El próximo 1 de julio España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea, un rol con una importante carga política pero también simbólica. El inicio de esta presidencia española coincidirá con la publicación del informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en los diferentes países europeos. España no sale bien parada en este aspecto: la Fundación Hay Derecho, especializada en estos asuntos,  advierte en su último informe de "los graves problemas en materia de Estado de derecho" que presenta España.

A pesar de las reiteradas recomendaciones de la UE a España para mejorar el Estado de derecho, Hay Derecho recuerda que España asumirá la presidencia europea "sin haber resuelto asuntos claves como son la renovación del CGPJ o la insuficiencia de los medios procesales y materiales para luchar contra la corrupción institucional". 

En ese sentido, España lidera desde el año 2016 la lista de "países sometidos a procedimientos de infracción del derecho comunitario". Según datos de la propia Comisión Europea, a finales de 2021 España acumulaba 105 infracciones por trasposición tardía, incorrecta o ejecución deficiente de directivas de la UE.

Casi todas las sanciones por estas infracciones culminan en multa, la mayoría millonarias y las termina pagando la ciudadanía, como señala Safira Cantos, directora general de Hay Derecho: "Las multas las paga la ciudadanía con sus impuestos, de la misma manera que asuntos graves como la parálisis del CGPJ afecta al número de sentencias anuales y, en definitiva, al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. España tiene muchos deberes que hacer antes de asumir la Presidencia, y además se trata de mejoras perfectamente asumibles por el Gobierno o el Parlamento español".

El próximo mes de julio la Comisión Europea publicará su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en los países miembros de la UE.

El pasado informe de 2021, la Comisión incluyó una serie de importantes recomendaciones para España. Hay Derecho ha participado en la consulta pública del informe, aportando información sobre la deficiente aplicación de las recomendaciones. 

Hay Derecho pone algunos ejemplos, pero hace especial hincapié en que "no se ha conseguido reducir la duración de las investigaciones para mejorar la eficiencia del manejo en los casos de corrupción de alto nivel". Aún no se ha derogado el plazo máximo de instrucción penal –aprobado en 2015– de 12 meses en casos de corrupción, con prórrogas de seis meses.

"Los casos de corrupción son complejos de investigar, por lo que establecer plazos máximos tan insuficientes puede derivar en el archivo de causas por falta de tiempo", explica Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. 

Tampoco se ha avanzado en la recomendación de proceder en primer lugar a la renovación del CGPJ y en segundo lugar a su reforma, para adaptarla a los estándares de la Unión Europea, ni tampoco en lo que se refiere a la revisión de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.