La Justicia británica decide si Palestina Action es un grupo "terrorista" en medio de detenciones masivas
El colectivo promueve la acción directa no violenta para denunciar la complicidad del gobierno británico con el genocidio en Gaza. En cuatro meses, unas 2.400 personas han sido detenidas durante las protestas pacíficas organizadas por Defend Our Juries en solidaridad con Palestine Action.
Londres--Actualizado a
La madrugada del 19 de junio, dos activistas de Palestine Action irrumpieron en la base aérea Brize Norton de la Royal Air Force (la fuerza aérea británica) e inutilizaron dos aviones militares Airbus A330 MRTT. Aeronaves que, según la organización, Reino Unido utilizaba para "transportar carga militar y para repostar aviones militares israelíes".
No se trataba de la primera acción de esta organización nacida en 2020, pero sí de la más mediática y la que encendió las alarmas del gobierno británico al poner en evidencia sus protocolos de seguridad y mostrar vulnerable la mayor base aérea del ejército británico.
"Somos una organización que denuncia la complicidad del gobierno británico y las grandes empresas con el genocidio israelí a través de la acción directa no violenta", explicaba uno de los miembros de la hoy proscrita organización, bajo condición de anonimato.
El 5 de julio, pocos días después de la acción contra la base de Brize Norton, el Ministerio de Interior británico declaró a Palestine Action como una organización terrorista con un abrumador respaldo del Parlamento Británico –con 385 votos a favor y solo 26 en contra–. Desde entonces, la pertenencia a este grupo, "recaudar fondos" para ellos o "exhibir artículos" en su apoyo se ha convertido en un delito penado con hasta 14 años de cárcel.
La proscripción equipara a este grupo con Al-Qaeda, el Estado Islámico y una docena de organizaciones integristas islámicas. En el abultado listado de organizaciones vetadas por el gobierno británico también figura la organización libanesa Hezbolah y las facciones palestinas Hamás o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), entre otros.
En cuatro meses, unas 2.400 personas han sido detenidas durante las protestas pacíficas organizadas por Defend Our Juries (DoJ) en solidaridad con Palestine Action. Desde julio, miles de personas han participado en sentadas en distintas ciudades, portando carteles con el mensaje I oppose genocide. I support Palestine Action (Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action), lo que ha provocado arrestos bajo el artículo 13.7 de la Ley Antiterrorista británica, que sanciona portar objetos o difundir mensajes que generen "sospechas razonables" de "pertenencia o apoyo a una organización proscrita".
"La prohibición nunca fue de interés público" sostienen un miembro de DoJ a Público. "Fue un acto de extralimitación autoritaria cuyo único propósito era proteger a Israel, a las empresas armamentísticas que suministran su genocidio y a los ministros del Gobierno que han sido tan vergonzosamente cómplices de ese genocidio".
Confundir los daños materiales con el terrorismo es un insulto para todos aquellos que han perdido a seres queridos a causa de actos de auténtico terror
Las últimas detenciones se produjeron este miércoles, coincidiendo con el inicio de la judicial review ―la revisión judicial que examina la legalidad de la proscripción de Palestine Action―. Unos 25 manifestantes fueron arrestados mientras permanecían sentados en las escalinatas de la High Court of Justice, portando carteles contra la prohibición del grupo. Las detenciones tuvieron lugar mientras en el interior comenzaba la vista destinada a decidir si se mantiene o se revoca su clasificación como "organización terrorista".
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"La decisión de proscribir a Palestine Action es repugnante, desproporcionada y vulnera los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [relativos a la libertad de pensamiento, de expresión y de reunión y protesta]", afirmó Raza Husain, abogado de Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action y promotora de la revisión judicial que se celebra esta semana en Londres. Husain subrayó que es la primera vez que el Gobierno británico prohíbe "una organización de acción directa y desobediencia civil que no aboga por la violencia".
"Confundir los daños materiales con el terrorismo es un insulto para todos aquellos que han perdido a seres queridos a causa de actos de auténtico terror" aseguraban desde DoJ.
Para Saeed Taji Farouky, miembro del equipo legal que acompaña el caso, "la prohibición es claramente desproporcionada si se tienen en cuenta todas las repercusiones que ha tenido sobre los derechos humanos desde su entrada en vigor, en particular el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, tal y como documentamos exhaustivamente en nuestro escrito de alegaciones".
