La austeridad regresa a Francia … y Europa toma nota

La austeridad regresa a la UE, esta vez lo hace de la mano de Francia. Esta semana el primer ministro François Bayrou, ha presentado un plan de ajuste que incluye recortes históricos en el gasto público, 43.800 millones de euros en total, y anuncia lo que podría ser el inicio de una nueva etapa de disciplina fiscal en toda la UE. La medida se produce en un momento de debilidad económica y creciente desigualdad, lo que multiplica las críticas por su posible impacto social.

El plan, bautizado con el irónico nombre de Le Moment, busca reducir el déficit público francés del 5,4 % actual al 2,8 % en 2029. Para lograrlo, el Ejecutivo propone medidas drásticas: congelación de pensiones y ayudas sociales en 2026, supresión de dos festivos nacionales, reducción del empleo público y recortes en sectores clave como sanidad y educación.

Y todo ello sucede cuando hace apenas dos días, el 13 de julio, el presidente Macron llamaba a un importante aumento del gasto en Defensa de 6500 millones de euros durante los próximos dos años en línea con los compromisos adquiridos con la OTAN y la actual política de rearme europeo. El relato que llevamos escuchando desde hace meses dice que “nunca desde 1945 la libertad ha estado tan amenazada”, según el líder galo, quien añadía que “para ser libres en este mundo hay que ser temidos y, para ser temidos, hay que ser poderosos”, insuflando aires de grandeur ante los y las francesas. Añadía también, preparando el terreno a su primer ministro, que ese esfuerzo no implicaría endeudamiento. Y tanto que no lo iba a implicar, de hecho, tras la fiesta nacional francesa del 14 de julio, el diligente primer ministro Bayrou anunciaba los recortes con una narrativa sostenida sobre la “responsabilidad” y el “realismo”. Sin embargo, las calles y la oposición opinan diferente, y de ahí que hayan comenzado a sonar lemas como: “ataque a los derechos sociales”, “regreso a la política del castigo” y “sumisión a Bruselas”.

Todos esperábamos que esto sucedería más pronto que tarde. Ya tras la superación de la pandemia el paréntesis al que fueron abocadas las reglas fiscales llegaba a su fin. Aunque con mayor flexibilidad que en la década pasada, las normas siguen exigiendo un déficit por debajo del 3 % y una deuda controlada. Francia, con una deuda superior al 114 % del PIB, cada vez recibe más presiones desde Bruselas, siempre complaciente con Paris. El problema es que también presionan las agencias de calificación y los mercados financieros. Barnier hizo un primer amago de poner en marcha estos recortes en noviembre de 2024, y salió del gobierno. Bayrou fue entonces elegido como figura de consenso, y tras unos meses de cierta calma, de nuevo vuelve a poner la propuesta sobre la mesa. La diferencia entre noviembre 2024 y julio de 2025 es que ahora ya sí que ha transcurrido más de un año desde las últimas elecciones legislativas francesas. Ahora ya sí es posible, constitucionalmente, una nueva convocatoria electoral si como todo apunta tuviera lugar una moción de censura impulsada por las izquierdas y por las derechas francesas. Mal negocio para Bayrou y para Macron.

Estas medidas han sido recibidas como se podía prever, con una oposición total  y con movilizaciones en marcha. Sindicatos como la CGT, FO y Solidaires ya han convocado una jornada de huelga general en septiembre. Organizaciones estudiantiles y pensionistas anuncian un calendario de protestas y denuncian que el plan recae sobre “los de siempre”: las clases trabajadoras y medias. En el Parlamento, la coalición presidencial se tambalea ante las críticas incluso dentro de sus filas. La izquierda (Francia Insumisa y ecologistas) ha prometido bloquear el plan con todas sus fuerzas. Marine Le Pen y la extrema derecha, por su parte, aprovechan el malestar para ganar terreno en barrios obreros. “La congelación de pensiones es inaceptable. Es el principio del fin del contrato social francés”, advirtió esta semana Jean-Luc Mélenchon. “Bayrou actúa al dictado de los burócratas de Bruselas”, sentenció Le Pen desde el norte del país. Desde luego no se puede decir que Macron no se lo esté poniendo fácil a Le Pen, porque de lo que no hay ninguna duda es que sería ella y su partido el principal beneficiario de esta crisis.

Y como ya se sabe que cuando Francia estornuda, Europa se resfría, el impacto sobre el resto de países europeos no se hará esperar. Países como España, Italia o Bélgica observan con atención. Todos comparten problemas similares: déficit elevados, deudas históricas y economías estancadas. Y todos enfrentan la misma presión: recortar para cumplir las reglas fiscales y mantener la confianza de los inversores.

España, en particular, se encuentra en una encrucijada. El Gobierno de coalición progresista ha logrado retrasar los recortes, pero la Comisión Europea ya exige ajustes estructurales. Si Francia, segunda economía del euro, se pliega a la disciplina, ¿cuánto tiempo podrá resistirse el resto?

Lo que preocupa a economistas críticos y movimientos sociales no es sólo el contenido del plan, sino su lógica de fondo. La misma que ya fracasó tras la crisis de 2008: reducción del gasto público en medio de un contexto económico débil, lo que suele traducirse en menos crecimiento, más paro y más desigualdad. “La austeridad es un error económico y una injusticia social”, afirma la economista francesa Julia Cagé. “En lugar de hacer pagar a los más ricos, el Gobierno sacrifica servicios esenciales. No hay una sola línea sobre lucha real contra la evasión fiscal o reforma fiscal progresiva”. Aunque el Ejecutivo insiste en que los recortes irán acompañados de nuevos impuestos a rentas altas y medidas contra el fraude, organizaciones como Oxfam o ATTAC denuncian que la carga real volverá a recaer sobre las mayorías sociales.

Y es que más allá del corto plazo, lo que está en juego es algo que venimos reiterando desde esta tribuna desde hace meses, qué modelo de UE emergerá tras esta nueva fase de crisis encadenadas: pandemia, guerra, inflación, emergencia climática, ¿una UE que reduce derechos para contentar a los mercados y a la industria de armamento? ¿O una que apuesta por invertir en protección social, transición ecológica y justicia fiscal? Francia ha optado por la primera vía, al menos de momento. El resto, toma nota, de momento espera y aumenta su gasto militar.

Mirando un poco hacia el pasado reciente el resultado en términos de impacto en las sociedades será el de una mayor desafección, más conflicto social y más nacionalismos. Porque recortar no es reformar. Y en tiempos de incertidumbre, la gente no pide menos Estado, sino un Estado más justo que palíe las desigualdades. El resto es terreno fértil para las opciones reaccionarias.