Sophie Binet (Metz, 1982) es la primera mujer a la cabeza de la Confederación General del Trabajo (CGT), el primer sindicato de Francia en afiliados y motor del actual ciclo de protestas contra las políticas de austeridad de Emmanuel Macron. Nos recibe en la histórica sede de la CGT en Montreuil el día después de una exitosa jornada de movilizaciones.

¿Qué balance hace de la movilización del 18 de septiembre?

Muy positivo, más de un millón de personas en toda Francia en 260 manifestaciones. Desde 2023 no teníamos manifestaciones tan importantes. Hemos tenido huelgas muy interesantes en el sector público y en el sector del transporte; también en el sector privado, pero tenemos que mejorar ahí.

“Pedimos la derogación de la reforma de las pensiones, porque si el país está en una crisis democrática es porque Macron la impuso por la fuerza impuso a la fuerza la reforma de las pensiones”

¿Qué le piden al gobierno después de la derrota parlamentaria del presupuesto presentado por el ex primer ministro François Bayrou?

La estrategia de Emmanuel Macron desde el principio ha sido sacrificar a su primer ministro como un fusible para intentar adormecer la contestación. Soy secretaria general de la CGT desde hace dos años y ya he conocido cinco primeros ministros. Hemos logrado ponerlo en jaque porque desde el principio hemos dicho: "Nos da igual el casting, lo que queremos es un cambio de política".
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Lo primero es abandonar el proyecto de presupuesto de austeridad, que prevé muchos retrocesos: reducción de gastos en salud, un año en blanco (significa que las pensiones, las prestaciones sociales y el salario de los funcionarios no varían con la inflación, por lo que bajarían), la supresión de 3.000 puestos de funcionarios, la reforma del seguro de desempleo... Todo eso sigue estando en el orden del día y hay que tirarlo a la basura.
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​​Y pedimos la derogación de la reforma de las pensiones, porque si el país está en una crisis democrática es porque Macron la impuso por la fuerza impuso a la fuerza la reforma de las pensiones. Lamentablemente, puede hacerlo, debido a las instituciones de la V República, que permiten a un presidente de la República imponer una reforma sin voto de la Asamblea Nacional y contra la opinión de todos los sindicatos, de toda la población y de una mayoría de diputados. No habrá estabilidad institucional sin justicia social. El primer ministro no pasará del invierno si no deroga la reforma de las pensiones.

¿Cuáles son los próximos pasos de la movilización?

La intersindical ha enviado un ultimátum al nuevo primer ministro [Sébastien Lecornu]. Si no tenemos una respuesta a todas nuestras reivindicaciones el miércoles, llamaremos rápidamente a una nueva jornada de huelga y manifestaciones.

¿Qué opina sobre el movimiento 'Bloquons tout!', que salió a la calle contra Macron el día 10?

Está muy bien, porque muestra que la rabia era enorme y que había una voluntad y una determinación de movilizarse. Y por eso la CGT decidió acompañar esa movilización. Contribuimos al éxito de la jornada, llamando a hacer huelga donde fuera posible. 
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​El 10 de septiembre, nuestro balance fue un poco más de 350.000 personas movilizadas. Y el 18 de septiembre llegamos a más de un millón, gracias al llamamiento de todas las organizaciones sindicales. Para tener grandes movilizaciones, hay que hacer converger las dinámicas ciudadanas y las dinámicas sindicales, no oponerlas.

“En Francia la izquierda llegó al poder en 2012 para combatir a las finanzas y, nada más llegar, se alió con los patrones, les hizo regalos y puso en marcha la política que es hoy la de Macron”   

Uno de los elementos de la crisis política es el ascenso electoral del Agrupamiento Nacional (AN). ¿Cuáles son las razones del crecimiento de la ultraderecha, en Francia y en otros países?

Es una enfermedad occidental. El punto central es el desclasamiento del trabajo que ya no paga, de nuestras industrias que cierran, de nuestros servicios públicos y también la sensación de desclasamiento de nuestro país que sufre la competición con China. Nosotros relacionamos el ascenso de la extrema derecha con la globalización liberal y en particular con la puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio. La especialización productiva en el mundo ha hecho mucho daño a los países industrializados, en particular a Francia, con todos los cierres de fábricas.

