La Unión Europea ha aprobado este martes las reglas para completar la adopción de la futura ley de inteligencia artificial (IA), que entrará en vigor en junio. Los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para trasladar las normas a su legislación. 

La ley impondrá determinadas obligaciones dependiendo del nivel de riesgo de los sistemas de cada IA. Para los que presenten un nivel alto las restricciones serán mayores, mientras que los requisitos para los modelos de uso general serán menos exigentes. 

La normativa, asimismo, restringe a los Estados el uso de la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos a los casos de determinados delitos –como secuestros o explotación sexual–, la prevención de atentados terroristas y los registros de personas sospechosas de los delitos más graves.

Además, quedan definidos los sistemas de IA autorizados que son considerados de muy alto riesgo por su importante impacto en la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente y el Estado de derecho. Entre ellos se encuentran los utilizados para influir en el resultado de las elecciones y en el comportamiento de los votantes. 

Otro de los puntos clave ha sido cómo introducir reglas específicas para los modelos fundacionales, que impulsan herramientas como ChatGPT o DALL-E. Asimismo, la legislación prevé sanciones por el incumplimiento de la normativa, que irán desde los 35 millones de euros –o el 7% del volumen de negocio global– hasta los 7,5 millones, en función del tamaño de la compañía.

"Esta ley histórica, la primera de este tipo en el mundo, aborda un reto tecnológico global que también crea oportunidades para nuestras sociedades y economías", ha comunicado el secretario de Estado belga de Digitalización y presidencia de turno de la UE, Mathieu Michel. También ha avisado de que las empresas que están fuera de la UE y que utilicen datos de clientes del territorio europeo deberán cumplir con la normativa.

El objetivo de la nueva regulación europea es fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se use con fines represivos, de manipulación o discriminatorios. Su aplicación está prevista a partir de 2026, ya que los gobiernos disponen de un plazo de dos años para trasladar las reglas a su legislación.