La decisión de la UE sobre las lenguas cooficiales pone en juego la relación de Sánchez con Junts
Exteriores negocia contrarreloj para forzar este martes la votación en el Consejo de Asuntos Generales de la UE pese a no tener asegurado que no exista el veto de algún país, aunque puede retirarla 'in extremis'.
El reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego fue uno de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y los de Puigdemont exigen su cumplimiento, mientras el PP maniobra en Europa para boicotearlo.
Barcelona--Actualizado a
El reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lengua oficial de la Unión Europea llega este martes a una jornada clave, después de un año y medio de gestiones y negociaciones por parte del Gobierno español con el resto de los 27 países de la Unión Europea.
El tema no tiene todavía un consenso claro, y con sólo el veto de uno de los países de la UE se puede rechazar la oficialidad de las tres lenguas; pero, pese a todo, el Gobierno ha decidido, no sólo incluir de nuevo la cuestión a debate en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, sino que incluso prevé forzar su votación.
Éste es un tema vital en el mantenimiento de la estabilidad del Ejecutivo y para la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, especialmente en lo que se refiere a la relación con Junts.
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Las tres lenguas cooficiales del Estado español tienen este martes una posibilidad inédita de conseguir el reconocimiento europeo. La cuestión ya ha sido debatida en otras ocasiones en el Consejo de Asuntos Generales, pero ésta es la primera vez que el Gobierno se plantea someterlo a votación.
En las anteriores ocasiones, varios países expresaron su reticencia a aceptar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y pidieron más información sobre la propuesta al Gobierno español. El coste económico de las traducciones o una posible ola de peticiones de otras lenguas han sido los principales argumentos contrarios a la oficialidad de las tres lenguas cooficiales del Estado español.
Ahora, después de elaborar una propuesta que podría neutralizar la mayoría de reparos expresados, según fuentes del Govern de la Generalitat, Exteriores estaría decidido a forzar la votación este martes y el ministro José Manuel Albares negocia contrareloj para conseguir el objetivo.
Pero esas mismas fuentes admiten que el reconocimiento "no será fácil", y no descartan una posible retirada de la votación si existe algún país que muestra un rechazo explícito, ya que un solo veto haría fracasar la operación.
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Implicación de Albares y de Sánchez
El reconocimiento de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego por parte de la Unión Europea es un tema capital para la estabilidad del Gobierno español, ya que es fruto del acuerdo entre Junts y el PSOE para el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso y posteriormente en la investidura de Pedro Sánchez. Lo que ha hecho que sea el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien pilote personalmente la negociación.
Fuentes del PSC admiten que incluso, en algunos momentos, las conversaciones con dirigentes de algunos países han requerido la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con llamadas telefónicas para intentar frenar los vetos existentes.
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Albares se muestra "moderadamente optimista" ante la reunión de este martes. La misma expresión que también utiliza el conseller de Unió Europea i Acció Exterior del Govern de la Generalitat, Jaume Duch, quien añade: "No es una cuestión de que haya unos partidos a favor y otros en contra con distintas estrategias. Es una cuestión de país".
Fuentes de la Ejecutiva de Junts admiten que "los esfuerzos del ministro (José Manuel) Albares son intensos y decididos", y esas mismas fuentes reconocen que "es la primera vez que un Gobierno español defiende en la Unión Europea de forma contundente el reconocimiento del catalán", pero recuerdan que "hasta ahora tampoco los Gobiernos del PSOE lo habían hecho".
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Desde Junts se adjudican el mérito de ese cambio de posición del PSOE por su presión, pero también muestran preocupación "por la falta de resultados obtenidos hasta ahora, cuando ya estamos a media legislatura". Por ello, el secretario general de Junts, Jordi Turull, aprieta el acelerador de la presión. "El PSOE sabe que está en números rojos de nuestro crédito de confianza", asegura, insinuando que conseguir la oficialidad del catalán en la UE podría restablecer parte de esa confianza perdida.
Turull afirma que en este tema "todo el mundo sabe qué trabajo debe hacer". Para el secretario general de Junts, la oficialidad del catalán "es un tema muy serio", e insiste en que quien debe trabajarlo es el Gobierno español. "No es el momento de realizar gesticulaciones ni especulaciones", dice, de cara a la posible votación de este martes. Una presión de Junts, que podría estar detrás del último movimiento del Gobierno de este martes.
