El Gobierno de Países Bajos dimite por el escándalo de las ayudas sociales que llevó a la bancarrota a miles de familias

Un escándalo político sin precedentes en Países Bajos fuerza a dimitir al Gobierno de centro-derecha de Mark Rutte. Las autoridades tributarias lanzaron durante la legislatura anterior acusaciones infundadas de fraude contra 26.000 familias que recibían un subsidio oficial para el cuidado de sus hijos. Hacienda informó a los padres de que no tenían derecho a las ayudas y las familias fueron obligadas a devolver las cantidades recibidas, que en algunos casos ascendían a 100.000 euros. Pero ahora se sabe que los oficiales de Hacienda los acusó sin pruebas, los hizo devolver las cantidades recibidas y los persiguió judicialmente, abocando a muchos de esos hogares, en su mayoría de origen migrante, a la bancarrota o a la pérdida de sus domicilios.

Los medios neerlandeses dan por hecho la presentación de la dimisión de Rutte y su Ejecutivo al rey Willem-Alexander en las próximas horas. Dimiten, aunque continuarán como Gobierno en funciones hasta las generales, que se celebrarán en marzo. 

El caso salió a la luz a mediados de diciembre, aunque los hechos tuvieron lugar entre 2012 y 2017. A los hogares beneficiarios de ayudas se les consideró delincuentes por meros defectos de forma en la cumplimentación de requisitos administrativos. El Defensor del Pueblo denunció que la acción de Hacienda puso a las familias en una situación "imposible" y atentó contra los derechos de la infancia, según informa El Salto. 

A los hogares beneficiarios de ayudas se les consideró delincuentes por meros defectos de forma en la solicitud

Un informe de una comisión parlamentaria, titulado Injusticia sin precedentes, ha establecido que se siguieron una serie de consignas que vulneraron el amparo legal de los hogares beneficiarios de ayudas. El informe señala como responsables últimos al actual primer ministro Mark Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, y a los ex miembros del gobierno del gabinete anterior Lodewijk Asscher y Eric Wiebes, entonces ministros de Asuntos Sociales y de Finanzas, respectivamente.

El escándalo aboca al país a un panorama político incierto

A 500 millones de euros se estima que alcanzan las compensaciones de este escándalo, que en cualquier caso son ínfimas en comparación con las políticas. La dimisión en bloque está destinada a evitar una moción de confianza y la consiguiente reprimenda parlamentaria. Los sucesos podrían paradójicamente favorecer al Partido de la Libertad (PVV), de extrema derecha, que se sitúa como segunda fuerza más votada en los sondeos de las elecciones del próximo marzo. 

El líder laborista, Lodewijk Asscher, que partía con grandes esperanzas, ha tenido que dimitir por ocupar entonces el cargo de ministro de Asuntos Sociales. "Sí, fui ministro de Asuntos Sociales durante la anterior gran crisis que enfrentó nuestro país. No, no sabía que la Autoridad Tributaria inició una caza injusta de miles de familias", ha declarado el exministro.