Giorgia Meloni se vendía como una euroescéptica y temía no ser bien recibida en Bruselas. Nada más lejos que eso, la líder italiana se encontró con una alfombra roja en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y consiguió que el Ejecutivo comunitario pasase de tachar de ilegales los campos de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea a proponerlos en un texto legal. Pero los ultras no solo han cambiado la visión de Von der Leyen, sino de la gran mayoría de Estados miembros –incluso de algunos de los pocos gobernados por los socialdemócratas– y fuentes diplomáticas apuntan que lo más probable es que la reforma del pacto migratorio que presumiblemente se aprobará en el Consejo de Interior de la UE de este lunes avale los campos de migrantes de Meloni o sistemas de deportación similares que propugnaron, por ejemplo, el Reino Unido, Dinamarca o Países Bajos.

Las mismas fuentes diplomáticas indican que España es uno de los pocos países que se mantienen contrarios a estos campos y sistemas de deportación fuera de la Unión Europea. Cabe recordar que es el Estado miembro más grande del bloque comunitario donde gobierna la familia socialdemócrata y que países más pequeños con gobiernos de coalición, también considerados progresistas, han hecho suyo el discurso más extremo de los ultras en materia de inmigración. El caso más exagerado es Dinamarca, que preside el Consejo de la UE de manera temporal este segundo semestre de 2025, y siempre ha presionado con Meloni para endurecer las políticas migratorias del club europeo.

Los pocos países que, como España, están en contra de los campos de deportación de migrantes tienen dos principales argumentos de carácter legal y económico o logístico. En primer lugar, tal y como defendía hasta hace poco tiempo la propia Comisión Europea, hay dudas importantes sobre si vulneran los derechos humanos y la legislación de la Unión Europea, cosa que los tribunales de Luxemburgo podrían inutilizar en un futuro. Es especialmente delicado que en estos campos y en terceros países no se tengan garantías que respeten el derecho comunitario y, de hecho, informaciones periodísticas han demostrado que se vulneran de manera sistemática.

Cabe recordar que, por ejemplo, los tribunales italianos mantienen parado el plan de Meloni de deportar migrantes a campos situados en Albania (país gobernado por los socialdemócratas), uno de los estados que está en la lista de espera para entrar en la UE. Además, aunque haya países que no llevasen a cabo esta práctica, temen tener que asumir igualmente las potenciales consecuencias jurídicas (aparte de las morales) de los que las hayan aplicado porque forman parte de la Unión Europea.

En segundo lugar, hay muchos países que tienen dudas de que estemos ante una manera eficaz de expulsar personas migradas de la Unión Europea. Consideran que, tal y como pasó en los campos que Italia construyó en Albania, fuera demasiado caro enviarlos, y aseguran que no hay ninguna garantía de que los países terceros con los que se acuerda deportar migrantes vayan a cumplir, como se ha visto en anteriores casos. Además, algunos gobiernos temen que estos países instrumentalicen la migración y pidan contrapartidas, como es habitual que suceda entre España y Marruecos.

Nadie quiere migrantes  

Otro de los reglamentos que se negocian en el Consejo de Interior de la UE de este lunes es el sistema de reparto de migrantes y solicitantes de asilo que recibe el global del club europeo. España, al ser uno de los cuatro Estados que la Comisión Europea ha determinado estar "bajo presión migratoria", no tendrá que asumir migrantes que hayan llegado a otros Estados miembros. Además, se prevé que España reciba algún tipo de solidaridad para compensar la mayor entrada de migrantes que, por motivos geográficos, recibe.

Los países del Sur, que son los que tienen que asumir más los costes de recibo y salvamiento de migrantes, pretenden conseguir que los Estados miembros del Norte acojan personas de origen migrante. Sin embargo, dadas las reticencias a recibirlos, la Comisión Europea ya indicó que, como alternativa, también pueden pagar una compensación económica o donar recursos a los países que, como España, acogen más. Esto es uno de los puntos más delicados y fuentes comunitarias auguran que serán unas negociaciones muy complicadas y maratonianas, ya que para muchos gobiernos se trata de una cuestión política (y sobre todo electoralista) de primer orden.

Finalmente, los ministros de Interior de la UE negociarán el reglamento que marca la lista de, teóricamente, países seguros donde deportar a los migrantes. Incluye a todos los países que aspiran a adherirse a la UE: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. También otros como Kosovo, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos y Túnez. De hecho, con países como Túnez o Egipto, la Comisión Europea de Ursula von der Leyen ya ha cerrado acuerdos multimillonarios para frenar el flujo de migrantes hacia el bloque europeo a cambio de dinero

La intención es que los Estados miembros puedan tramitar de manera exprés las solicitudes de asilo de personas procedentes de países en los que el 20% de todos los solicitantes de esa nacionalidad no acaban obteniéndolo, un procedimiento acelerado que contará con menos garantías. El objetivo, según justifican fuentes comunitarias, es hacer "más eficientes" las "solicitudes que probablemente sean infundadas". Esta cuestión también preocupa a España, así como el hecho de que con el reglamento que ahora está encima la mesa y que es probable que se apruebe este lunes se podrá deportar migrantes a países con los que no tienen ninguna relación, ni por origen ni por vínculos familiares.