Estatuto de bloqueo: el arma que la UE evita utilizar para proteger a la Corte Penal Internacional ante los ataques de Trump
Washington ha sancionado a más de una docena de jueces y fiscales de la CPI y amenaza con prohibir todas las operaciones que la institución realiza en dólares estadounidenses.
Bruselas-
Estados Unidos tiene un plan para "desmantelar" la Corte Penal Internacional (CPI). Lo ha dicho abiertamente el secretario de Estado, Marco Rubio. Y el presidente Donald Trump ha reiterado ante la Asamblea General de Naciones Unidas su total desprecio por la institución, que ha descrito como "deshonesta" y "fuera de control".
La operación ya está en marcha. Desde el pasado febrero, Washington ha sancionado a más de una docena de jueces y fiscales de la CPI. Y ahora amaga con prohibir todas las operaciones que la institución realiza en dólares estadounidenses, lo que aislaría a la Corte del sistema financiero mundial, poniendo en peligro su actividad.
La Unión Europea dispone de un mecanismo que podría neutralizar el efecto de estas sanciones: el Estatuto de Bloqueo. Pero por el momento, la Comisión Europea se resiste a activarlo. "La resistencia a aplicar el estatuto de bloqueo es política", opina el eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor. "Hay un evidente temor reverencial a las represalias políticas de Estados Unidos".
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La Comisión Europea ha criticado las sanciones estadounidenses afirmando que "las amenazas contra la Corte, sus responsables, su personal o quienes colaboran con ella son sencillamente inaceptables". Pero evita pasar de las palabras a los hechos. Insiste, por el contrario, en que debe evaluar las consecuencias y la eficacia de la activación del Mecanismo de Bloqueo, antes de dar el paso.
En Europa, la presión aumenta. Tom Berendsen, el ministro de Exteriores de Países Bajos, afirma que su país "está preparado para utilizarlo". Y ha pedido a la Comisión Europea que lo tenga listo, de modo que pueda desplegarse rápidamente si la presión aumenta. Para su país es doblemente importante, ya que la sede de la CPI se encuentra en La Haya.
Los países que ya han pedido su activación inmediata son Eslovenia y España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito una carta a la Comisión en la que argumenta que las sanciones al personal de la CPI "comprometen el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional".
El objetivo del Mecanismo de Bloqueo es proteger a las empresas y a los ciudadanos europeos frente a los efectos extraterritoriales de la legislación que se aprueba en terceros países. Se diseñó en los años noventa para responder a las sanciones contra Cuba, Irán y Libia. Y a efectos prácticos prohíbe que las empresas y los operadores jurídicos basados en Europa cumplan con las obligaciones que les impone Estados Unidos. Por ello, en caso de pérdidas económicas, pueden pedir indemnizaciones ante los tribunales o solicitar una derogación.
Para su activación, la Comisión Europea debe dar el primer paso, que consiste en incluir las sanciones estadounidenses contra la CPI en el anexo del Reglamento. Solo después, los Estados miembros o el Parlamento Europeo podrían presentar objeciones. "Activar el estatuto es una señal política de resistencia, de independencia y de ejercicio de la soberanía europea", explica Sánchez Amor.
Los efectos de las sanciones ya son palpables. Tres de los jueces sancionados alegaron en una demanda que se quedaron sin acceso a sus servicios bancarios, a Google, a Amazon y, en algunos casos, a su seguro médico. Y en el caso de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, la sanción la dejó sin acceso a sus tarjetas de crédito y, según declaró ella misma, posteriormente un banco italiano se negó a abrirle una cuenta.
Una de las dificultades radica precisamente en que las empresas europeas con una fuerte exposición en EE.UU. pueden enfrentarse a presiones. Por ello, el eurodiputado belga del grupo de La Izquierda, Marc Botenga, considera que la activación del Mecanismo de Bloqueo "sería un paso enorme porque, en la práctica, estaríamos diciendo a los bancos europeos que tienen la obligación de garantizarles una cuenta y que tienen que garantizarles medios de pago".
La CPI advierte ahora de que si se aplican sanciones contra la organización en su conjunto, las consecuencias podrían comprometer el desempeño de sus funciones. La Corte podría tener dificultades para adquirir servicios tecnológicos, contratar seguros, recurrir a investigadores externos o realizar pagos ordinarios, incluidos los salarios de empleados estadounidenses.
El objetivo del Mecanismo de Bloqueo es precisamente evitar que las medidas estadounidenses hagan la vida imposible a los ciudadanos que viven en Europa y a las instituciones que tienen su sede en Europa. La lógica, explica el eurodiputado Sánchez Amor, es evitar que Washington determine el comportamiento de los operadores europeos: "Estados Unidos puede obligar a las empresas radicadas en Estados Unidos a hacer lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que defender que las empresas europeas no pueden verse obligadas a ello", afirma.
Pero el debate sobre la activación del Mecanismo plantea también un problema jurídico, ya que se podría crear un conflicto entre las obligaciones europeas y las estadounidenses. "Habrá batallas jurídicas que librar, pero creo que eso es secundario", concluye Botenga. "Si se envía la señal política, se mostrará que en Europa hay voluntad de proteger a la Corte Penal Internacional".
La CPI fue creada en 2002 para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a hacerlo. Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una relación conflictiva con la institución, debido a su negativa a que la Corte investigue a sus soldados por operaciones militares en países como Afganistán o Irak. De hecho, Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma, al igual que Israel y Rusia.
Pero el endurecimiento de la posición estadounidense coincide en el tiempo con la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. "Hay un antes y un después. Estos casos han hecho que Trump pase a la velocidad superior", explica el eurodiputado belga Botenga. Y cree que esto explica en buena medida la inacción del ejecutivo comunitario. "En la Comisión Europea hay aliados muy fuertes de Israel".
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