"No existe ningún precedente de una prohibición de este tipo contra un grupo de protesta nacional. A lo largo de la historia, el derecho penal vigente ha demostrado ser suficiente para los grupos que han utilizado las mismas tácticas", sostiene Saeed.
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Un historial de "acción directa no violenta" contra el genocidio israelí
Desde su fundación en julio de 2020, Palestine Action se presentó en su página web —hoy bloqueada— como "un movimiento de acción directa comprometido a poner fin al apoyo global al régimen genocida y de apartheid de Israel". Desde entonces, centró su actividad en empresas vinculadas al complejo militar-industrial israelí, contra las que planteaba "tácticas disruptivas" como bloqueos de accesos, pintadas simbólicas, ocupaciones de tejados y, en algunos casos, la irrupción y destrucción de parte de sus equipos e instalaciones.
Uno de sus objetivos centrales ha sido el gigante tecnológico israelí Elbit Systems y sus empresas subsidiarias en el Reino Unido. Elbit es una de las principales fabricantes de armamento israelí: entre sus productos destacan los drones Hermes 450 y Hermes 900, además de sistemas de vigilancia, munición, equipos electrónicos, sensores y otros componentes de defensa.
Palestine Action ha asaltado en varias ocasiones instalaciones vinculadas a Elbit, dañando equipos —incluidos informáticos— en un intento por hacer insostenible la presencia de la empresa en Reino Unido. Para los activistas suministrar drones y otros sistemas bélicos a fuerzas israelíes, convierte a la empresa en "cómplice directa" del genocidio israelí en Gaza.
Las acciones de Palestine Action comenzaron en 2020, pero su actividad se multiplicó tras el 7-O
En abril de 2024 el jefe de la Fuerza Aérea Israelí, Tomer Bar, anunció la creación de un escuadrón específico de drones Hermes 900 para operar en Gaza, Cisjordania y el Líbano. "Este es un momento de guerra, un momento histórico. Este nuevo escuadrón es un importante añadido a nuestras fuerzas" aseveraba orgulloso Bar calificando de “altísima precisión” los drones proporcionados por Helbit.
Aunque las acciones de Palestine Action comenzaron en 2020 su actividad se multiplicó tras el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó una ola de violencia sin precedentes contra la población palestina de Gaza.
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Entre los detenidos por "pertenencia a organización terrorista" se encuentran seis activistas, que a principios de noviembre comenzaron una huelga de hambre como protesta por la proscripción y por las condiciones de su cautiverio. Uno de ellos, Kamram Ahmed, fue trasladado este miércoles al hospital por su delicado estado de salud.
Un juez revocado y acusaciones de parcialidad en el juicio
La preocupación entre las organizaciones propalestinas se ha disparado tras la sorprendente sustitución del juez Chamberlain, apenas un día antes del inicio de la judicial review. Dos de los jueces suplentes —ahora encargados de dirimir el caso— generan dudas sobre su imparcialidad por posibles vínculos con Israel y grupos de presión afines.
El juez Jonathan Swift ha declarado públicamente que sus clientes favoritos son "agencias de seguridad" e inteligencia
Desde DoJ advierten que "el hecho de que dos de los jueces suplentes mantengan vínculos que podrían generar conflictos de interés, solo agrava las preocupaciones". Entre esos vínvulos, señalan la relación familiar de la jueza Victoria Sharp con el exprimer ministro conservador Boris Johnson, con Trevor Chinn-destacado lobista proisraelí y gran donante del gobernante Partido Laborista- y con el grupo Quilliam, think tank conservador acusado de posiciones "islamófobas".
Por su parte, el juez Jonathan Swift ha declarado públicamente que sus clientes favoritos son "agencias de seguridad" e inteligencia, y ha representado en múltiples ocasiones al Ministerio del Interior, demandado en esta revisión judicial.
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"En un caso de importancia nacional, en el que se decide si más de 2.350 manifestantes pacíficos seguirán siendo criminalizados como 'terroristas' por portar carteles de cartón, el público merece transparencia", sostiene DoJ. "No se pueden permitir maniobras entre bastidores para seleccionar jueces, que amenazan el principio fundamental de independencia judicial".
Aunque la vista culminará este viernes 28 de noviembre no se espera que se conozca la resolución hasta, al menos finales de año, aunque fuentes del equipo legal temen que el cambio de jueces pueda retrasar aún más la decisión. "Sea como sea nuestro solidaridad sigue inquebrantable y vamos a seguir movilizados", advierten.
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