Drones en Leipzig, vidas en Ceuta: las dos caras de la guerra híbrida

El pasado mes de agosto, un dron con carga explosiva obligó a paralizar las operaciones en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, un punto logístico decisivo para la aviación europea y la OTAN. Apenas unos días antes, una masa de miles de personas cruzaba la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, desencadenando una profunda crisis migratoria e institucional que aún condiciona la agenda política en España y en la Unión Europea.

A simple vista, parecen sucesos inconexos. Sin embargo, detrás de estos episodios en latitudes tan alejadas se intuye un mismo patrón: potencias y regímenes que mueven fichas en la sombra. El vertiginoso desarrollo de la tecnología y del armamento moderno ha transformado las reglas de la seguridad internacional. Hoy en día, los Estados ya no se miden únicamente a través del choque frontal de ejércitos regulares. Se enfrentan, en su lugar, a un complejo abanico de amenazas y maniobras de desestabilización que, sin llegar a la crudeza del conflicto bélico abierto, tampoco se encuadran en la placidez de la paz tradicional. Es el terreno líquido que los estudios de seguridad y defensa denominan "zona gris", un ámbito donde la "guerra híbrida" se erige como el instrumento predilecto para reordenar el poder mundial.

Ni paz ni guerra, el tablero de la "zona gris"

Para entender este fenómeno sin perderse en la jerga teórica, conviene aclarar qué significa exactamente cada término. La "zona gris" no es un arma ni una táctica militar, sino el escenario político donde ocurre la agresión. Es esa franja de penumbra situada entre el "blanco" de la paz y el "negro" de la guerra abierta.

En la zona gris, un Estado agresor busca debilitar a su rival sin cruzar la línea roja que desencadenaría una respuesta militar directa. Es el arte de presionar poco a poco, con acciones de baja intensidad que van desgastando al vecino sin darle un motivo claro para defenderse por las armas. Si un país ataca con misiles, activa la respuesta inmediata de organismos como la OTAN (a través de su famoso Artículo 5 de defensa colectiva); pero si ese mismo país provoca un apagón masivo mediante un ciberataque no atribuido o satura una frontera con miles de migrantes, la respuesta democrática se vuelve mucho más difícil y lenta.

Si la zona gris es el terreno de juego, la "guerra híbrida" es la caja de herramientas que se utiliza en él. Este concepto describe la combinación simultánea de métodos muy diversos para atacar a un país por sus costados más vulnerables. En lugar de enviar tanques, la guerra híbrida despliega herramientas muy diversas: campañas de desinformación en redes sociales para polarizar a la opinión pública, espionaje cibernético, presiones económicas, el uso torticero de los tribunales e instituciones -lo que en el ámbito internacional se conoce como lawfare- y el uso estratégico de problemas sociales que se alimentan y magnifican.

¿Por qué se han vuelto tan comunes estas tácticas? La razón es sencilla: la enorme capacidad destructiva del armamento moderno y la disuasión de las potencias nucleares hacen que una guerra convencional sea un escenario indeseable e inasumible para la práctica totalidad de países. Atacar en la sombra resulta infinitamente más barato, menos arriesgado y, en muchos casos, igual de eficaz para erosionar al adversario.

De los "hombrecillos verdes" de Crimea a la presión en Ceuta

Esta forma de agresión es ya una realidad documentada con ejemplos prácticos en toda Europa. El caso de libro aceptado internacionalmente ocurrió en 2014 con la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. Moscú desplegó en el territorio a soldados armados profesionalmente pero vestidos sin insignias militares ni banderas: los conocidos como "hombrecillos verdes" que sin portar ninguna bandera rusa tomaron instituciones e instalaciones estratégicas que posibilitaron una anexión controlada del Kremlin, que nunca confirmó ni negó si esos soldados pertenecían a su ejército. Ese despliegue vino acompañado de ciberataques y un bombardeo masivo de propaganda digital, lo que permitió a Rusia cambiar las fronteras europeas sobre el terreno antes de que la comunidad internacional tuviera tiempo de reaccionar formalmente.

Cada actor, sin embargo, adapta la zona gris a sus capacidades y a las debilidades de su rival. Donde Rusia se apoya en su superioridad tecnológica para lanzar ciberataques, o en el peso de su ejército para desplegar fuerzas sin distintivos, Marruecos dispone de otras palancas sobre España: el control del flujo de personas y de droga a través del Estrecho y la asfixia económica de Ceuta y Melilla, cuyo comercio fronterizo Rabat estranguló con el cierre de la aduana melillense en 2018. Por eso, en el sur de Europa, las amenazas híbridas adoptan un rostro menos militar y más enfocado en la vulnerabilidad social y fronteriza.

El precedente más claro es la crisis de mayo de 2021. Cuando se supo que España atendía en un hospital de Logroño a Brahim Ghali -líder del Frente Polisario-, Marruecos relajó de forma deliberada la vigilancia de su frontera y alentó a que su población entrase en la ciudad de Ceuta. Un ensayo de lo ocurrido hace unas semana que hizo que en apenas dos días unas 12.000 personas, muchas de ellas menores, entraran a nado o a pie en Ceuta. La instrumentalización de miles de personas desesperadas se convirtió en una palanca de chantaje. Rabat combinó los gestos formales -la llamada a consultas de su embajadora, las declaraciones airadas de sus ministros- con los informales: el aliento en redes, la apertura tácita del espigón y la presión sobre la cooperación antiterrorista y de inteligencia. El objetivo último, forzar un giro español sobre el Sáhara Occidental, se cumplió en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí. Era la misma táctica que Bielorrusia empleó ese mismo año contra Polonia, empujando a migrantes hacia su frontera para presionar a la Unión Europea.

