Polonia afronta elecciones parlamentarias en septiembre, y por primera vez en mucho tiempo, el partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (en sus siglas PiS) se encuentra contra las cuerdas. El motivo es la aprobación de la reforma judicial clave para no perder los 35 millones de euros de ayudas de Bruselas para la recuperación por la pandemia. Un tema que, por el momento, parece estar lejos de desbloquearse.

El Tribunal Constitucional de Polonia es la gran incógnita que deben resolver, y actualmente se encuentra en una difícil batalla con el Gobierno y la Unión Europea. Los dirigentes que componen el máximo organismo judicial polaco no solo están totalmente "estatalizados", sino que, en ocasiones, han sido enviados directamente desde sus escaños, con una mayoría ampliamente conservadora. Una de las condiciones que impone la Unión Europea es mejorar su independencia frente al resto de poderes del Estado. Sus sentencias han desafiado los derechos fundamentales y los pilares sobre los que se cimienta la Unión Europea.

"Se ha demostrado que hay un riesgo claro y manifiesto respecto a los valores de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 —que reconoce la igualdad entre los Estados Miembros ante los Tratados—, pero el Consejo Europeo se resiste a activar este mecanismo porque todo lo que sea en el plano jurisdiccional contra Polonia repercute en el plano intergubernamental. Esto significa que nos pueden bloquear el reparto de los fondos, es decir, cuánto dinero puede recibir cada país", explica a Público Ana María González, profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid. El Tribunal Constitucional de Polonia ha llevado a cabo polémicas aprobaciones tales como las leyes antiaborto en contra de las mujeres. 

El PiS —que surgió como continuación a movimientos ultranacionalistas y católicos como Campo Nacional Radical y "Juventud de Toda Polonia"— gobierna desde 2015 en el país. Mateusz Morawiecki es el primer ministro y líder del partido. Junto al otro partido conservador-liberal, Plataforma Cívica, han establecido estos últimos 15 años un férreo bipartidismo.

La izquierda, por su parte, sigue siendo un tema tabú en la sociedad polaca ya que históricamente ha sido relacionada con el comunismo. De hecho, los únicos dos senadores de izquierda de esta presente legislatura abandonaron recientemente su asiento, dejando a Polonia sin representación de ningún tipo de la rama progresista.

Si el bloqueo continúa, el PiS podría perder escaños en favor de partidos más "proeuropeos". De ser así, podría ser el fin del frente polaco-húngaro en la Unión y de sus bloqueos a medidas y propuestas como el embargo al petróleo ruso o los fondos de recuperación en la pandemia. 

Las encuestas de marzo, publicadas por el medio independiente polaco NFP, han indicado durante mucho tiempo la clara posibilidad de que ni el actual partido gobernante, el partido ultranacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS), ni la principal oposición, en la que la centrista Plataforma Cívica (PO) es la fuerza principal, ganen las elecciones. 

La guerra contra el discurso del odio

La mayoría de los extremismos de derechas en Europa siguen una ideología ultranacionalista y suscrita a los valores del fundamentalismo católico. Más específico de la ultraderecha polaca son la rusofobia, la alemanofobia, así como el discurso antisemita contra la inmigración.

El informe de mayo de 2022 elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo resaltó lo preocupante que es el escenario social de Polonia, en comparación con otros Estados miembros de la UE. Especialmente los altos niveles de intolerancia y violencia hacia miembros de la comunidad LGBTQ+.

LIBE indicaba que la sociedad polaca y medios independientes están siendo muy importantes para limitar la repercusión social del discurso del odio, que se ha convertido en tendencia también en la extrema derecha polaca.