BOGOTÁ.- Cartagena de Indias será este lunes testigo del penúltimo paso para la puesta en marcha de los acuerdos que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han negociado durante los últimos cuatro años en Cuba. Medio siglo después del inicio del conflicto, los acuerdos tendrán la difícil tarea de paliar las desigualdades económicas por las que surgió la guerrilla y de resarcir a los 8 millones de víctimas de la guerra, según el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia.

A comienzos de los años 60 la aparente estabilidad política que garantizaba el pacto entre los dos grandes partidos colombianos contrastaba con una desigualdad económica cuya máxima expresión se encontraba en el medio rural. En un país tan extenso como Colombia, donde el Estado apenas tenía acceso a las zonas más remotas, campesinos sin tierra empezaron a tumbar selva y ocupar terrenos baldíos para trabajarlos ellos mismos.

Fuertemente vinculados a estas comunidades agrarias, grupos guerrilleros pasaron a convertirse en el brazo armado de regiones semiindependientes en el interior del país. Eran el embrión de lo que desde 1964 pasaría a conocerse como las FARC. Cincuenta años después, la mencionada desigualdad en el ámbito rural y la ocupación de tierras se refleja hoy en día en que más del 60% de los predios rurales tiene propiedad informal o carecen de títulos. Además, la mayor parte de la tierra sigue estando en manos de latifundistas.

El objetivo central de las FARC desde su creación ha sido la implementación de una reforma agraria, que ahora ha sido incluida en los acuerdos de la Habana. Según lo acordado, el Gobierno repartirá 3 millones de hectáreas entre campesinos pobres, con el fin de democratizar el acceso a la tierra. Estas tierras provendrán de los terrenos baldíos pertenecientes al Estado, tierras expropiadas por actividades ilegales o expropiación con indemnización a latifundistas.

Otros dos de los bloques de los acuerdos giran en torno a la participación política con garantías de seguridad para una guerrilla que no será acogida de buena gana por toda la población. En 1982 comenzó la primera gran negociación entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Durante este periodo, las FARC fundaron la plataforma civil legal Unión Patriótica, que tendría un funesto final cuando miles de sus miembros fueron asesinados por fuerzas paramilitares en los años posteriores.

Estos hechos tuvieron un gran peso en la negociación, en la que se acordó que el Gobierno garantizaría la seguridad de los guerrilleros desmovilizados que participen en política. Además, el proyecto legal de las FARC contará con una discriminación positiva al tener hasta cinco escaños asegurados en cada cámara en las próximas dos elecciones.

Fracasada la negociación con Betancur, las FARC iniciaron su consolidación militar apoyadas en los importantes beneficios derivados del narcotráfico. Con la llegada de la era dorada del negocio de la cocaína, las FARC se convirtieron en un actor más de la producción de cocaína, cuyo papel fundamental fue el control del cultivo de hoja de coca y el cobro de impuestos a narcotraficantes. La guerra contra el narcotráfico del Estado colombiano, fuertemente apoyado por Estados Unidos, se centró en la fumigación de cultivos ilícitos en los últimos años. Ahora, la guerrilla se compromete a colaborar con el Estado en su nuevo plan de sustitución y erradicación voluntaria del cultivo de hoja de coca por otras alternativas.

Finalmente, uno de los bloques que más controversia ha traído es el centrado en la justicia para las víctimas del conflicto. Los objetivos han sido, más que el cumplimiento de penas de cárcel para los culpables, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la guerra. Pese a lo argumentado en alguna ocasión por los contrarios al acuerdo, ningún criminal de lesa humanidad recibirá amnistía ni dejará de cumplir penas de prisión. Más bien, los excombatientes que reconozcan la verdad exhaustiva podrán contar con reducciones de condena o incluso amnistía, pero dependiendo de la gravedad del crimen que hayan cometido. Aquellos que no colaboren revelando la verdad, podrán cumplir hasta 20 años de prisión.

El desarme comenzaría una vez que el Parlamento apruebe la ley de amnistía y tendría lugar en un
plazo de 180 días

La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002 marcó un punto de inflexión en el conflicto. El nuevo presidente decidió abandonar la vía del diálogo y pasar a tratar a las FARC como un grupo terrorista, aprovechando la nueva tendencia liderada por Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Quizás por ese motivo, el expresidente sea la principal figura entre los que apuestan por rechazar los acuerdos en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Sus argumentos giran precisamente en torno al tema de la justicia, considerando que los guerrilleros no cumplirán las penas suficientes por los crímenes que cometieron durante la guerra.

En el lado de los partidarios del Sí a los acuerdos encontramos prácticamente al resto de las fuerzas políticas colombianas, desde el Gobierno de centro-derecha del presidente Juan Manuel Santos hasta la izquierda parlamentaria y, obviamente, las FARC. Con este apoyo y lo que anuncian las encuestas, se hace difícil pensar que los acuerdos no consigan pasar ese último requisito para su implementación. De imponerse el Sí, el desarme comenzaría una vez que el Parlamento apruebe la ley de amnistía y tendría lugar en un plazo de 180 días, tras el cual, la totalidad de la ‘guerrillerada’ pasaría a la vida civil.

Todos los expertos señalan que el punto clave para un desarrollo positivo del postconflicto será el desarme y neutralización de los grupos paramilitares existentes aún hoy. Aunque la principal organización paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a un acuerdo de desmovilización con el Gobierno de Uribe, muchos entre las filas de las FARC están inquietos ante las sospechas de que su actividad ha mutado más que cesado. Por ello, el Gobierno establecerá un programa de protección especializada de los guerrilleros desmovilizados y de sus líderes que tratará de evitar la repetición de los asesinatos de miembros de la UP en los 80 y 90.