Una mayoría de investidura plurilingüe y el PP en contra
Tampoco se puede olvidar que en la mayoría de la investidura no es sólo Junts quien vería bien que el Gobierno español consiguiera la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. También ERC considera imprescindible el reconocimiento, tal y como expresa el presidente del partido, Oriol Junqueras: "La lengua catalana tiene muchos más hablantes que muchas lenguas que ya son oficiales". "Somos ciudadanos europeos y tenemos todo el derecho de poder utilizarla", defiende Junqueras.
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En este sentido, el dirigente republicano exige que el catalán deba poder utilizarse "en todos los ámbitos, también todos los ámbitos de la Unión Europea". Pero también otros partidos vascos como el PNV y EH Bildu, o el gallego BNG, forman parte de la presión al Ejecutivo español para conseguir que las lenguas respectivas alcancen el estatus europeo, aunque se manifiestas de forma mucho más discreta que los catalanes.
Por su parte, Partido Popular y Vox son los partidos que han mostrado el más absoluto rechazo a la oficialidad de las tres lenguas. En el caso del PP consideran que no es de recibo esta oficialidad porque es necesario reservarla a lenguas del conjunto de un Estado, lo que no sería el caso del catalán, el euskera y el gallego, sólo cooficiales con el castellano en varias comunidades autónomas, pero no en el conjunto del Estado español.
El Partido Popular ha movido hilos en Bruselas, mediante sus homólogos europeos, para tratar de frenar su oficialidad. Algo que choca especialmente con la aspiración del gallego, debido a que el PP gobierna Galicia, y de donde procede el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
El PP de Catalunya se muestra también discreto sobre el tema, pero ha admitido que Alberto Núñez Feijóo ha hecho llamadas a países gobernados por el Partido Popular Europeo (PPE) para que no apoyen la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco en la votación de este martes.
"Si ha habido llamadas es porque también las hay en sentido contrario", ha dicho el secretario general del PPC, Santi Rodríguez, en referencia a las presiones del Gobierno español para conseguir el apoyo de los 27 estados miembros. "Quién actúa por un interés político debe asumir que los demás hagan lo mismo", ha añadido.
Aparte, el dirigente popular catalán ha criticado que se haga un "uso político" de la lengua y ha dicho que la oficialidad "no es trascendental" para mejorar el uso social del catalán.
De hecho, una parte de las maniobras contrarias las ha liderado la actual secretaria general del PPE, la catalana Dolors Montserrat. Esta posición del PP ha sido duramente criticada por el ministro Albares este lunes en una entrevista en RNE: "No entiendo que mañana todos los partidos españoles (no) hagamos todo lo que está en nuestras manos. Aquí deberíamos encontrar a todos los españoles, todos, del PSOE y del PP, nacionalistas y no nacionalistas". Albares recuerda que España es plurilingüe y que unos 20 millones de ciudadanos, aproximadamente, hablan alguna de estas tres lenguas.
Las reticencias de una decena de países
Pero más allá de las maniobras políticas, ésta no es una cuestión que se juegue en la arena parlamentaria, sino en la de los Estados. En el diálogo y la negociación de gobierno a gobierno. Y todo apunta a que el Gobierno español "ha hecho los deberes", en palabras de uno de los dirigentes del PSC en el Parlament. Las principales reticencias del resto de países de la UE serían tres.
La primera sería el componente económico por los costes de la traducción al catalán, gallego y euskera que la oficialidad comportaría. Una cifra que en su conjunto se estima en 132 millones de euros. Esta objeción ya fue neutralizada por parte de Albares con la presentación de un plan que incluye el compromiso del Estado español de hacerse cargo del total de esa cantidad.
Una segunda objeción importante es el temor de algunos países a que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego pueda desatar un alud de reclamaciones de otras comunidades lingüísticas de Europa. En este grupo hay países como Francia, donde además del catalán y el euskera también existen otras minorías nacionales con lengua propia como el corso o el bretón, o Italia con el caso del sardo, por ejemplo.
Pero también países como las repúblicas bálticas, especialmente Letonia y Lituania, que manifiestan prevención frente a las posibles aspiraciones de la comunidad rusófila de sus países. O lo mismo en Chipre en el caso de la minoría turca. Estas objeciones se habrían negociado por la vía de una propuesta del Gobierno español en la que se especifique que sólo podrán ser oficiales en la UE las lenguas con reconocimiento constitucional en un estado miembro de la UE, ya que la mayoría de lenguas que podrían reclamarlo no tienen esa consideración en sus estados.
Aún quedaría una tercera objeción por parte de países nórdicos como Suecia o Finlandia, y Alemania que todavía se muestra indecisa, en la que la reticencia es más de índole política, ya que consideran que ésta es una demanda que responde a los intereses políticos personales de un Gobierno como el español, y no a un interés general de la UE.
