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La UE blinda sus fronteras con el refuerzo de un 'ejército' de 10.000 efectivos

El sistema de vigilancia fronterizo europeo (Frontex) integrará sus agencias y, por primera vez, pretende crear un cuerpo de acción permanente, con capacidad de decisión propia en los países que los que actúe, incluido el uso de la fuerza y armas.

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Operación conjunta de rescate de migrantes Themis 2018. — FRONTEX

El Consejo de la UE ha confirmado un mandato más fuerte en cuestiones fronterizas exteriores. Se trata de la elaboración de un reglamento para la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) que, entre otras cosas, propone la incorporación del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) en el marco de Frontex, “para mejorar su funcionamiento” según ha anunciado esta semana el Consejo de la UE.

Las nuevas normas, que deben ser formalmente adoptadas por el Parlamento y Consejo europeos, incluyen además la incorporación de un cuerpo operativo de control de fronteras permanente. Hasta ahora, Frontex ejercía como apoyo técnico a los países miembros que poseen los límites exteriores de la Unión “con graves presiones migratorias”, según la propia agencia. Estos equipos técnicos adicionales son por ejemplo, aviones y barcos además de personal de fronteras con formación específica. Ahora la agencia contará con un cuerpo permanente que pretende alcanzar los 10.000 efectivos antes de 2027 entre los cuales estarán integrados los miembros de la reserva de reacción rápida, para situaciones de crisis.

Los despliegues se llevarán a cabo a partir del 1 de enero de 2021 y “bajo las nuevas reglas propuestas el personal del cuerpo permanente desplegado en un estado miembro podrá ejercer poderes ejecutivos para llevar a cabo controles fronterizos o tareas de devolución, siempre sujeto a la autorización del estado miembro de acogida, incluido el uso de la fuerza y las armas”, según explica el comunicado del Consejo.

En términos generales esto significa que, aunque los estados miembros tienen en teoría la soberanía sobre el control de sus fronteras y sus políticas de inmigración, con la puesta en funcionamiento de este nuevo reglamento se da un traspaso tácito de poder a la UE que ya no sólo marcará las pautas en estas materias sino que tomará decisiones sobre el terreno a través de sus propios efectivos. Además de convertir una cuestión migratoria, en algunos casos, humanitaria, en un asunto puramente de seguridad.

La UE deja de lado la visión humanitaria de la migración para abordarla desde el visto de vista de la seguridad 

Los antecedentes a este reglamento son los pactos previos firmados con terceros países como Turquía o Libia, que contaban con el respaldo y apoyo económico y técnico de la UE para, en ejercicio, desplazar las fronteras exteriores de la Unión hasta los países punto de salida de migrantes. El nuevo documento permite formalizar nuevos pactos con países no vecinos de la UE y desplegar en ellos expertos en migración y seguridad, por lo que aumenta su poder geoestratégico.

Con esta nueva decisión, la UE endurece su postura hacia una política migratoria común disolviéndola en sus propuestas de seguridad. Algo totalmente contrario a lo reflejado por el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) respecto al asilo, donde habla de un sistema de protección común tanto para asilados como para personas de terceros países que, sin haber obtenido el asilo, necesitan igualmente protección internacional. Unido a sus obligaciones como garante de los valores y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.“

"Las políticas de exclusión no funcionan. Nadie ha conseguido parar la migración por cerrar las fronteras, lo hemos aprendido a lo largo de los años” subrayaba Rebeca Grynspan, máxima responsable de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el pasado lunes. “Nos preocupa profundamente el cortoplacismo de las estrategias. Los flujos migratorios no se pueden parar, en lugar de la enorme inversión que supone externalizar la contención en terceros países, habría que invertir en sistemas de gestión de los flujos cuando llegan a los países de destino, como es la región europea”, afirma Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. Añade que el nuevo acuerdo de Frontex es un paso más en la carrera hacia la externalización y securitización de las fronteras europeas.

