Los estudiantes chilenos vuelven a las calles para avisar al Gobierno

Miles de estudiantes, acompañados de padres y profesores, han vuelto a recorrer las calles de Santiago de Chile a un día de que expire el plazo que dieron al Gobierno para aceptar sus demandas.

Según la policía de Carabineros, unas 60.000 personas han acudido a la marcha, mientras que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, ha rebajado esa cifra a 40.000 y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, la ha elevado a 100.000.

Los manifestantes se congregaron hacia las diez de la mañana en la Universidad de Santiago y marcharon en un ambiente festivo y pacífico por varias calles situadas al sur de la Alameda, la principal avenida de la capital. Una hora después, la cabecera de la manifestación había llegado al Parque Almagro, a unas seis manzanas del Palacio de la Moneda, donde grupos de encapuchados protagonizaron algunos incidentes.

La manifestación prohibida de ayer se saldó con 273 detenidos

El Gobierno y los estudiantes consensuaron ayer este recorrido tras la negativa de las autoridades a permitir una nueva marcha desde Plaza Italia hasta La Moneda, un recorrido que ya han repetido en los dos últimos meses. El Ejecutivo había prohibido dos manifestaciones convocadas el pasado jueves en esa misma avenida, pero los estudiantes desafiaron la restricción y la policía cargó para dispersarles, en una violenta jornada en la que hubo 874 detenidos en todo el país.

La pasada noche también hubo algunos disturbios en nueve puntos distriuidos en tres municipios de la ciudad y fueron detenidos seis menores que estaban instalando barricadas. Un total de 39 personas (23 de ellos policías) han resultado heridas y 273 han sido detenidas. 

Para las 21.00 horas (las 01.00 del miércoles en España) se han convocado nuevos "cacerolazos" de protesta que ya sonaron la semana pasada. Los jóvenes comenzaron estas movilizaciones a mediados de mayo para exigir que el Gobierno vuelva a administrar la educación primaria y secundria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.

La semana pasada, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, propuso una serie de medidas para frenar las movilizaciones, pero éstas fueron rechazadas por los dirigentes estudiantiles, que le dieron de plazo hasta este miércoles para que "recapacite" y acepte las demandas del movimiento estudiantil.