Abortos no seguros, clandestinos, mujeres que se ven forzadas a marchar al extranjero para abortar o continuación de embarazos no deseados y de riesgo. Es la herencia que deja el primer aniversario de la ley que prohíbe de facto abortar de forma segura y legal en Polonia.

El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco –a instancias del ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara- limitó la interrupción del embarazo a casos de violación, incesto o riesgo para la salud mental de la madre. Dejaba así fuera el supuesto de malformaciones o defectos congénitos del feto, que sumaban cerca del 98% de todos los abortos legales efectuados. Entró así una prohibición ‘de facto’ que ha dejado a Polonia como el peor país en materia de derechos reproductivos en la UE junto a Malta.

14 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, certifican que durante estos doce meses, las mujeres polacas han enfrentado "dificultades extremas" y un "entorno hostil y peligroso" para abortar de forma segura. Temen consecuencias penales, laborales o sociales. La pandemia del coronavirus, sus dificultades añadidas para el acceso sanitario y las restricciones para viajar han oscurecido todavía su situación.

Diferentes informes y expertos mantienen que en aquellos países donde el aborto es ilegal o inasumible económicamente, las personas se ven forzadas a seguir adelante con embarazos no deseados o a poner en riesgo sus vidas a través de interrupciones no controladas y peligrosas, que todos los días suponen muertes. De hecho, un estudio de Lancet concluye que entre 1990 y 2000, los abortos aumentaron un 12% en los países más restrictivos.

"La medida está causando un daño incalculable a mujeres y niñas, especialmente notable entre las más pobres, las que viven un zonas rurales o las más vulnerables. La dignidad, la libertad y la salud de las mujeres embarazadas están comprometidas por la decisión del Gobierno de denegarles el acceso esencial a la salud reproductiva", asegura Urszula Grycuk, miembro de la Federación para las Mujeres y la Planificación Familiar (Federa).

La organización ha visto sus consultas triplicadas durante los últimos meses. La organización Aborto Sin Fronteras recoge que seis meses después de esta sentencia, unas 17.000 mujeres polacas le contactaron para buscar ayuda profesional en medio de un clima de medio por las posibles repercusiones que acarrearía abortar.

Acción-reacción en las calles

A pesar de ser un país profundamente católico, una encuesta de Gazeta Wyborcza realizada en el preludio de la sentencia, revelaba que el 59% de los ciudadanos no estaban de acuerdo con el cambio. El eurodiputado polaco Robert Biedron, de los Socialdemócratas, ha denunciado en el Pleno de Estrasburgo que la sentencia supone "casi una sentencia de muerte a las mujeres" en un "país patriarcal y religioso donde las mujeres están siendo despojadas de su voz y se han convertido en incubadoras". "Las polacas tienen ahora menos derechos que cuando Polonia entró en la UE", ha afirmado en un debate de la Eurocámara, previo a una resolución que se votará en la próxima sesión plenaria.

El gran retroceso en la igualdad ha encontrado una fuerte reacción en las calles polacas. Bajo el grito "Queremos proteger nuestro cuerpo y nuestra vida", mujeres, activistas y defensores de derechos humanos han protagonizado las mayores protestas que el país registra durante la última década. Y, en respuesta, también han enfrentado una represión y amenazas sin precedentes.

Desde su llegada al poder en 2015, el PiS ha aplicado una agenda política que merma los derechos de las mujeres, los refugiados o el colectivo LGTBi, llegando a declarar zonas libres de personas homosexuales. Durante estos años, ha sacado al país del Convenio de Estambul, el tratado internacional sobre prevención y lucha contra la violencia de género.

"La ultraderecha está obsesionada con las políticas natalistas en toda Europa", ha afirmado Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos, que ha recordado que el aborto "es un derecho y no solo un servicio sanitario". "La negación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos", ha convergido Diana Riba, eurodiputada de Los Verdes. El PiS, por su parte, alega que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho humano o fundamental porque la prioridad es "proteger la vida".

Presión y críticas para la Comisión Europea

Bruselas ha pasado de puntillas por esta recesión y ataque a las mujeres polacas. La UE no tiene competencias en materia sanitaria o de derechos reproductivos. Pero los eurodiputados de todo el arco parlamentario –a excepción de la extrema derecha- han pedido a la Comisión que pase a la acción para defender los derechos fundamentales, las libertades y la dignidad de las mujeres polacas. El propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo reconoce la falta de recursos en torno al derecho al aborto como una violación de derechos de la familia y de la vida privada.

Bélgica ha sido el único país en aprobar una donación para ayudar a las mujeres polacas a abortar en el extranjero. La parálisis de una UE que suma incontables amenazas de los díscolos Polonia y Hungría al Estado de Derecho ya ha provocado un efecto dominó. Recientemente, el Parlamento eslovaco ha debatido la creación de una ley similar a la de Varsovia. Este primer aniversario llega, además, en medio de la gran batalla legal entre la UE y el rebelde del Este, que hace unos días hizo saltar por los aires uno de los principios más sagrados del club comunitario: la supremacía del derecho europeo sobre el nacional.

El equipo que lidera Ursula von der Leyen mantiene congelados los 36.000 millones de euros del Plan de Recuperación polaco, pero ha evitado activar el mecanismo de condicionalidad, que supedita la recepción del dinero europeo al respeto de los derechos fundamentales. El país se juega cerca de 150.000 millones de euros en los próximos años, pero la respuesta europea a su deriva ha sido, hasta la fecha, notablemente tibia. "Las restricciones extremas del aborto son parte de un asalto mayor por parte del Gobierno polaco sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho", advierte Marta Lempart, cofundadora de Strajk Kobiet.