La UE afronta dividida el precio de la luz y la deriva de Polonia, sus grandes crisis de invierno

La normalidad pos-pandémica ha regresado a las cumbres europeas: en el fondo y en las formas. La de este jueves y viernes es el primer encuentro con presencia física de la prensa en las instalaciones del Consejo Europeo. Es también uno de los primeros en los que la covid-19 es un punto secundario, de paso. Y es la cita que devuelve a la UE contra su espejo. En la agenda de los 27 líderes de Estado y de Gobierno hay temas de energía, migración, comercio, vacunas o relaciones exteriores. Pero el gran elefante en la habitación es la deriva autoritaria de Polonia y su pulso con la Justicia europea y con la falta de independencia de su judicatura. 

Ocurrió durante años con el Brexit hace unos años. Y sucedió lo mismo durante la última cumbre de junio con la ley anti-LGTBi húngara: los puntos más controvertidos están fuera de la agenda, pero copan toda la atención y energía. No son temas con conclusiones, pero sobrevuelan y monopolizan la atmósfera, las discrepancias y las discusiones de los Veintisiete.

Hablar de la UE es a menudo hablar de divisiones. Cada país cuenta con una mirada estratégica, un pasado histórico, unos intereses a largo plazo o una forma de entender la UE diferente. Se ve de forma clara con uno de los debates en la cita: el aumento de los precios de la energía, el tema que más interesa a España. De esta cumbre no saldrán grandes decisiones para frenar la escalada de la factura de la luz, para pesar de Madrid, que quiere acciones contundentes, rápidas y europeas. A su llegada al encuentro el presidente español, Pedro Sánchez, se ha resignado a la lentitud comunitaria: "Son los tiempos de Bruselas". De hecho, a pesar de los esfuerzos españoles, el borrador que manejan los líderes es muy ambiguo. No es más que una patada hacia adelante que reitera el vago compromiso —poco o nada concreto— de buscar soluciones a medio y largo plazo.

Los líderes pasarán la patata caliente de la luz al Consejo extraordinario de Energía, que se celebra el próximo martes en la capital comunitaria. Pero la discusión está muy embarrada. Los mix energéticos en los Estados miembros son muy diferentes: mientras unos dependen de las nucleares, algunos lo hacen del carbón y muchos otros del gas.

El debate es extremadamente complejo porque entraña arterias sociales, medioambientales o geopolíticas. Donde España quiere ambición para una compra conjunta de gas o una revisión del mercado energético a nivel de la UE, Polonia busca reducir las ambiciones climáticas. Varsovia y Budapest, los enfant terribles del bloque comunitario, responsabilizan al Pacto Verde europeo de este aumento en las tarifas eléctricas.

Alemania, por su parte, maneja una postura ambigua y que le ha supuesto grandes reproches por aumentar la dependencia energética de la UE con Rusia a través de construir el polémico gaseoducto del Nord Stream II. El propio presidente ruso Vladimir Putin también ha querido dejar su marca en la cita. Poco antes del encuentro aseguró que la estatal Gazprom —principal suministradora de gas a Europa— no aumentará su distribución, en lo que muchos analistas ven como un órdago para obtener concesiones políticas por parte de la UE.

Por otro lado, con la inmunidad de rebaño y el regreso generalizado a la normalidad, la pandemia en el Viejo Continente parece cosa del pasado. Pero aquí también saltan las costuras de la unidad. Mientras la media europea de adultos inoculados supera la barrera del 80%, algunos países como Bulgaria (24%) o Rumanía (36%) están sufriendo una pandemia de los no vacunados. Algo que pone en peligro la recuperación y la libertad de movimiento. Y que amenaza con desatar una era pos-pandemia en la UE a dos velocidades.

El desafío polaco, gran elefante en la habitación

Pero el tema que centraliza la cumbre de otoño es la cruzada de Varsovia desafiando la supremacía del derecho europeo. En esta afrenta solo cuenta con el apoyo explícito del otro país que suma años amenazando el Estado de Derecho y los valores fundamentales: Hungría. "Es el mejor país de Europa. No hay ninguna necesidad de sanciones. Eso es ridículo", ha dicho el primer ministro magiar, Víktor Orbán, a su llegada a la cita. Para más inri, el ex miembro de la familia popular ha hecho suyo el argumento polaco de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no siempre está por encima de la legislación y las cortes nacionales entonando su frecuente "caza de brujas" de la UE contra estos dos países.

El debate está encendido por lo mucho que hay en juego: la integridad de la ley europea, el principio que vertebra la UE; el respeto a las obligaciones de los Tratados que un país hace suyas cuando entra al bloque comunitario; y la existencia y rumbo del proyecto comunitario. Sobre cómo responder a todo ello también brotan fuertes divergencias.

La canciller Angela Merkel, que asiste a su cumbre europea número 107 y probablemente a la última, quiere atajar el asunto con diálogo político. A su llegada a la cita, y fiel a la mano tibia que ha mantenido tradicionalmente con las derivas del Este, ha asegurado que acumular "una cascada de demandas"  ante la Justicia europea no resolverá la confrontación. España, por su parte, también es otro de los países que no quería incluir el punto en la agenda para que la crisis polaca no "monopolizase" la cita. Contrasta con la posición que Sánchez adoptó en la última cumbre, celebrada en junio, cuando promovió una declaración de condena contra la ley anti-LGTBi húngara y pidió al Ejecutivo comunitario acciones contundentes.

Pero a los países del Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos) se les está agotando la paciencia con las derivas del tándem Varsovia-Budapest. El neerlandés Mark Rutte insta a la Comisión Europea a mantener congelados los fondos a Polonia mientras la disputa no se resuelva. Para los tres países, la actual batalla jurídica desatada por los de Kaczynski no solo es un síntoma del choque de trenes con la UE, sino de la falta de independencia de la Justicia polaca. Desde su llegada al poder, la obsesión del el partido gobernante, el ultranacionalista Ley y Justicia (PiS) —aliado de Vox en la Eurocámara— es desmantelar el poder judicial y revocar a los letrados molestos.

En este contexto llega la Unión Europea a las crisis energética y legal, los caballos de Troya durante los próximos meses. Según el análisis de la Comisión Europea, la de la luz es una situación temporal y pasajera. Que pocos recordarán los próximos años. Pero la de la supremacía del acervo comunitario ha venido para quedarse y marcará lo que resta de legislatura, sino el devenir de lo que hoy se entiende por Unión Europea. El Parlamento Europeo ya ha sacado la artillería dando un ultimátum a la Comisión Europea: si el 2 de noviembre no activa el mecanismo que condiciona la recepción del dinero europeo al respeto del Estado de Derecho en Hungría y Polonia, la sentará ante los tribunales.