El segundo factor son las traiciones de la izquierda. En Francia la izquierda llegó al poder en 2012 para combatir a las finanzas y, nada más llegar, se alió con los patrones, les hizo regalos y puso en marcha la política que es hoy la de Macron.    

¿Qué pueden hacer los sindicatos frente a la ultraderecha?

En Francia, hace un año, la CGT y la CFDT [los dos principales sindicatos] se movilizaron rápidamente, logramos unir a la izquierda, y luego que la izquierda ganase las elecciones. Si no hubiésemos asumido nuestra responsabilidad, Jordan Bardella [del AN] estaría en Matignon [residencia del primer ministro].

A largo plazo, los sindicatos tenemos que hacer retroceder el racismo en los centros de trabajo, debemos tratar al mismo nivel las relaciones de clase y las relaciones de dominación. También tenemos que mostrar que la extrema derecha es la peor enemiga de los trabajadores y trabajadoras, los traiciona. Ya no se hace retroceder a la extrema derecha con argumentos morales.    
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​En Francia, gracias a la estrategia sindical, a la movilización, las relaciones de clase están en el centro del debate político. Con el impuesto Zucman [sobre las grandes fortunas, que el AN no apoyó en el parlamento] caen las máscaras: el capital y sus perros guardianes se ven obligados a salir a defender su dinero. La ultraderecha centra todo su discurso en la migración para que la polarización se haga sobre las cuestiones identitarias y no sobre la cuestión de clase, y así ayudar a los patrones.

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¿Cómo ve la situación política española?

España demuestra que hay alternativas, para nosotros es un soplo de aire fresco. Quiero dar las gracias a todos los españoles y sobre todo a nuestros camaradas sindicalistas, por lo que consiguen. 
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​Nos hace muchísimo bien poder decir que, justo al otro lado de los Pirineos, se ha demostrado que cuando se aumenta el salario mínimo un 80%, se eliminan los contratos precarios y cuando, mañana, se reduzca el tiempo de trabajo sin reducción de salarios, no solo se mejora la situación social, sino también se mejora la situación económica del país.

En la manifestación del 18 había muchas banderas palestinas. ¿Los sindicatos deben involucrarse en la lucha contra el genocidio?

Está en el corazón de nuestra identidad sindical crear una solidaridad internacional de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. La CGT tiene vínculos históricos con los palestinos para defender su derecho a la autodeterminación y garantizar la aplicación de las resoluciones de la ONU. 

Contribuimos a las movilizaciones y estamos a bordo de la Flotilla a Gaza, como los sindicalistas españoles. En junio, los estibadores franceses bloquearon un cargamento de armas con destino a Israel y desde entonces no ha salido ninguna entrega de armas de un puerto francés.

Un reto común a los países industrializados es cómo conciliar la cuestión ecológica con la sindical. ¿Cuál es su postura?

Responder a la cuestión ambiental exige revisar el reparto de las riquezas y atacar al capital. El capital organiza la respuesta a la cuestión ambiental haciendo el reparto de la penuria, es decir, que sean aquellos que ya lo están pasando mal los que paguen el coste de la transición ambiental. Es muy importante tratar la cuestión social y la cuestión ambiental al mismo tiempo para responsabilizar al capital, sabiendo que la oposición social-ambiental es un carburante de la extrema derecha. 
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​Un ejemplo es el sector del automóvil, el principal sector industrial en Francia. El gobierno se niega a actuar, así que los empresarios aprovechan la transición al vehículo eléctrico para ampliar sus planes de despidos y deslocalización. Hemos tenido 100.000 despidos en los últimos diez años y vienen 100.000 más, es colosal. Además, los fabricantes eligen producir coches eléctricos carísimos para conseguir más margen para sus accionistas, y los trabajadores no pueden pagarse vehículos a 45.000 euros. Nosotros tenemos un proyecto de pequeños vehículos eléctricos producidos en Francia que podríamos sacar a 15.000 euros, pero requiere que el Estado juegue su papel sobre los fabricantes.