"El de Colombia no es un tema ajeno para Europa y los europeos. Gran parte de la diáspora de mi país ha acabado en Estados de la UE", ha asegurado este martes en el Parlamento Europeo de Bruselas Iván Forero, un sociólogo colombiano que tuvo que exiliarse en España a finales de los 90. Ahora forma parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Forero, junto a otros activistas y políticos que tuvieron que abandonar Colombia durante la trágica época de las matanzas a manos de paramilitares, ha querido advertir en Bruselas, durante unas jornadas organizadas por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) de las dificultades que atraviesa el proceso de paz de su país natal. El tiempo pasa y los acuerdos que el Gobierno de Juan Manuel Santos alcanzó con la guerrilla de las FARC no se están llevando a cabo. Todo va mucho más despacio de lo pactado en La Habana mientras las muertes de líderes sociales siguen creciendo a un ritmo que, inevitablemente, les obliga a echar la vista tres décadas atrás. Cuando muchos tuvieron que huir de una muerte anunciada.

Sin duda, el paramilitarismo es uno de los riesgos más grandes para el país, no sólo porque se está ensañando contra los líderes comunitarios (cada cinco días mueren asesinados dos de ellos, según los participantes en las jornadas) y volviendo a convertir el espacio de la izquierda política y social colombiana en un erial. También porque el propio Gobierno rehúye de este término, prefiere hablar de bandas criminales y niega que los asesinatos sean selectivos y sistemáticos. En palabras de Imelda Daza, que tuvo que refugiarse en Suecia durante 27 años, "está empezando un genocidio como de la Unión Patriótica, del que yo tuve que huir, pero ahora dirigido contra todos los movimientos sociales".

Al mismo tiempo, otros de los ponentes han alertado de la nueva ola de criminalización de la protesta social, con una nueva y más severa Ley de Seguridad Ciudadana, un nuevo Código Policial ideado "para reprimir" y detenciones arbitrarias de activistas. Esto, unido al paramilitarismo arrojan un resultado dramático para las clases trabajadores del país: menos un 5% de filiación sindical "por puro miedo a morir", ha relatado César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO).

Mientras tanto, la mayor parte de los acuerdos de La Habana siguen sin aplicarse, según ha afirmado Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC en las negociaciones con el Gobierno. Según Santiago, los calendarios de aplicación son "muy concretos corren varios peligros, entre ellos el año electoral", que empezará en 2018. Critica que, legislativamente, no está aproado ni el 10% de lo firmado y que varios aspectos con vitales, ya que atienden a la seguridad de los guerrilleros, a la amnistía de los encarcelados no sólo por el conflicto, sino de simples campesinos por cultivar hoja de coca. Si no se aplican ahora que el presidente Santos tiene poderes espaciales para emitir decretos que sigan el guión de los acuerdos, podrían quedarse en un cajón en caso de que el nuevo presidente no esté dispuesto; y el uribismo -contrario a las negociaciones con la guerrilla- tiene aún gran fuerza política en el país, ha alertado los ponentes.

Aún así, los problemas estructurales de pobreza y desigualdad en el país siguen en niveles preocupantes, han explicado. Con un área rural paupérrima e incomunicada y sin apenas servicios públicos básicos como la educación, la atención médica o el agua corriente en grandes regiones, la reforma agraria acordada por la guerrilla y el Gobierno se erige como una de los grandes retos. Precisamente por eso, la Unión Europea ha destinado un fondo fiduciario dotado de 95 millones de euros para desarrollar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, construcción de infraestructuras y otras tareas para el desarrollo rural.

Es un fondo "escaso", argumentan, más aún teniendo en cuenta la presencia de empresas europeas en el país que hacen negocio de sus recursos naturales. Pero sobre todo se quejan de la nula participación de organizaciones sociales colombianas en esta tarea, la opacidad de estas inversiones y temen que la elevada corrupción política y empresarial en el país "eternicen" un problema que, aparentemente, hay voluntad para resolver tras décadas de violencia. "Las comunidades rurales han desarrollado su propia institucionalidad social y comunitaria, eso les ha permitido sortear los diferentes conflictos armados y autogestionarse. Representan la mayor potencialidad para construir Estado en y desde lo local. Por eso, esa inversión europea debería destinarse al tejido social y consultando al tejido social", han defendido.