaco, a través de la red social X. Desde Varsovia, la estrategia ha sido desvincularse y culpar a los medios de comunicación de magnificar el suceso para perjudicarle en las urnas.

Cerco a los migrantes

Polonia se encamina a unas elecciones cruciales el próximo 15 de octubre. Los resultados se avistan ajustados y el PiS podría perder el poder tras ocho años y dos mandatos consecutivos durante los que ha liderado el país con mano de hierro sobre la inmigración. Como en la campaña electoral anterior, el cerco a los refugiados han sido la diana en el discurso de la formación ultraconservadora. De hecho, los de Morawiecki han hecho coincidir los comicios con un referéndum sobre el último acuerdo migratorio alcanzado en el seno del Consejo de la UE.

Mediante el mismo, los 27 países europeos están obligados a reubicar a solicitantes de asilo desde los países de primera línea como Grecia o Italia o, en su lugar, a pagar una cuantía de 22.000 euros por cada persona rechazada. Polonia y Hungría, el tándem iliberal de la UE, ya han anunciado que no su aceptan ninguna de las opciones. Su negativa les llevaría -en un proceso largo- ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) donde ya acabaron tras no acoger a ningún refugiado tras la crisis de 2015. Luxemburgo dio, por entonces, la razón a la Comisión Europea.