A la palanca migratoria se suman otros mecanismos silenciosos pero igualmente dañinos: la congelación puntual de la cooperación policial y antiterrorista —como ocurrió en plena crisis de 2021—, la mayor flexibilidad ante las redes de narcotráfico que cruzan el Estrecho o las maniobras de espionaje al más alto nivel. Ejemplo de esto último fue el caso Pegasus, destapado en 2022, cuando los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros fueron infectados por un software cuya autoría multitud de indicios vincularon a Rabat, pese a la tajante negativa marroquí.

Son frentes de desgaste simultáneos y de difícil atribución cuyo objetivo final es forzar concesiones en la mesa diplomática, tal como terminó sucediendo con el histórico giro español sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, la teoría sobre zona gris y guerra híbrida advierte del peligro de estas cesiones: cuando un Estado cede ante la coerción, el agresor constata el éxito de su táctica. Lejos de apaciguar la amenaza, esto genera un incentivo perverso para reactivar la presión en el futuro ante nuevos objetivos, desde castigar un eventual acercamiento a Argelia hasta reabrir la disputa sobre las plazas de soberanía o exigir ventajas políticas, económicas o deportivas.

Tirar la piedra y esconder la mano: la trampa de la atribución

El gran secreto del éxito de la guerra híbrida radica en que no deja huellas evidentes. Los rastros se diluyen conscientemente e imposibilitan probar de manera clara la autoría. Los agresores lo saben y aprovechan esta prudencia legal para mantener lo que en diplomacia se llama una "negación plausible": negar rotundamente cualquier implicación mientras la desestabilización surte efecto.

Para no dejar rastros directos, los gobiernos opacos suelen recurrir a terceros actores que actúan como pantalla: grupos de hackers supuestamente independientes, mafias de tráfico de personas o plataformas cívicas extremistas. Son actores satélite a los que se tolera, financia o estimula según convenga, pero que pueden ser desechados o castigados públicamente si la presión internacional se vuelve insostenible.

Un ejemplo muy ilustrativo de esta estrategia es el comportamiento del llamado Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla. Su trayectoria ilustra ese grifo que Rabat abre y cierra según la temperatura de sus relaciones con Madrid. Nacido en 2007 y presidido por Yahya Yahya -exalcalde de la fronteriza Beni Enzar y exsenador-, protagonizó en los años de fricción sus acciones más sonadas: bloqueos de los pasos fronterizos, una incursión en 2012 en el peñón de Vélez de la Gomera y la amputación y el robo del brazo de la estatua de Pedro de Estopiñán, conquistador de Melilla, que sus dirigentes exhibieron después en Rabat como trofeo. Cuando en 2014 Marruecos buscó un acercamiento con Madrid, el comité se autodisolvió. Y en 2025, con la relación de nuevo tensa, resucitó rebautizado como Comité de Coordinación para la Defensa de las Causas del Reino, otra vez con Yahya al frente, para reaparecer estos días -ya en plena crisis de Ceuta- arremetiendo contra la eventual visita de Felipe VI a los enclaves.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional remitió a la Audiencia Nacional sobre la avalancha del 30 de julio -a menudo atribuido en la prensa al CNI- descarta una movilización espontánea y describe una campaña coordinada en redes, con un pico de casi 2.000 mensajes en un solo día, y un "guiado activo" de los grupos hacia los puntos de paso por parte de agentes marroquíes de paisano; la inmigración, concluye, operó como "cobertura formal". El propio documento, sin embargo, no logra trazar una cadena de mando que llegue hasta el Gobierno marroquí.

Un documento del CNI fechado el 24 de junio de 2021, revelado un año después por El País, reconstruyó cómo operó Rabat durante la crisis de Ghali: además de abrir la frontera de Ceuta, dedicó "bastantes recursos, incluso económicos" a reactivar viejas querellas judiciales contra el líder del Polisario y a movilizar a la comunidad marroquí para que se manifestara en España, todo con el fin de arrancar a Madrid un giro sobre el Sáhara. Según ese informe, las protestas se organizaban a instancias de los consulados y del servicio de inteligencia exterior marroquí, la DGED, "usando como pantalla organizaciones o miembros de la colonia". El propio texto situaba el diseño de la maniobra en la cúpula del majzén, del consejero real Fouad Alí el-Himma al ministro Nasser Bourita y los jefes de los dos servicios secretos: no actos sueltos, sino una operación dirigida desde arriba.

El documento incluía un anexo con la identidad de personas y organizaciones que, según el CNI, colaboran en España con la DGED. Entre ellas, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos -que en 2007 se querelló contra Brahim Ghali por genocidio, abriendo la vía judicial- y el Movimiento Saharaui por la Paz, la escisión del Polisario que encabeza el exdirigente Hach Ahmed Bericalla y que defiende el plan de autonomía marroquí, a la que el informe califica sin rodeos de "organización pantalla".

Europa se enfrenta a un desafío para el que sus ejércitos e instituciones tradicionales no estaban completamente preparados. En el tablero del siglo XXI, las victorias geopolíticas ya no se anuncian con partes de guerra ni desfiles militares, sino que se fraguan en la erosión paulatina de la cohesión social, la confianza en las instituciones y la estabilidad económica. La política internacional ya no se disputa en el blanco de la paz o en el negro de la guerra; sino en la amplia gama de grises que hay entre medias.