El Eduskunta (Parlamento finlandés) ha aprobado este lunes la llamada Ley de Seguridad del Paciente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de centro-izquierda con la que se quiere asegurar la asistencia sanitaria básica incluso en situación de huelga de los profesionales de la salud. 

Esta nueva ley permite a las autoridades sanitarias regionales restringir los paros convocados en aquellos servicios sociales y de salud considerados esenciales (cuidados intensivos y atención domiciliaria), pudiendo obligar a trabajar al personal que considere necesario para cumplir con una asistencia sanitaria esencial.

Esta ley ha sido tramitada con carácter de urgencia para hacer frente a varias huelgas convocadas a partir de este martes en las unidades de atención a domicilio y cuidados intensivos de varias ciudades del país, entre ellas Helsinki.

Las huelgas convocadas tienen su origen en las negociaciones para renovar el convenio colectivo de este sector. Las reuniones entre los responsables de gestionar la sanidad pública, los dos principales sindicatos del campo, Tehy y SuPer, y la organización patronal representante de los municipios, llevan meses estancadas. Por una parte, las organizaciones sindicales exigen una serie de mejoras salariales y laborales que la patronal considera inasumibles. Ante el rechazo de su propuesta, Tehy y SuPer han amenazado con movilizaciones masivas en la sanidad pública.

En concreto, los sindicatos exigen, entre otras mejoras, una subida salarial extraordinaria del 3,6% anual durante los próximos cinco años, a la que habría que sumar el aumento anual recogido en los convenios en vigor, para mantener el poder adquisitivo de los sanitarios. Según el sindicato SuPer, su reivindicación elevaría el sueldo básico medio de una enfermera de hospital en 492 euros, hasta los 3.308 euros brutos mensuales, y el del personal de atención a domicilio en 427 euros, hasta los 2.633 euros.

La semana pasada, un tribunal de Helsinki impidió que se llevara a cabo una huelga de enfermeras de cuidados intensivos en los distritos hospitalarios de Turku, Oulu y Kanta-Häme, al imponer una sanción de un millón de euros a cada sindicato por cada hospital que siguiese adelante con la huelga. Ante la respuesta del tribunal, las dos organizaciones obreras suspendieron la huelga y amenazaron con la dimisión masiva de sus enfermeras si se aprobaba esta ley, lo que podría colapsar el sistema público de salud en un sector muy afectado por la escasez de personal cualificado.

En opinión de los sindicatos, la nueva ley supone un recorte de su derecho fundamental a la huelga y no resuelve el problema de fondo: las pobres condiciones salariales y la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la salud.

Por su parte, el Gobierno finlandés ha evitado intervenir en el conflicto alegando que las disputas laborales no son de su competencia, aunque justifica la reforma legal porque es necesario proteger la vida y la salud de los ciudadanos frente a posibles huelgas.