No había dado comienzo la campaña electoral de Extremadura y PSOE, Partido Popular y Vox ya se habían dejado ver por la sede de Fedexcaza, la Federación Extremeña de Caza, para firmar acuerdos muy similares con una entidad que tiene cada vez más peso en la política extremeña. La organización cinegética ha logrado en la última década insertarse de lleno en la agenda política de la comunidad autónoma y marca el paso a los dos grandes partidos de la región, sabedores de la fuerza que alberga la institución en lugares y rincones a donde no llega la política. 

"Tenemos más afiliados que todos los partidos políticos juntos de la región", presume José María Gallardo, presidente de Fedexcaza, durante una conversación con Público. Según el propio Gallardo, la cifra está muy cerca de los 34.000 socios que pagan su cuota y forman parte de la organización. El cazador no se esconde: "Somos un actor social como puede serlo un sindicato", asegura. Alrededor de un 3,4% de la población extremeña pertenece a Fedexcaza, que desde la región ejerce como punto de presión contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de derechos de los animales o la normativa de transporte animal aprobada en 2022. La presión que ejerce sobre los partidos es tal que lograron incluso que la presidenta María Guardiola habilitara la caza en el Parque Nacional de Monfragüe, prohibida durante años al considerarse un espacio protegido.

En todas sus reuniones, la federación ha pedido lo mismo: revisar el Plan Estratégico 2024–2029, la "defensa ante normativas nacionales y europeas", la recuperación de la caza menor y la mejora del sistema de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. De todas las formaciones con representación parlamentaria, Unidas por Extremadura (la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde) es la única que no ha pasado por las oficinas de la federación de cazadores para firmar promesas. "Es el lobby cinegético aquí y es quien ha estado gobernando en cierta parte del Gobierno. A los consejeros de Gestión Forestal los ha puesto Fedexcaza", denuncia Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura. Sin ir más lejos, Francisco Ramírez, actual consejero y diputado del Partido Popular, en el pasado fue asesor jurídico de la Federación. 

José María Gallardo, actual mandatario de la federación, reconoce que las relaciones con PP, PSOE y Vox son buenas e intenta emitir un mensaje ajeno a disputas: "La caza es apartidista, pero no tiene que ser apolítica" apunta Gallardo, aunque es crítico con Unidas por Extremadura: "Han sido reiterados los ataques al sector cinegético y entran en contradicciones. No se puede apoyar la caza y apoyar leyes como la animalista (oficialmente llamada Ley de Derechos de los animales). Nos encantaría que estuvieran comprometidos con la caza". 

En cambio, la portavoz de Unidas por Extremadura desmiente que estén contra la caza y defiende que su enfoque se basa en poner control a una industria que considera "mimada". "La caza es una actividad con mucho arraigo en Extremadura, pero consideramos que es una de las actividades más mimadas con dinero público. Nos parece escandaloso que sea más caro matricular a tu hijo en una guardería pública que una licencia de caza. Es un sector mimado por el PP y por el PSOE", asevera Irene de Miguel.

La caza también vota ha sido la campaña lanzada por la federación, que ha logrado el apoyo de PP, PSOE y Vox. "En el caso de salir elegido en la próxima legislatura, tenemos que aprovechar la oportunidad de seguir fomentado la actividad cinegética en la región para que cada vez esté más fuerte y protegida", aseguró Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, durante su reunión con ellos. "Es una actividad esencial para nuestro mundo rural, para su economía y para el equilibrio medioambiental", apuntaba la presidenta María Guardiola tras su encuentro. “Vox defenderá siempre la libertad y la continuidad de la caza frente a cualquier intento de limitación ideológica o normativa”, sostenía Óscar Fernández, candidato de la formación de extrema derecha.

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La federación de caza sostiene que las actividades cinegéticas suponen al año seis millones de euros de beneficio para la Junta de Extremadura, una realidad que explica por sí sola la buena relación que los partidos intentan guardar con la que es, además, una actividad insertada en la sociedad civil.