La emergencia del coronavirus obtuvo una respuesta europea. Con muchas vidas en juego, la UE –fiel a su principio de avanzar en tiempos de crisis- respondió con medidas sin precedentes hasta la fecha: compra conjunta de vacunas; emisión de deuda común y masiva en los mercados; y congelación de las normas fiscales del Pacto de Estabilidad. España ha partido de estos hitos para elevar sus demandas a la UE en la actual crisis energética. Desde el comienzo del aumento en las tarifas de la luz, la estrategia de Madrid fue europeizar el debate y apostar todas sus cartas a resolver la crisis en Bruselas.

La lógica tenía sentido. Si la pandemia demostró en antaño que lo impensable podía hacerse en tiempos de crisis, ¿por qué no iba a funcionar ahora? Muchas son las diferencias. Con el coronavirus, todos los Estados miembros afrontaban retos comunes y similares. Pocas veces se había visto tanto consenso y apoyo en torno a dotar con más armas a la UE y a cederle competencias para que maniobrase de forma contundente y rápida ante una crisis sanitaria, económica y multidimensional que nadie esperaba.

Pero la de la luz es diferente. Los 27 Estados miembros cuentan con mix energéticos muy dispares. Mientras unos dependen grosso modo de las energías nucleares, como Francia, otros lo hacen del carbón, como Polonia. También difieren las lecturas sobre los motivos de este aumento sin precedente de la tarifa energética, que solo es comparable al vivido en la década de los 70 con la crisis del petróleo. Además, la actual crisis de la energía no es puramente económica. Es un desafío con dimensiones políticas, sociales, medioambientales y geopolíticas.

España aterrizó en la cumbre europea de otoño con la intención de dar la batalla, pero regresa con las manos prácticamente vacías y con la ambición arañada de volver a revisar el tema en la próxima cita que reunirá a los 27 líderes en diciembre. En el corto plazo, la patata caliente se traslada a los ministros de Energía, que se dan cita de forma extraordinaria el próximo martes en Luxemburgo.

Desde las primeras subidas en la factura de la luz durante el verano, la intención del Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha sido en todo momento europeizar el debate poniendo sobre la mesa medidas muy ambiciosas. Tales como la reforma profunda del mercado energético, la revisión sobre la especulación en el mercado de emisiones o la compra conjunta de gas por parte de la Comisión, como ya hizo con las vacunas. Exceptuando la primera, Bruselas se plantea revisar y estudiar el estado de estas peticiones, pero sin urgencia, sin convicción y sin calendario.

Y es que el equipo que lidera Ursula von der Leyen, apoyado por Alemania y Países Bajos, estima que la energética es una crisis pasajera, temporal y que será recordada por muy pocos en cuestión de meses. Por ello, ha evitado hasta la fecha emprender medidas drásticas. Su apuesta principal y a corto plazo es que sean los Gobiernos nacionales los que adopten medidas de apoyo para que los colectivos y personas más vulnerables no queden relegados a la pobreza energética.

A pesar de la ambigüedad y de la falta de concreción que arrojan las conclusiones europeas adoptadas, España se muestra satisfecha. El propio Pedro Sánchez llegaba a la cita resignándose a la lentitud de los tiempos en Bruselas. Fuentes de La Moncloa explican que el debate sobre la luz era hace unos meses un problema estrictamente nacional, pero ya se encuentra en lo más alto de la agenda comunitaria.

Y España no está sola en sus demandas. Con matices, Francia o Grecia son también grandes defensores de pasar a la acción ante un invierno que se depara tosco. Pero la ecuación en la mesa del Consejo Europeo es marciana y el equilibrio; imposible. Polonia quiere más ayudas y tiempo para la descarbonización; Francia busca proteger su energía nuclear; Alemania sigue su tendencia hacia el gas reforzada por la cercana puesta en marcha del gaseoducto Nord Stream II; los nórdicos abogan por preservar a toda costa la transición verde; y los del Este por disminuirla. Mientras que Chequia ha amenazado con bloquear las conclusiones si no había una revisión en el Sistema de Comercio de Emisiones.

Poco hace entrever que medidas de alcance europeo lleguen a tiempo para suavizar la factura de los consumidores comunitarios durante la época estival. Las medidas, al menos en el corto plazo, deberán salir de los Gobiernos nacionales. Uno de los motivos de este aumento en la tarifa es la disminución de reservas de gas que llegan desde Rusia, el mayor proveedor de la UE. Y ante uno de sus grandes quebraderos de cabeza para los próximos meses, el presidente ruso Vladimir Putin ha querido dejar su huella en la cumbre: no aumentarás los suministros si no obtiene alguna concesión por parte de los europeos. Para el Kremlin el tema del gas es tan económico como político.

La ambición climática comienza a agrietarse

De forma casi accidental, el debate energético ha abierto las grietas de la transición ecológica. Países como Hungría y Polonia responsabilizan al Acuerdo Verde Europeo y a las normas medioambientales propuestas por Bruselas para convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático en 2050 como uno de los responsables directos del aumento de los precios de la luz. El primer ministro magiar, Víktor Orbán, ha exigido repensar las leyes climáticas europeas alegando que están "destruyendo a la clase media" y "amenazando la democracia europea".

Hay quienes temen que capitales en deriva autoritaria como Varsovia o Budapest aprovechen esta coyuntura de crisis para hacer su propio juego político y amenacen con frenar la mayor ambición de la Comisión Von der Leyen: la lucha contra el cambio climático.

La deriva de Polonia ha sido, precisamente, el otro gran tema de la primera jornada de cumbre de otoño. Pero los líderes europeos evitan –de momento- el choque de trenes con este díscolo del Este que hace unos días sobrepasó una línea impensable hasta la fecha: declaró la supremacía de su Constitución sobre el acervo europeo. Con los fantasmas del brexit sobrevolando y la UE en continuo estado de crisis, una mayoría de líderes han optado por dar una oportunidad al diálogo y no sacar toda la artillería pesada. A pesar de que la decisión del Tribunal Constitucional polaco desató indignación y frustración en muchas capitales, fuentes europeas aseguran que el debate entre los Veintisiete ha sido "calmado" y "constructivo".

Así, las conjeturas polacas y energéticas evidencian una vez más la realidad habitual en el seno de la UE: todos los países coinciden en el horizonte a alcanzar (respeto de los derechos fundamentales o reducción de la tarifa energética para sus ciudadanos), pero divergen en cómo alcanzarlo.