EEUU retira los visados a más de 50 políticos mexicanos en medio de su ofensiva contra los cárteles de la droga
Las revocaciones generalizadas de visas, especialmente a miembros del partido de la presidenta Sheinbaum, amenazan con complicar la ya tensa relación de México con Washington.
El Gobierno estadounidense ha revocado los visados de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron dos funcionarios del país latinoamericano.
Algunos de estos casos han salido a la luz, pero los datos muestran que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se había informado anteriormente.
Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones previas habían revocado visados, pero no en el mismo grado, lo que dijeron era un indicativo de la voluntad de Trump de usar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos. "La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México", dijo Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.
La medida ha causado una discreta conmoción en la élite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visado para ello. También marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos estadounidense, concentrándose en políticos en funciones, algo que suele considerarse demasiado sensible en diplomacia.
Una de las fuentes, un destacado político mexicano del oficialismo, afirmó que a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les ha revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos políticos. Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar sobre un tema delicado.
Reuters no pudo confirmar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas. Hasta el momento, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora del estado Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.
Estados Unidos no necesita dar explicaciones para revocar la visa de alguien, y el umbral para hacerlo es mucho menor que para imponer sanciones o un proceso judicial, según las fuentes.
En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo: "Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento (por) actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos". "La administración Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el gobierno de [la presidenta mexicana, Claudia] Sheinbaum, y esperamos seguir impulsando nuestra relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior de Estados Unidos primero", agregó el funcionario.
La Presidencia de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano no respondieron a las solicitudes de comentarios.
"El Quitavisas" ataca
La Administración Trump también ha estado revocando visas en otros países de América Latina contra personas percibidas como enemigos políticos e ideológicos.
Christopher Landau, exembajador en México y número dos del Departamento de Estado, no ha ocultado su tendencia a negar el acceso a Estados Unidos, refiriéndose a sí mismo como "El Quitavisas".
El Departamento de Estado anunció en septiembre que retiraría la visa al presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que hablara en una manifestación proPalestina en Nueva York e instara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump. Petro respondió: "No me importa".
En Brasil, más de 20 jueces y funcionarios de alto rango han perdido sus visas, mientras que en Costa Rica, al menos 14 políticos y empresarios, incluido el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, han sido revocados de las suyas. Arias, quien ha criticado a Trump abiertamente, dijo que no le dieron ninguna razón para la revocación.
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En México, las revocaciones generalizadas de visas, especialmente a miembros del partido de la presidenta Sheinbaum, Morena, amenazan con complicar la ya tensa relación de México con Estados Unidos.
En medio de importantes negociaciones comerciales y de seguridad, Sheinbaum ha optado por colaborar estrechamente con Estados Unidos para perseguir a los cárteles de la droga. Sin embargo, ha condenado las reiteradas insinuaciones de funcionarios de la administración Trump de que Washington está dispuesto a tomar medidas militares unilaterales en México, lo que, según ella, violaría la soberanía mexicana.
Una tercera fuente con conocimiento del tema de las visas afirmó que las revocaciones forman parte de la estrategia de seguridad de Trump, y añadió que la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas implica que la información de inteligencia de la DEA tiene un impacto cada vez mayor en el estatus de visa estadounidense de las personas.
ProPublica fue el primer medio en informar que funcionarios estadounidenses esperaban revocar docenas de visas a figuras políticas en México por presuntos vínculos con los cárteles. Reuters informó en junio que la administración Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin explicaciones
Estados Unidos se ha negado a dar explicaciones sobre la revocación de visas a las personas involucradas, según cuatro fuentes mexicanas, lo que ha generado confusión entre los funcionarios sobre la posibilidad de que sean los siguientes, así como la preocupación de que esto pueda significar que Estados Unidos las está investigando penalmente.
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Casi todas las personas afectadas han evitado hablar públicamente del tema porque lo consideran una mancha en su reputación, según las fuentes.
Roberta Jacobson, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, dijo que cuando estaba en el gobierno, las cancelaciones de visas a políticos generalmente solo ocurrían debido a una condena o un caso penal en curso.
La funcionaria añadió que la revocación de una visa podría indicar que Estados Unidos está investigando a la persona por actividades delictivas, pero no necesariamente. "Lo más probable es que no se sepa si Estados Unidos está investigando o no durante años", dijo.
El Departamento de Estado no publica cifras sobre la frecuencia con la que revoca visas de funcionarios extranjeros, pero John Feeley, embajador estadounidense en Panamá de 2015 a 2018, afirmó no recordar que a ningún político panameño se le cancelara la visa durante su mandato.
Él agregó que las revocaciones generalizadas podrían ser contraproducentes y tensar la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad. "Podría generar reacciones negativas, ya que la presidenta Sheinbaum considera que colaborar con Estados Unidos tiene un costo político demasiado alto".
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