En estos casos, la negociación se ha situado más en el plano bilateral para intentar conseguir que se retire el veto. A cambio de posibles contraprestaciones geoestratégicas, por ejemplo en todo lo que supone la defensa frente a la amenaza rusa, entre otros aspectos.
Además, también está previsto que el Gobierno español ponga sobre la mesa este martes nuevas condiciones que ayuden a dar el empuje final a neutralizar las discrepancias. "Si este martes se logra la oficialidad, el Gobierno español deberá algunos favores en Europa", explica con ironía un dirigente de Junts.
Polonia marca el orden del día
La reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, donde está previsto tratar el tema, empezará este martes a las 10 de la mañana en Estrasburgo. Los plenos de este organismo se celebran mensualmente y se van alternando entre Bruselas y Estrasburgo. De entrada no está previsto que participe el ministro José Manuel Albares, sino el secretario de estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, como viene siendo habitual.
La organización del orden del día corre a cargo de Polonia, ya ocupa la presidencia rotatoria de la UE. La cuestión de la oficialidad de las tres lenguas podría debatirse, y en su caso votar, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, según considere la presidencia polaca.
No se trata de una votación de sí o no, sino de unanimidad. Por tanto, el reto a conseguir es que la mayor parte de los países hasta ahora reacios se abstengan de votar, y que ninguno de ellos lo vete. Un solo voto en contra, entre los 27 miembros, haría desestimar la petición del Gobierno español. Lo que muestra la extrema dificultad de la operación, sin que esto diluya las esperanzas de conseguirlo.
"Es muy difícil porque hace falta unanimidad, pero tampoco es imposible", asegura un dirigente socialista conocedor de las negociaciones, que admite que hay muchos países que manifiestan dudas, pero apunta a que cada vez son menos los opositores partidarios del veto. Esta misma fuente recuerda que "no hay que conseguir el sí, sino evitar el no, y hay que confiar en que ningún país querrá quedarse solo vetando un tema como este contra España".
Otro de los grandes argumentos de la petición es que el catalán, por ejemplo, es una lengua hablada por unos 10 millones de personas en la UE y que, en algunos casos, supera con creces la cantidad de hablantes de otras lenguas que sí tienen el estatus de oficial. En comparación con las 24 lenguas oficiales de la UE, el catalán es la decimotercera más hablada, por delante del danés, el finlandés, el sueco o el gaélico.
Desde el ministerio de Exteriores subrayan que la propuesta de España busca alcanzar la oficialidad "total" de las tres lenguas y descartan ninguna fórmula "parcial". "Se llevará a adopción y, si se adopta, será oficial", subrayan.
En este sentido, las mismas fuentes reiteran que la implementación deberá ser progresiva porque deberá someterse a los procesos administrativos y burocráticos de la UE, que suelen ser lentos.
El gaélico, el último precedente
La última lengua que se convirtió en lengua oficial de la UE es el gaélico, en 2007. Irlanda se adhirió al bloque comunitario en 1973, pero no fue hasta 2005 cuando presentó formalmente la petición al Consejo de la UE para que el gaélico fuera reconocido como lengua oficial en la UE. En 2007, los Estados miembros dieron luz verde a la petición, pero la falta de traductores e intérpretes de la lengua, con menos de 200.000 hablantes habituales, hizo imposible la oficialidad de ésta en la práctica hasta 2022.
Según datos del Gobierno de Irlanda, en 2022 cerca de 1,9 millones de personas admitían poder hablar el gaélico, pero con distintos niveles de fluidez. De éstas, sólo 195.000 afirmaban saber hablar plenamente la lengua, mientras que más de la mitad (1.034.000) reconoció dificultades para poder hablarla.
Fuentes diplomáticas admiten que la agenda de la reunión puede modificarse hasta el último momento y que la presidencia de turno polaca del Consejo de la UE, encargada de organizar los debates y reuniones de los 27, puede decidir el mismo martes si la cuestión se somete o no a votación. La mayoría de países siguen "analizando" en detalle la propuesta española.
Habrá que esperar a ver si finalmente se vota o no un reconocimiento en el que el catalán, el euskera y el gallego se juegan una parte de su supervivencia como lenguas vivas y útiles en el marco de la UE. Pero donde la situación política en el Estado español hace que el Gobierno también se juegue la estabilidad hasta el final de la legislatura, con muchos partidos de la mayoría de investidura que tienen en su ADN la defensa y promoción de estas lenguas.
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