"Las políticas de exclusión no funcionan. Nadie ha conseguido parar la migración por cerrar las fronteras"

El nuevo reglamento de control fronterizo también refuerza la participación de Frontex en cuestiones de devolución de migrantes, “cubrirá todas las áreas de retorno, desde las actividades preparatorias hasta las actividades de retorno, postretorno y postllegada” así como “la asistencia de los estados miembros en la identificación de nacionales de terceros países y la adquisición de documentos de viaje”. Todo lo contrario a lo que en 2011 decía la entonces Comisaria Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, con el anuncio del mandato del Consejo Europeo para la creación de EUROSUR. Explicaba que "el nuevo sistema contribuirá a un sistema de gestión integrada de fronteras al tiempo que garantiza el respeto de los derechos fundamentales, la protección de los datos y el principio de no devolución". Es decir, lo que en un principio fue creado para controlar a las mafias de tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas se ha convertido en la solución europea para evitar los flujos migratorios no deseados.

La migración en el debate electoral europeo

El 26 de mayo se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y la cuestión de la migración está presente en los programas electorales de los principales partidos españoles que optan al parlamento.

“Hemos apoyado activamente el fortalecimiento de Frontex pero vemos la diferencia entre el vector humanitario y el de seguridad. Hemos demandado una y otra vez que cambie la mirada de la estrategia que se está siguiendo, para reforzar un modelo de agencia vinculada a la Carta de Derechos Fundamentales. Para nosotros es algo prioritario por eso nos oponemos a la percepción de la migración como una amenaza y lo hemos planteado ante el Consejo y el Parlamento europeos donde hemos pedido, entre otras cosas, una revisión del Reglamento de Dublín y de la Operación Sophia (operación militar cuyo objetivo es neutralizar las rutas establecidas de tráfico de refugiados en el Mediterráneo tras los naufragios de migrantes en las costas libias desde 2015). Nos oponemos a la instrumentalización de la agencia orientada hacia cuestiones de seguridad”, explica Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista.

"Nos oponemos a la percepción de la migración como una amenaza"

El PP muestra una postura distinta. “Defendemos una política de migración, ordenada, segura y regular y este es el primer punto. Una política solidaria con terceros países para combatir las causas de la migración en el origen. El control de las fronteras debe ser coordinado a nivel europeo porque es necesario hacer frente al reto de la inmigración de manera conjunta. Somos frontera Sur, es necesario el apoyo y la financiación de la UE. Valoramos el refuerzo que se ha hecho y que se vaya a disponer de 10.000 efectivos”, declara Belén Hoyo, diputada de la formación popular.

Por su parte, Carlos Campillos, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, asegura que “celebramos de forma particular que se aumenten los recursos humanos y técnicos para la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como que se refuerce la capacidad que tiene para dar apoyo a nuestros propios funcionarios y cuerpos de seguridad. España es un país frontera exterior de la UE, y por ello merece un apoyo especial europeo”.

Podemos, sin embargo, no está de acuerdo con el nuevo mandato sobre Frontex. “En el año 2017 fueron incoadas en España más de 18.000 órdenes de expulsión, de las que sólo se ejecutaron el 9%. El coste medio por deportación ronda los 1.000 euros por persona”. Proponen un sistema integrado para la gestión fronteriza europea desde la creación de un servicio de salvamento marítimo europeo, siguiendo el modelo de Salvamento Marítimo español “que presta un servicio público y civil muchísimo más eficaz y de un valor en vidas humanas incalculable”. La formación morada cree que “la propuesta de la Comisión va mucho más allá de sus competencias al aplicar medidas que contravienen la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la cual prohíbe el tipo de expulsiones colectivas y de riesgo para las personas refugiadas que se ejecutan recurrentemente en las fronteras españolas y europeas”.

En la última encuesta del Eurobarómetro de septiembre de 2018 en cuanto a los temas que generan preocupación, la inmigración se situaba a la cabeza (50%), seguida de la economía y el desempleo juvenil (el 47% en ambos casos), mientras que la lucha contra el terrorismo pasó del primer a cuarto lugar (44%). La encuesta europea también muestra una alta preocupación de los europeos por los derechos humanos, así que no necesariamente ese 50% de la cuestión migratoria responde en su totalidad a una visión negativa de los migrantes sino a una reacción ante lo que está sucediendo.