Los miembros del parlamento británico han aprobado este viernes la legalización de la muerte asistida para enfermos terminales, lo que supondría un gran paso hacia la mayor reforma social del país en una generación.

Esta ley permitiría la muerte asistida para adultos terminales con pronóstico de vida inferior a seis meses en Inglaterra y Gales. El texto ha sido aprobado por un estrecho margen en la Cámara baja del Parlamento, la Cámara de los Comunes.

Un total de 314 diputados han apoyado esta legislación, frente a 291 que se pronunciaron en contra, en una votación que no estaba sometida a la disciplina de partido sino que cada parlamentario elige según su conciencia.

El texto, presentado en octubre de 2024 por la diputada laborista Kim Leadbeater, seguirá ahora su proceso en la Cámara alta, donde, de no mediar sorpresa, también debería ser aprobada.

Mientras el debate y la posterior votación tenían lugar en el interior del Parlamento de Westminster, centenares de manifestantes se manifestaban en las inmediaciones del Legislativo.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los británicos respaldan la muerte asistida, y los partidarios dicen que la ley necesita ponerse al día con la opinión pública.

En el plan original, la muerte asistida habría requerido la aprobación judicial. En su lugar, un tribunal compuesto por un trabajador social, un jurista de alto nivel y un psiquiatra emitirá un dictamen, lo que algunos consideran una suavización.

En declaraciones a la BBC, Leadbeater destacó que se trata de un momento "histórico" para su país y subrayó que sus esfuerzos irán dirigidos a que se proporcionen las mayores garantías para evitar que se cometan abusos. 

Entre otras cosas, el texto establece que podrán solicitar la asistencia para morir los adultos residentes en Inglaterra o Gales que lleven al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida y estén en condiciones de tomar decisiones con libertad.

El solicitante debe hacer dos declaraciones separadas, firmadas y con testigos, expresando un deseo claro, firme y sin coacción para acabar con su vida.

Además, el proyecto exige que dos médicos independientes evalúen al paciente, y que una comisión judicial formada por un trabajador social, un abogado y un psiquiatra otorgue la autorización final.

El medicamento letal podrá ser preparado por un médico, pero deberá ser el propio paciente quien se lo administre, prohibiéndose que terceros lo hagan, para evitar abusos.

Así, la ley introduce penas de hasta 14 años de prisión para quien presione, coaccione o engañe a alguien para que se suicide o declare querer hacerlo.